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El reciente Estudio Económico sobre Costa Rica elaborado por la OCDE pone en blanco y negro lo que ya era un secreto a voces: somos un país poco productivo, con la carga regulatoria más alta de los países miembros de la organización y barreras de entrada muy altas. La afirmación es categórica: en Costa Rica es difícil y oneroso iniciar una empresa. Esta situación debe ser una prioridad del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de cara a una reactivación económica post COVID-19. Simplificar el marco regulatorio potencia la competitividad, mejora el PIB y, por ende, la crisis fiscal.

Nuestro país tiene desde hace años un rico ecosistema de empresas multinacionales operando en el país que ha sido una escuela para muchos costarricenses, que hoy se encuentran listos para innovar, crear y proponer. Cientos de personas formadas en nuestros colegios técnicos, así como en las principales universidades del país están deseosos, ante la pérdida de su empleo o para tener un ingreso adicional, de incursionar en la aventura de emprender.

En el contexto de la pandemia económica que vivimos, cobra suma importancia simplificar los trámites y la carga regulatoria para poder hacerlo. Si bien el coronavirus ha simplificado algunos de los trámites que a diario deben hacer las empresas, iniciar un negocio desde cero aún representa retos importantes para los emprendedores nacionales e inversores extranjeros.

La COVID 19 ha venido a cambiar de manera definitiva la forma de hacer negocios y los expertos nos anticipan ya cuáles serán los cambios: la extinción o reducción significativa de las instalaciones físicas en los segmentos retail y servicios, comercio electrónico, freelancers, economía colaborativa, trabajo desde las casas, espacios de co-working, plataformas tecnológicas, hiperconectividad y cultura de datos, por mencionar algunos.

Sin embargo, toda nuestra estructura regulatoria está diseñada para negocios bajo un modelo tradicional, en el que tenemos una oficina o establecimiento ubicado en un lugar específico, con empleados en jornadas rígidas, que cobran por un bien o servicio por el cual son responsables de principio a fin. Si este modelo regulatorio era obsoleto hace años cuando empezaron a llegar a nuestro país las empresas de tecnología y de economía colaborativa, en un mundo post coronavirus se vuelve una camisa de fuerza y un freno al desarrollo económico.

La OCDE señala algunas sugerencias para mejorar la productividad, entre ellas, generar mecanismos de ventanilla única en línea y ventanillas físicas en todas las ciudades principales, pero deberíamos de plantearnos ir un paso más allá. No se trata solamente de simplificar la forma en cómo se realizan los trámites —en eso ya llevamos algún camino adelantado— sino de entender los nuevos modelos de negocios a los que el país debe apuntar. Es importante que tanto la administración central como los gobiernos locales, entiendan de primera mano, que el futuro que veíamos en series de ciencia ficción se está concretando hoy, o estamos a un paso de ello. Es imprescindible, que nos desapeguemos de una visión en la que para obtener los permisos operativos se tiene que pasar por un sinnúmero de requisitos que no corresponden a la realidad de estos negocios, y ofrezcamos modelos que les permitan operar en la formalidad, pagando impuestos y cargas sociales, pero entendiendo que es la realidad jurídica la que se debe adaptar a la nueva normalidad y no a la inversa.

Costa Rica debe de ofrecer el ambiente propicio para que, emprendedores nacionales e inversionistas extranjeros exploren oportunidades, generen recursos, encuentren en otros costarricenses proveedores y expertos y creen nuevo valor en esta era de economía digital.