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Recientemente, la red social Twitter decidió colocar una alerta en dos tweets del presidente Trump debido a que contenían información engañosa sobre el voto postal e incitaban a la violencia en contra de los manifestantes que protestaban por la agresión racial en EEUU. Esta es la primera vez que Twitter modera el contenido de una publicación de Trump, quien desde que asumió el cargo utiliza esta red como plataforma principal de su agenda política.

Trump calificó la actuación de Twitter como una censura contraria a la libertad de expresión, cuyo fin es acallar al movimiento conservador estadounidense.  Por ende, como represalia, emitió una Directriz para revocar la “Section 230”. La Section 230, popularmente conocida como “la ley que inventó el internet”, es una sección de una ley aprobada en 1996 por el Senado estadounidense, que dotó al internet de la libertad necesaria para que se pudiera desarrollar a los niveles que hoy conocemos. En lo que interesa, la norma libera a los intermediarios de Internet, incluidas las redes sociales como Facebook y Twitter, de cualquier responsabilidad por la información o contenido que sus usuarios publiquen en las redes, o la que pueda derivarse por la eliminación o moderación de ese contenido.

Si bien la directriz de Trump no tiene la fuerza legal para anular la Section 230, ese tampoco era su objetivo. El propósito real, por el contrario, era echar leña a una hoguera ardiente, representada por los movimientos globales que pujan, cada vez con mayor fuerza, por una regulación rigurosa de las redes sociales.

La filtración de datos personales para fines electorales, las “fake news” que discurren diariamente por sus redes, las grabaciones en vivo de tiroteos masivos, el poder de mercado que ostentan como intermediarios y el control unilateral que ejercen sobre la libertad de expresión de sus usuarios, sin necesidad de rendir cuentas a nadie, son parte de los acontecimientos que han suscitado esta presión internacional.

A ello hay que añadir la falta de transparencia con que ejercen estas redes el control y remoción de contenido controversial. Se trata de decisiones unilaterales e incuestionables sobre las que no se brinda mayor explicación al usuario, tomadas por una empresa privada que carece de legitimación democrática.

Las preocupaciones, por lo tanto, son válidas. Cada vez son más evidentes los riesgos que involucran las nuevas tecnologías y las redes sociales para los derechos fundamentales de las personas; principalmente el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el libre acceso a la información y la no discriminación.

El uso creciente de algoritmos para la toma de decisiones, alimentados por inteligencia artificial, es otro ejemplo de ello. Los algoritmos no toman decisiones igual que los seres humanos, por lo que tampoco discriminan igual que nosotros. Por el contrario, lo hacen de manera sutil, automatizada, compleja y poco transparente, todo ello en lo profundo de la “caja negra” de su programación computacional.

Diferentes actores, incluidos gobiernos, sociedad civil y empresas están ensayando la manera adecuada de regular las nuevas tecnologías y proteger los derechos fundamentales de los usuarios. La Unión Europea, por ejemplo, está preparando una “Ley de Servicios Digitales” que amenaza con atribuir responsabilidad a las redes sociales sobre el contenido de sus redes y con hacer más transparente su toma de decisiones. Inclusive, se discute la conveniencia de crear un Regulador de Servicios Digitales europeo que las supervise.

Las Big Tech, por su lado, han acelerado la implementación de mecanismos de autorregulación, que les permita al menos decidir ellas mismas las reglas que las regirán, así como comprobarle a las autoridades globales que por sí solas son capaces de atender sus preocupaciones.

El mejor ejemplo de esta “autorregulación” es la reciente creación del Consejo Asesor de Contenido (“Oversight Board”) por parte de Facebook. Se trata de una especie de “Corte Constitucional” global, integrada por miembros de reconocimiento internacional, a la cual los usuarios podrán apelar si consideran que Facebook ha limitado injustificadamente su libertad de expresión al remover o alertar alguna publicación. Si bien es una iniciativa de Facebook, se trata de un órgano independiente cuyas decisiones serán vinculantes para la red social.

En todo caso, en lo que todos los involucrados están de acuerdo —incluidas las propias redes sociales— es que el marco legal actual es francamente insuficiente para gestionar los riesgos de una sociedad digital. La “Section 230”, si bien útil y necesaria en su momento para el despegue del internet, hoy en día no se justifica. Ninguna persona debería tener que renunciar a sus derechos fundamentales para recibir los beneficios de la tecnología.

Tampoco las redes sociales deberían tener el poder de decidir sobre la libertad de expresión de sus usuarios. El propio Mark Zuckerberg así lo ha reconocido al crear el Consejo de Contenido Asesor, consciente de que cuanto más independientes, objetivas y transparentes sean las reglas y decisiones que gobiernen las redes, mayor confianza y seguridad tendrán los usuarios y las autoridades en su utilización.

Sin duda, el reto venidero que enfrentamos como sociedad es el de crear un marco regulatorio equilibrado; un nuevo Constitucionalismo digital y humanista que siente las bases de nuestra futura y permanente relación con la tecnología y el ciberespacio.