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Un muro ideológico construido por años, respecto a la relación entre las Universidades Públicas y los poderes políticos, ha imposibilitado mantener un diálogo abierto y objetivo; basado en la ciencia y la técnica, para identificar áreas de mejora y sus posibles soluciones.

Eso es lo que justamente pretende derribar este dictamen de mayoría de la Comisión Especial del FEES, para convertirse en un instrumento de acercamiento y potenciar un espacio para el análisis serio y profundo sobre el estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública.

No en vano, la Comisión Institucional de la Universidad de Costa Rica, que, si bien no avaló el dictamen de mayoría,  destacó que el documento contiene “observaciones y recomendaciones muy valiosas”, como la urgencia de poner en marcha, “medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización”.

Negarse a reconocer el valor de este documento, es alejarse del ejercicio de autocrítica y reflexión, que deberíamos estar haciendo desde todos los niveles y sectores del país, para garantizar la sostenibilidad del Estado costarricense y hacerle más eficiente, de tal forma que pueda cumplir con sus deberes y obligaciones, actuales y futuras.

Más cuando hablamos de una herramienta concebida en 1976, como es el caso del FEES, y que nació siendo inequitativa en la forma en la que se distribuyen los recursos. ¿Por qué debe la UCR recibir un 55,97% y la UNED un 9.44%? 

Plantear estas y otras interrogantes, nos ha ganado a los integrantes de la Comisión ser tildados de enemigos de las universidades públicas, desviando la atención de lo que es verdaderamente prioritario, el futuro de la educación superior pública.

Detrás de los epítetos polarizantes, no está el mayor interés de las universidades públicas y sus comunidades; de esto solo se benefician los minúsculos grupos de interés, que quieren poner a estudiantes, docentes y personal administrativo, en contra de cualquier intento de mejora, que pueda afectar sus injustos privilegios.

Bien lo indica el informe ya citado de la Comisión Institucional de la UCR:

“La autonomía universitaria es una noción compleja. No pone a las universidades por encima de la ley ni las convierte en ‘repúblicas independientes’, y su ejercicio se desnaturaliza si se emplea para defender realidades tales como, estructuras salariales inequitativas, zonas de confort que evitan la autocrítica, o para evadir la necesaria rendición de cuentas”

Tampoco nuestras recomendaciones pueden ser catalogadas como un menosprecio a la labor que realizan las universidades. Creemos en ellas y su aporte al país, por eso hemos sido tan vehementes en pedir una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, para que sean mejor aprovechados, en nuevas becas, programas de investigación y de extensión universitaria, o para saldar una deuda histórica con las regiones.

Quienes somos de la periferia, sabemos que hace falta una política contundente de regionalización, no solamente lanzar cifras al azar, que no demuestran un verdadero esfuerzo integrado para mejorar la oferta y calidad educativa, más allá del Gran Área Metropolitana.

Todas y todos los costarricenses, merecen una educación de calidad, sin importar de donde sean, en este país no puede haber espacio para estudiantes de segunda categoría.

Así que, es mentira cuando afirman que las y los diputados que integramos la Comisión del FEES, queremos ver a nuestras universidades públicas desaparecer.

Pero lo cierto es, que nuestras instituciones de educación superior, han alcanzado una complejidad burocrática y de poca eficiencia en el gasto, similar a la del resto del aparato público y que hoy nos tiene en una crítica situación financiera. 

Las Universidades Públicas no se pueden apartar de esta realidad, si lo hacen, comprometerán su futuro; no es una amenaza de esta Asamblea Legislativa, es que así funciona el mundo. 

Por ello, la Comisión propuso alternativas para incrementar los ingresos de las universidades, como el aumento en el costo de matrícula para estudiantes de clase media alta y alta; una mayor venta de servicios y  acercamiento con los sectores productivos, para generar más recursos que se sumen a los del FEES, así como a los ingresos por matrícula e intereses que generan las inversiones.

No son alternativas “mercantilistas”, son respuestas dentro del marco de lo posible, para resolver una situación real y urgente. 

Las recomendaciones de la Comisión se presentan en un momento clave, al coincidir con la llegada de nuevos rectores a la UCR y la Universidad Nacional, esperamos, sean tomadas en cuenta por estas autoridades y que sean acompañadas por nuevas ideas y ambiciosas propuestas de reforma, en beneficio de los estudiantes y de la educación superior pública.