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El 6 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud comunicó el registro del primer caso de la pandemia COVID-19 generada por el SARS-CoV-2 y dos días después se declaraba la alerta amarilla en Costa Rica (PNUD. 2020, Ilustración 1.2, p. 12).

La respuesta desde el ámbito sanitario, baluarte de la política social costarricense junto con políticas universalistas en educación, apuntó desde un inicio a evitar un nivel exponencial de propagación que pusiera en riesgo la capacidad de reacción del sistema sanitario. Concretamente, se decretaron drásticas medidas de cierre de fronteras y distanciamiento social, estas últimas suavizadas hasta en fechas recientes con la noción de interacciones mediante burbujas sociales, a la luz de mejores prácticas en la escena internacional como las de Nueva Zelanda.

De inmediato, el aparato productivo se vio envuelto en un apagón forzado que trastocó su dinámica, provocando la pérdida de empleos en una economía que venía arrastrando cifras de desempleo preocupantes. Por ello, a mediados de marzo del 2020, en materia de protección social, el Estado costarricense reaccionó con un paquete de 56 medidas, bajo el objetivo de “Proteger a las personas, familias y poblaciones prioritarias y su calidad de vida frente a la vulnerabilidad generada por la desaceleración de la economía y los cambios de las condiciones laborales” (Centro de Operaciones de Emergencia -COE-/Mesa de Protección Social. 2020, p. 4).

Dentro de ese paquete de medidas destaca el Bono Proteger que, con arreglo al grado de afectación laboral,  otorga un subsidio por 62.500 o 125.000 colones (US$110 o US$220 mensuales aproximadamente), en principio, por un plazo de tres meses, para aquellas personas que presente alguna de las siguientes condiciones:

  • Despedidas de sus trabajos en virtud de la reducción de las actividades económicas que han sido impactadas por la COVID-19.
  • Afectadas por la suspensión de sus contratos laborales.
  • Expuestas a la reducción de sus jornadas laborales
  • Obligadas a paralizar sus actividades económicas independientes.
  • Familias ya vulnerables por su condición de pobreza, informalidad y riesgo social.

Los recursos de Proteger para el despegue inmediato del Bono provienen del presupuesto de programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Fondo de Emergencias. Ahora bien, la operación a lo largo del plazo previsto originalmente demanda movilizar recursos adicionales derivados de un presupuesto extraordinario e iniciativas relacionadas con recursos del Instituto Nacional de Seguros (INS) y el impuesto a los combustibles, hasta completar unos 300 mil millones de colones (PNUD. 2020, p. 27).

Respecto a los montos del subsidio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resalta el carácter paliativo o compensatorio del mismo y advierte sobre su insuficiencia, haciendo el contraste con el costo de la canasta básica per cápita y el tamaño promedio de los hogares en condición de pobreza. En efecto, bajo tales parámetros, se tiene que el subsidio más amplio concedido al amparo de Proteger representa 2,6 veces el costo de la canasta básica per cápita, en tanto que los hogares en condición de pobreza tienen en promedio 4,2 integrantes (PNUD, 2020, p. 28).

Por otra parte, la asignación pertinente y oportuna de los recursos de Proteger pone a prueba el instrumental desarrollado por el país en los últimos años en la ejecución de los programas sociales selectivos. En esa línea es dable confiar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan para asegurar el impacto deseado; aspectos sujetos al monitoreo permanente y la evaluación de resultados.

Ahora bien, en virtud del rápido impacto causado por la pandemia en el empleo, con la temporada cero en turismo, por ejemplo, resurge en la agenda de las políticas públicas la necesidad de agregar al sistema de protección social costarricense el seguro de desempleo. Este pilar ausente se podría alcanzar mediante modificaciones en el diseño, financiamiento y operación del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) tal y como sugieren Juan Diego Trejos y Pablo Sauma en un trabajo para el PNUD (Trejos, Juan Diego y Pablo Sauma. 2013, pp. 150-159). Será una tarea ineludible de acometer en el manejo de las opciones de salida y reestructuración económica post COVID-19 con miras a completar el precitado sistema y disponer de efectivo instrumental anticíclico a futuro.

Referencias
Centro de Operaciones de Emergencia -COE-/Mesa de Protección Social. 56 Medidas  de primera respuesta. San José: Mesa de Protección Social. 23 de marzo, 2020.
PNUD. 2020. Evaluación Económica Inicial de los Efectos de COVID-19 y el Alcance de las Opciones de Política en Costa Rica: Síntesis para la discusión y análisis de políticas. San José: PNUD. Abril 2020.
Trejos, Juan Diego y Pablo Sauma. 2013. “Crisis económica y seguro de desempleo”. En: Ulate, Anabelle y Max Soto (editores). Costa Rica: Impactos y lecciones de la crisis internacional 2008-2009. San José: PNUD; Universidad de Costa Rica. 2013,  Capítulo 10, pp. 150-159