La agencia calificadora de riesgo, Fitch Ratings redujo la nota crediticia de Costa Rica de 'B+' a 'B' debido al estrés financiero a corto plazo causado por el déficit fiscal creciente a raíz de la pandemia de COVID-19, un calendario de pago de deuda abrupto, restricciones de endeudamiento y por percibir diferencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para aprobar los proyectos de financiamiento con organismos multilaterales para cubrir las obligaciones de este año.
A través de un extenso comunicado, Fitch señaló que la crisis de salud en curso llega en un momento en que el espacio fiscal de Costa Rica es limitado y se estrecha rápidamente, lo que aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda posterior a la crisis.
La factura de intereses está subiendo rápidamente y la carga de la deuda está en una trayectoria ascendente relativamente empinada
De acuerdo con la calificadora el gobierno dependerá del desembolso de préstamos multilaterales este año para asegurar el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, el acceso incierto al mercado externo junto con un mercado interno de capitales que se ha vuelto costoso en períodos pasados de estrés de liquidez plantea riesgos financieros.
"Los riesgos de la crisis de salud en curso siguen inclinados a la baja, ya que las previsiones de Fitch se basan en un período de tres meses de interrupción económica debido al coronavirus. En el caso de una segunda ola de infecciones y la reimposición de medidas de bloqueo, los resultados económicos y fiscales serían más débiles para 2020 y 2021", advirtió el informe.
Fitch espera que la economía de Costa Rica se contraiga un 4% en 2020, más que las proyecciones del Gobierno y de otros organismos internacionales; y que la economía se recupere gradualmente en el segundo semestre de este año, creciendo un 2.6% en 2021.
La calificadora además ve con recelo el anuncio del gobierno de que para el 2021 la regla fiscal se restituirá, al señalar la ausencia de un historial de cumplimiento debido a lo reciente de esta. "El cumplimiento de la regla requeriría importantes recortes en el gasto corriente primario para compensar un aumento en la factura de intereses, lo que probablemente enfrentaría resistencia política y social", agrega.
Fitch espera que la carga de la deuda del gobierno central alcance un poco menos del 70% del PIB para 2020, desde 58.5% en 2019 y 53.1% en 2018. Esto representaría una duplicación del índice de deuda en la última década.
Fitch estima necesidades de financiamiento de casi el 13% del PIB para 2020 (3.8% del PIB en pagos de deuda y 9.0% del PIB para financiamiento presupuestario) y por encima del 12% del PIB en 2021 y 2022 debido al aumento de las amortizaciones de la deuda.
Aunque el Gobierno apunta a las organizaciones multilaterales como principal fuente de financiación, la calificadora destacó diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo sobre el uso de esos recursos. "Si no se aseguran estos préstamos externos, se generaría una brecha de financiamiento fiscal dados los costos prohibitivos de endeudamiento del mercado externo y el tamaño limitado del mercado interno", agrega el comunicado.
Para Fitch algunas de las medidas que podrían conducir a un cambio en su calificación crediticia de Costa Rica de manera positiva son:
- Mejora sostenida en la flexibilidad de financiación del gobierno, incluido el acceso sostenido a fuentes de financiación externas.
- Mayor confianza en el compromiso político con la consolidación fiscal que reduce significativamente la empinada trayectoria ascendente de la relación deuda/PIB del gobierno.
- Reducción de la fragmentación política que apoye una formulación de políticas más coherente, por ejemplo, una mejora significativa en la relación entre el Poder ejecutivo y la Asamblea Legislativa.