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Según la Memoria Anual de la Contraloría General de la República (CGR), para el año 2019 la ejecución presupuestaria arrojaba un déficit primario del 2,8% del PIB, un déficit en cuenta corriente del 5,1% y un déficit financiero del 6,9% del PIB. Con la crisis provocado por la enfermedad del COVID-19 dicho déficit financiero puede que llegue a dispararse hasta el 10%, y el nivel de endeudamiento supere el 60%.

Por lo anterior, resulta urgente revisar, dialogar y analizar las alternativas que cuenta el Estado costarricense para encontrar recursos frescos y además recortar gastos innecesarios o ineficientes; curiosamente el Estado costarricense no se ha dado a la tarea en todos estos años de realizar un replanteamiento de su estructura, así como de la eficiencia de sus instituciones, pero si se ha visto decantada en aumentar impuestos.

En ese sentido, recientemente en redes sociales a un profesor de la universidad nacional abogaba por aumento de impuestos, alegano que los países con más altos niveles de vida tienen altas tasas de tributación, y para ello usaba los datos de la OCDE de “Tax Revenue” como porcentaje del PIB de dichos países para apoyar su idea. Sin embargo, caía el académico en un error importante, dado que el “Tax Revenue” son los ingresos tributarios totales, y no precisamente responde a altas tarifas tributarias.

De hecho, Costa Rica cuenta con tarifas de impuestos a las empresas bastante altas, teniendo dos niveles de tributación, el primero del 30% y un segundo nivel del 15% cuando se distribuye el dividendo, lo cual arroja una tasa de renta corporativa total del 40,5%. A ese monto, debe sumarse el impuesto de licencia de patente, que ronda entre el 1,5% y el 3% del ingreso bruto de la empresa, dependiendo de cada Municipalidad. Aunado a ello, el patrono soporta un 26% de cargas sociales por cada empleado contratado, todo ello sumando a los más de 100 tributos vigentes en Costa Rica.

Sobre esto, la OCDE en su Informe Económico de Costa Rica señaló que “Las altas contribuciones a la seguridad social son un obstáculo para la formalidad en Costa Rica. Estas contribuciones representan aproximadamente el 36,5% de los ingresos brutos, en comparación con el promedio de la OCDE del 27,2%.”

En relación con el “Tax Revenue”, según la propia OCDE, la recaudación fiscal del Estado costarricense como porcentaje del PIB es de casi el 24%, siendo el promedio de los países de la OCDE de un 34%. Esto podría dar la impresión de que es necesario aumentar las tarifas, pero cuando se constatan las tarifas de impuestos sobre la renta con otros países, salta la diferencia. En USA la tarifa de renta de las empresas es de 21%, el G7 tiene una tasa impositiva promedio de 27.65% y los estados miembros de la OCDE tienen una tasa impositiva corporativa promedio de 23.59%, todas muy por debajo de la costarricense.

Por lo cual, parece ser que el tema no pasa por aumentar las tarifas de renta para mejorar la recaudación, sino en fomentar el dinamismo económico para tener más contribuyentes con mayores ingresos y, por ende, tributando más. Necesitamos crear un clima de negocios favorable para la atracción de inversión extranjera directa.

El otro pilar en la mejora recaudatoria debe ser la lucha contra la evasión fiscal. La Administración Tributaria ya cuenta con armas suficientes, y bastante fuertes, por lo que sigue sorprendiendo las altas estimaciones en los porcentajes de evasión. La introducción del sistema de facturación electrónica fue un paso necesario y urgente para esta lucha, pero parece ser que hace falta aumentar la cantidad de auditores tributarios, bien capacitados, así como implementar el análisis de datos y la tecnología en gestión de la Administración Tributaria.

La evasión no solo reduce los ingresos tributarios, sino que perjudica la integridad y la equidad del sistema impositivo y, en última instancia, afecta negativamente la moral tributaria. Es interesante como las pérdidas de ingresos por concepto de impuestos sobre las ventas (hoy IVA) debido al incumplimiento se estiman en aproximadamente un 30%, y la evasión de impuestos por parte de quienes ejercen profesiones liberales es especialmente alta,55%, según apunta la OCDE.

Lo anterior puede responder a que precisamente la capacidad de la Administración Tributaria para auditar es muy limitada en cuanto a recurso humano, con lo cual, parece una buena oportunidad para que la reestructuración del Estado implique el traslado de profesionales en instituciones que han perdido interés actual o realizan un trabajo duplicado, hacia el Ministerio de Hacienda y engrosen el cuerpo de auditores, acompañados de un fuerte programa de capacitación.

Por el lado del gasto, es necesario mejorar su eficiencia, reduciendo la alta fragmentación del sector público y la asignación obligatoria de fondos con fines específicos, y controlar mejor los costos asociados con las remuneraciones del sector público con ingresos más altos.

Si la propuesta del Ejecutivo es cargar más a los pocos contribuyentes, estará condenando el país al fracaso social y poniendo en grave riesgo la institucionalidad y las bases democráticas. Apuesten por empleos, por una sana convivencia entre un sector público eficiente y objetivo, y un sector privado pujante con un clima de negocios favorable. Un aumento en cargas tributarias empujará el país a la informalidad y pondrá en riesgo instituciones clave, como la Caja Costarricense del Seguro Social.