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Efectivamente los firmantes de la “Carta Abierta a quienes más recursos tienen en Costa Rica: Una salida costarricense frente a la emergencia requiere de ustedes y sus aportes” hacen el lanzamiento formal, y abierto, de una cacería de brujas. El reportaje del Semanario Universidad y el formato de la noticia, replicado y comentado en redes sociales, genera un velo sobre los firmantes, y deja a fácil interpretación que es también la posición de la UCR.

Aunque el reportaje tiene un lenguaje curado, lleva al lector a pensar —e incluso apoyar—una distopía, donde es imperativo perseguir a los más ricos, únicamente por su posición de riqueza. El único logro de esta carta es generar división, una discusión ideológica entre “ricos” y “pobres” y un tira y empuje entre ambos sectores y sus representantes. Me deja un sinsabor y un resabio de las elecciones del 2018, que aún estamos sufriendo las consecuencias de una polarización ideológica de esa magnitud.

Además, resulta absolutamente irresponsable definir el aporte de la empresa privada únicamente como “su campaña de recolección de dinero para comprar mascarillas ayuda, pero hoy no alcanza”. La empresa privada, en general, el verdadero generador de empleo de este país (y de cualquier economía sana), ha impulsado medidas extraordinarias para proteger el empleo, la sostenibilidad de sus empresas en el mediano plazo, y colaborar en la protección de la población directa e indirectamente.

Esto viene a un alto costo para las empresas y los empresarios que ahí se mencionan, incluyendo cientos de miles de empresas de menor escala, donde muchas veces implica el desembolso de capital por parte de los accionistas para contribuir al flujo de caja de las empresas y proteger a los empleados. Estas medidas son necesarias para mantener a flote su operación, pero también para responder al Estado de Derecho, que ha mantenido el alto costo de servicios públicos, el costo fijo del combustible pese a la realidad del precio del crudo, los impuestos —que únicamente se ha ofrecido una moratoria no una reducción— y las cargas sociales, incluyendo la CCSS.

Además de la increíble simplificación de la situación, la irresponsabilidad de incentivar una pelea ideológica entre bandos, e ignorar completamente el papel de la empresa privada en esta situación, lo que verdaderamente sorprende es la señalización “a dedo” de empresarios costarricenses, exponiéndolos en sus comunidades y vulnerando su seguridad y la de sus familias. Increíblemente, uno pensaría que por lo menos investigaron acerca del tema, pero sus fuentes son inconclusas y también incluyen en la lista empresarios que ya vendieron sus empresas, inclusive hace años, y ejecutivos y directivos de empresas que no disponen del capital de sus representadas como si fueran una caja chica. Esta línea de razonamiento es tan errónea que inclusive incluye al gerente general de La Dos Pinos, una cooperativa. Esto es como decir que los rectores de las universidades públicas de Costa Rica deben también aportar a este impuesto.

Como indicó el presidente de la República, en su mensaje del 23 de abril, es un momento para generar puentes y no dividir, la lucha es contra un enemigo común, no entre nosotros. Este tipo de cuentos de brujas, fantasmas de una izquierda trasnochada, ya están superado. Costa Rica necesita un nuevo contrato social basado en la solidaridad, donde como sociedad encontremos soluciones en puntos intermedios y no en extremos ideológicos que únicamente generan división y resentimiento.