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Estados de emergencia como el que atravesamos pueden generar resultados de toda índole. Y más, cuando se trata de una emergencia sanitaria. Y más todavía, si se trata de una emergencia sanitaria originada por una pandemia de un virus cuyo remedio, peor, es un misterio para el conjunto de la comunidad científica global. Y encima, con todo el mundo opinando y cada quién queriendo atraer para su saco.

Lo cierto, es que pareciera ser de consenso que las medidas adoptadas por el Gobierno de Costa Rica, con el presidente Carlos Alvarado a la cabeza y su ministro de salud, Daniel Salas, fueron a todas luces acertadas (hasta ahora). No solo sería mezquino desconocerlo, sino que sería estúpido. Cualquier persona preparada sabe que Costa Rica cuenta con una sólida institucionalidad en materia social de larguísima data, que por suerte, resistió los embates del neoliberalismo a lo largo de las últimas tres décadas (convengamos, no fue gracias a la suerte: fue a gracias a las luchas históricas de los sectores sociales, y en especial, de los sindicatos. Pero eso podemos discutirlo en otro momento).

Al margen del rol de conducción asumido por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), también otras instituciones jugaron un rol auxiliar fundamental: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en una semana transformó un centro de rehabilitación en un hospital, la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) se arremangó a producir alcohol en gel en cantidades masivas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) donó un contingente importante de insumos para contener el contagio en centros de salud (cubrebocas descartables, botas plásticas, gabachas de prolipropileno, gafas y anteojos de diferentes tipos, guantes, mascarillas y respiradores), por una suma de alrededor de 13 millones de colones, y así se pueden enumerar muchísimos otros casos. La Universidad de Costa Rica (UCR) donó más de 8 mil medios de transporte viral a la CCSS, en fin, la lista es interminable.

Y eso sin duda le duele al poder mediático que milita la privatización y el vaciamiento de las instituciones públicas. La diferencia es que a ese tipo de “gurúes” ya prácticamente nadie les cree, y si no que lo digan Ignacio Santos o su aprendiz, Randall Rivera. Pero ese no es el tema. Ya dijimos que discutir una coma sobre el manejo que desde lo sanitario realizó el Gobierno frente a la pandemia, sería estúpido. Pero la pregunta es: ¿Podemos decir lo mismo sobre el paquete de medidas económicas impulsadas por el Gobierno, frente a la crisis económica desatada a propósito de la pandemia?

Este no es un escrito sobre medidas económicas, tema en el cual de todos modos no soy experto. Pero existe consenso sobre la desarticulación que objetivamente hay entre la política sanitaria y la política socio-laboral necesaria para enfrentar las implicaciones de la pandemia (al respecto, recomiendo ver el mano a mano entre Juliana Martínez y la ministra de Trabajo de hace un par de semanas en Canal 7). Es así, como en una punta el Gobierno es claro que decidió confrontar desde lo sanitario la pandemia a punta de más estatalidad (y eso se lo aplaudimos); pero en la otra, más bien, optó por atacar la ya de por sí menguada capacidad adquisitiva de las y los trabajadores (tanto públicos como privados, acá no se salva nadie. Que nadie se llame a engaño), en vez de tocar aunque fuese una ínfima fracción de los privilegios del poder económico concentrado, poder que ya de por sí se sirvió con cuchara grande a lo largo de este Gobierno (esto no se lo aplaudimos). Mientras en una punta y en buenahora mostró cambio, en la otra hizo gala de continuidad. Mala esa.

En materia económica y social claramente vamos como el cangrejo como país, a contrapelo del mundo. La crisis de la pandemia de este coronavirus posicionó a escala global discusiones otrora confinadas a círculos intelectuales muy marginales (ejemplo, la renta básica universal… la obligación de los Estados –financiados por el gran capital- de pagar un ingreso mínimo a las personas por el mero hecho de vivir, en un mundo en el que el trabajo remunerado formal es cada vez más extraño), o cuestiones aún más elementales, como el estímulo al incremento de la demanda agregada por parte de los Estados, en clave reconstrucción económica (algunos hasta hablan de un nuevo Plan Marshall). Pero en Costa Rica, el Gobierno y el poder económico prefieren hablar de reducir salarios, de no pagar anualidades y de echar gente a la calle. Una cosa de locos.

Esa disputa tanto a nivel global como nacional está planteada. La tendremos que pulsear, pasada la emergencia sanitaria, una vez que ajustemos cuentas. Somos más quienes planteamos la vuelta al Estado y a la regulación frente a la fiesta de la elusión fiscal y los paraísos fiscales. Esa es la contradicción, y no otra. El tema es: ¿desde qué lugar vamos a dar esa pelea? El debate sobre cómo vamos a construir esa mayoría necesaria con vocación de gobierno, sin duda que vamos a darlo en otro momento.

Piensa mal, y acertarás. Por lo pronto, los sectores del poder económico comenzaron a mover fichas, y apuntan a construir un clima de opinión lo menos desfavorable posible frente a las medidas impopulares que promueven en lo económico y en lo social. Por eso, no extraña la “desinteresada” (sobre)exposición en medios costarricenses de la supuesta “crisis humanitaria” que acontece en la vecina Nicaragua, país que hasta ahora no ha reportado cifras alarmantes en materia de contagios y muertes a causa del coronavirus (hasta ahora, no vimos escenas escalofriantes como sí las vimos en Ecuador o en los mismos Estados Unidos). Insistimos, hasta ahora.

El poder económico en Costa Rica sabe cuáles son las fibras sensibles que hay que tocar ante situaciones como esta. Recurren a la vieja confiable: la cortina de humo. Pretenden estimular el resquemor y la obsecuencia que en diversos sectores en Costa Rica, no importa la bandera política, genera Nicaragua en tanto tema, y en particular, el “mito” de Daniel Ortega (no me interesa aquí entrar a discutir la naturaleza del Gobierno que preside él con su mujer. Podemos hacer eso en otra parte). El poder económico sabe que ahí se acaba la discusión, que no hay manera posible de razonar. Nos quieren hablando de eso. No caigamos en la finta.