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En días pasados, se ha posicionado el tema de la desigualdad, como reto para el distanciamiento físico requerido para detener la actual pandemia por COVID-19. Asimismo, la necesidad de priorizar las zonas y personas más vulnerables en la atención. Al respecto, no podemos disentir sino complementar: difícilmente haya zonas con mayores niveles de vulnerabilidad, que los asentamientos informales.

La medición y gestión de esta problemática tiene profundos retos técnicos, sociales y económicos. La labor de gobierno debe complementar información con experiencia y, además, hacerlo rápidamente. De acuerdo con el Anuario Estadístico del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) para el año 2018, 27.102 viviendas se encontraban en condición de precario (alude a la legalidad de la tenencia) y 110.231 personas residiendo en ellas, aunque no todas sean tugurios (alude a condición material de la vivienda).

Sin embargo, a nivel latinoamericano, la política de vivienda de Costa Rica ha logrado excelentes resultados en la disminución del déficit de vivienda. Para el 2012, éramos era el país con el déficit de vivienda más bajo de la región. No obstante, desde antes de ese año, se percibían retos en cuanto a asentamientos informales, como fenómeno territorial de alta concentración de vulnerabilidades frente al ejercicio de los derechos humanos.

En el pasado se  procuró atender esta problemática con proyectos masivos de vivienda construidos en la periferia urbana o rural, donde el suelo es barato —pues dispone menos bienes y servicios públicos— con debilidades en su vinculación al ordenamiento territorial y a oportunidades para el desarrollo humano de las familias.

En consecuencia, hemos aprendido que si queremos mejorar la eficacia estatal, debemos complementar la intervención de vivienda, con programas de protección social y un enfoque territorial. Es decir, se requiere enfrentar retos de empleo, educación, convivencia, género, organización comunitaria, acceso a suelo urbano, mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales; así como incorporar innovaciones en tipologías de vivienda y espacio público. Todo alineado con procesos de planificación urbana y ordenamiento territorial.

Hemos aprendido que la eficacia puede mejorar en la medida en que el diseño de las soluciones sea multidimensional, pluriescalar, interinstitucional; enfocado en las particularidades de cada comunidad.

Con base en la experiencia acumulada y en datos geoestadísticos, esta administración impulsó la atención de asentamientos informales mediante Puente a la Comunidad,  componente territorial y urbano de la estrategia Puente al Desarrollo, a cuyos principios orientadores, hemos adicionado la gobernanza multinivel.

Los Gobiernos Locales deben ser protagonistas. Trabajamos con ellos con el fin de incluir y dinamizar al actor más trascendente del desarrollo local: las comunidades. La participación y la corresponsabilidad son indispensables en cualquier proceso de desarrollo comunitario eficaz. Este trabajo ha posibilitado emprender iniciativas de mejoramiento del hábitat en algunos de los asentamientos informales más emblemáticos y poblados del país, como La Carpio, Guararí, Los Diques, Santa Rita, varias zonas de Pavas, León XIII, Los Guido, entre otros. Esto se ha acompañado de innovación financiera, que ha facilitado el acceso a subsidios a familias que, si bien no están en condición pobreza, no lograban acceder al mercado de crédito. Adicionalmente, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que actúa a partir de la Mesa Técnica que impulsa los planes reguladores a nivel nacional.

Ahora bien, la emergencia del COVID19, ha remarcado la urgencia de implementar medidas de gestión del riesgo lo más pronto posible. Varias características de los asentamientos informales como la alta densidad demográfica, el hacinamiento, las condiciones sanitarias inadecuadas, la menor conectividad, la pobreza y los altos niveles de informalidad económica —que conllevan la necesidad de movilizarse— evidencian que dicha población presenta enormes limitaciones para guardar cuarentena. Esto es crítico para dichas comunidades, para su entorno y para el sistema de prestación de servicios de salud.

Por lo anterior, hemos impulsado la plataforma de Puente a la Comunidad, que además integra a la ANAI, a la UNGL, al IFAM y a varios cooperantes para crear un Protocolo que oriente el trabajo de las Municipalidades en esta materia. En coordinación con el SISCA  y con apoyo de UN Hábitat, OPS, CEPAL, entre otros, planteamos la necesidad de trabajar en dos líneas de acción: prevención en territorio y preparación de respuesta ante un posible contagio en una de estas comunidades. Su implementación ha permitido, en conjunto con municipalidades y AyA, abastecer de agua potable o comenzar el proceso de mejoramiento en algunas de estas localidades.

Ahora bien, persisten retos estructurales previos a COVID19, que ahora son aún más urgentes de encarar como procesos de Estado. No pretendo desarrollarlos ahora, pero quisiera dejarlos establecidos porque considero que necesitamos discutirlos y desarrollar aportes desde todas las fuentes posibles:

  1. La integración de las estadísticas nacionales con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y con aplicaciones móviles como fuentes de crowd sourcing.
  2. Las capacidades y competencias de un régimen municipal muy asimétrico, en un país centralista donde las municipalidades únicamente ejecutan el 4,1% del presupuesto nacional.
  3. La urgencia de avanzar con la planificación urbana y el ordenamiento territorial como correlatos de la planificación nacional y del desarrollo territorial por escala.
  4. La gestión de suelo urbano y sus instrumentos para el financiamiento de las ciudades que necesitamos y queremos.
  5. La necesidad impostergable de una estrategia en la escala centroamericana, más allá del flujo de comercio.

Por último, debemos encontrar balance, poner sobre la mesa la importancia de acompañar el distanciamiento físico con redes sociales reales y solidarias. Sólo así, podremos atender a los más vulnerables, impulsar una economía que cree riqueza, pero también que la distribuya y que lo haga de manera sostenible frente a retos críticos para la supervivencia humana, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Nos necesitamos todas y todos, hoy más que nunca, como una comunidad.