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Los recientes escándalos de funcionarios públicos con deudas tributarias, la sensación de impunidad de aquellos que han ocupado altos mandos de gobierno, así como los constantes casos de corrupción e ineficiencia con el uso de los fondos públicos repercuten directamente en la motivación que conlleva el pago de impuestos por parte de los contribuyentes.

El fraude fiscal, en cualquiera de sus formas, constituye una acción castigada por la ley de repercusiones sociales indudables, por ello, conocer los factores sociales determinantes de su gestación, es una necesidad, y corregirlos se vuelve vital. La lucha contra el fraude fiscal no se resuelve únicamente con sanciones y represión, necesita también de una dosis de responsabilidad, eficiencia y justicia respecto de quien administra los fondos de los contribuyentes.

A inicios del 2000, la Contraloría General de la República analizó magistralmente la correlación del pago de impuestos y la insatisfacción ciudadana en su informe “El sistema Tributario Costarricense”. No es de extrañar que, luego de casi 20 años, la clase política hizo poco o muy poco para revertir las causas indicadas en el informe. Acertadamente se señaló que se si se quiere enrumbar al país hacia otro tipo de compromiso fiscal, se le debe ofrecer elementos informativos coherentes y sostenidos al ciudadano que permitan rehacer la matriz significativa del término tributo. El tributo no debe desvanecerse al entrar a las arcas del Estado; sino que debe tener una trayectoria clara y eficiente para el ciudadano.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó en los años 2013 y 2019 los resultados de un estudio científico sobre las causas que motivan a las personas a evadir impuestos y cual es la percepción que tenemos los ciudadanos, especialmente en países en vías de desarrollo, sobre el pago de tributos (incluido cargas sociales).

El estudio demostró que la satisfacción con la calidad de la democracia y de los servicios públicos, como también la confianza en el gobierno, se encuentran directamente vinculados a una mayor moral fiscal de los ciudadanos. La resistencia a la carga tributaria es natural si no recibimos las contraprestaciones básicas del Estado, o se reciben mediocremente.

Como se sabe, los tributos son el precio que pagamos para vivir en sociedad, para disfrutar de un ambiente saludable, a recibir seguridad por parte de una policía confiable, a recibir atención de salud de nivel y a ser juzgados por jueces imparciales y apegados al imperio de la ley. Pagamos para democratizar las oportunidades de surgir mediante un sistema educativo público y obligatorio, que sea la herramienta principal contra la desigualdad. ¿Lo recibimos?

Según informa la OCDE, una característica común a toda América Latina en años recientes ha sido la creciente desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Ello está poniendo en riesgo los avances socioeconómicos de los últimos quince años y está debilitando el contrato social. Las exigencias de los ciudadanos por mayor transparencia e integridad, por una mejor calidad de servicios públicos clave como la educación y la salud, y por una mayor apertura y transparencia del Gobierno no están siendo atendidas de forma efectiva. Como consecuencia, la confianza en las instituciones públicas se está erosionando, lo que está debilitando las bases del contrato social, y consecuentemente, la motivación para pagar los impuestos que, en muchos casos, costaron mucho trabajo y sacrificio.

Si queremos luchar contra la evasión, no solo debemos pensar en medios represivos, deben los Estados revisar hacia dentro y mejorar la transparencia, la eficiencia y la impunidad.