La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comunicó al Gobierno de Costa Rica que el país aprobó las evaluaciones de legislación nacional hechas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, convirtiéndose en la aprobación número 21 de 22 necesarias para ingresar a dicho organismo.
El anuncio fue recibido por la delegación costarricense que acudió a París, Francia, para presentar los avances del país en esa materia. El equipo estuvo integrado por representantes del Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Ministerio de Hacienda.
El examen de la OCDE a Costa Rica hecho por su Comité de Cohecho inició en 2017, luego que el país se adhiriera a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (Convención Anti-cohecho de la OCDE), con el cual las naciones firmantes acuerdan establecer como delito el soborno transnacional en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar ese delito.
Como parte de la legislación que el país debió promulgar para poder aprobar el examen de este comité se encuentra la Ley 9699 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, aprobada en julio del 2019.
La ministra de Comercio Exterior y coordinadora del proceso de incorporación de la OCDE, Dyalá Jiménez, indicó que gracias a la Convención Anti-Cohecho y al Grupo de Trabajo de la OCDE que supervisa su implementación, Costa Rica cuenta con mejores herramientas para combatir la corrupción y el soborno transnacional.
El proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE nos ha permitido implementar un conjunto de buenas prácticas que esperemos generarán más confianza a los ciudadanos y a los empresarios nacionales y extranjeros y además incentivará una cultura de conducta empresarial responsable
La viceministra de Gestión Estratégica y coordinadora de este proceso, Diana Posada, indicó que tienen buenos augurios de que el país pueda incorporarse a la OCDE, que trae consigo muchísimos beneficios: "mejorar nuestras prácticas en la gestión de la política pública, la lucha contra la corrupción y nos permite trabajar al lado de países del primer mundo en materia de gobernanza".
Esto trae beneficios enormes para el país en términos de generar mayores y mejores resultados para la gente que más lo necesita
