El tribunal advirtió que el caso podría escalar a un procedimiento administrativo y a una eventual denuncia penal.

La Sala Constitucional dio curso el pasado martes 13 de enero a un recurso presentado por el abogado y ambientalista Wálter Brenes contra la Municipalidad de Garabito, por una presunta desobediencia a una orden emitida por ese mismo tribunal en febrero de 2025.

En aquella resolución, la Sala concedió al alcalde Francisco González un plazo de seis meses para resolver de manera definitiva varias denuncias relacionadas con edificaciones municipales que, presuntamente, invaden el área de protección de la Quebrada Lisa.

En el nuevo fallo, la Sala otorgó al alcalde un plazo de tres días para que se refiera a los hechos señalados y aporte las pruebas correspondientes. El tribunal advirtió que, si se acredita la desobediencia, podría ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario y, además, el envío de piezas al Ministerio Público por una eventual comisión del delito de desobediencia.

El caso se originó a partir de escritos presentados por Brenes desde setiembre de 2024, en los que denunció la omisión de la Municipalidad al permitir el funcionamiento de edificios municipales que presuntamente invaden el área de protección de la Quebrada Lisa.

También denunció una posible malversación de fondos públicos relacionada con el proyecto del Boulevard Jacó, así como la eventual invasión del humedal Laguna Pochotal y sus alrededores, solicitando inspecciones, posibles clausuras, demoliciones y la identificación de responsabilidades de funcionarios públicos.

Durante el trámite del proceso, el alcalde Francisco González reconoció la existencia de los escritos presentados por Brenes y las denuncias planteadas. Asimismo, se solicitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) constatar las presuntas invasiones tanto en la Quebrada Lisa como en el humedal Laguna Pochotal

Alcalde de Garabito.

En una inspección realizada el 23 de enero de 2025, el SINAC determinó que varias infraestructuras municipales se encuentran dentro del área de protección de la quebrada.

Para Brenes, resulta contradictorio que la Municipalidad haya avanzado en la recuperación de áreas públicas en la zona marítimo-terrestre, mientras no ha tomado decisiones respecto a edificaciones municipales que, según señala, invaden cauces de dominio público.