El procurador director de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), José Armando López Baltonado ordenó reabrir la causa ética seguida contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, por su papel en el escándalo del cementazo.

Así consta en una resolución del 20 de septiembre del 2019 pero que fue notificada hasta este lunes a la Asamblea Legislativa, y cuya copia a los 57 diputados apenas está en curso.

La reapertura se da luego de la aprobación del informe de investigación legislativa que determinó errores de la Procuraduría de la Ética en el proceso de notificación de una resolución inicial que desestimó las acusaciones que el Congreso hizo contra Solís por el caso del cemento chino.

Asimismo, López Baltonado dispuso que también se abra una investigación contra el Consejo de Gobierno por la acusación de que ese órgano desconoció el principio de legalidad.

Molestia

La resolución de la Procuraduría se filtró a los medios de prensa a pesar de que el resto de legisladores no ha sido notificado de la misma. Ello causó profundo malestar en un grupo de legisladores, quienes paralizaron la discusión del proyecto para votar en segundo debate la ley para regular las huelgas y sus procedimientos.

La diputada Karine Niño del PLN se quejó ante el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides por esa irregularidad. Benavides sugirió que se concluyera la discusión del proyecto de ley, sin embargo, Niño exigió que se escuchara el malestar de los otros diputados que también pidieron la palabra.

El diputado Jonathan Prendas criticó que cada vez más las notificaciones de la Procuraduría se dan a conocer a través de la prensa antes que a los diputados y pidió que se identifique a la persona que desacató la orden de Carlos Ricardo Benavides, girada el martes, de que la notificación fuera hecha llegar a los demás congresistas.

La diputada oficialista, Laura Guido explicó que ella recibió de primera la notificación de la Procuraduría, en su condición de primera secretaria del Directorio, y que avisó de ello a Benavides para que notificara al resto de legisladores.

Aunque Benavides puso en conocimiento de ello al resto de legisladores al finalizar la sesión de Plenario del martes y ordenó entregar copia del documento a los restantes 56 congresistas, sin embargo, su orden no fue acatada.

Paola Vega rechazó los señalamientos ocultos de algunos diputados de que el informe fue recibido primero por Guido para ser puesto en conocimiento de la fracción del PAC.