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El Proyecto de ley 21.603, que busca trasladar recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), al fortalecimiento del seguro por invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tiene el riesgo de convertirse en la política más regresiva de las últimas décadas.

No solo porque, en teoría, los beneficiarios del FOSUVI son personas en condición de pobreza, mientras que en el IVM cabemos todos los trabajadores sin distinción de ingresos; sino también, porque estudios recientes muestran que una de las principales políticas de redistribución de la riqueza, es la adquisición de activos capaces de preservar su valor en el tiempo, como son las propiedades y casas, por parte de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Está ampliamente documentado que la distribución de la riqueza (ingresos anuales más activos como propiedades, títulos financieros, automóviles, etc., menos las deudas), es más desigual que la del ingreso en todos los países avanzados. Y aunque para el caso de Costa Rica no existan estimaciones de este tipo, no debería escapar a esta tendencia, máxime si tomamos en cuenta que sí se ha documentado que la distribución de los ingresos de nuestra sociedad, se ha deteriorado en las últimas décadas.

Ante esta realidad, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, proponen medidas como el acceso a vivienda digna por parte de la población de menores ingresos, además de una política tributaria progresiva, que grave la riqueza y los ingresos más altos, entre otros.

Sea por visión o por suerte, lo cierto es que el país cuenta desde hace décadas, con un mecanismo que trata de equilibrar la balanza en favor de los menos favorecidos de la sociedad, brindándoles acceso a un bien clave, que les permite no sólo tener techo y abrigo, sino además un activo que apalancar para encontrar liquidez en el momento que consideren oportuno.

Restar recursos a tal programa, se entendería en un momento en que no exista necesidad del mismo, sin embargo, la realidad es que el déficit habitacional supera las 21.000 viviendas, mientras que el déficit cualitativo (casas que requieren mejoras) es cercano a las 160.000.

Asimismo, si lo que preocupa es solventar los problemas del IVM, las soluciones deben provenir de las principales causas de su insolvencia futura. Como ha señalado el último estudio actuarial de la propia CCSS, la falta de “previsión” es lo que afecta el seguro por invalidez, vejez y muerte; con cotizaciones insuficientes durante más de 60 años, además de una distribución incorrecta de la contribución dirigida a los seguros de la CCSS, pues la mayor parte debería canalizarse al IVM y no al seguro de salud, como ocurre en la actualidad.

Adicionalmente, no estaría de más empezar a impulsar políticas practicadas por los países más avanzados, como son los ajustes automáticos de la edad de retiro, incentivos fuertes para aumentar la tasa de natalidad, entre otras, que ayuden a solventar el problema de insolvencia por el que atraviesa el IVM.

Ciertamente el FOSUVI posee un amplio espacio de mejora, la focalización de los beneficiarios, la velocidad de entrega de los productos, así como la calidad e integralidad de los proyectos de vivienda, son sólo algunos de los aspectos en los que debería avanzar. Sin embargo, estas carencias no deben ser la justificación para debilitar una política de Estado, que busca beneficiar a las clases menos favorecidas de la sociedad de manera estructural, y que se constituye en una conquista social, difícil de alcanzar incluso en algunas economías avanzadas.