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Exclusión del Concurso de la Sala Primera de Casación. Me ha causado gran indignación la exclusión arbitraria e inconstitucional, por parte de la Comisión Permanente Especial de nombramientos de la Asamblea Legislativa, del Concurso de la Sala Primera de Casación tramitado bajo el expediente 21.117, sin valorar mis atestados lo que me motivó a interponer un recurso de amparo (Exp.19-012646-0007-CO) ante la Sala Constitucional, en la cual fungí como Magistrado Suplente por ocho años. El recurso fue rechazado por el fondo, con votación 5-2 (Sala Constitucional 2019-1644), hasta la fecha, no se me ha notificado la sentencia. Ello me obligó a plantear una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (P-1923-2019) y confío que llegue a la Corte Interamericana, para que se hagan respetar los parámetros de Naciones Unidas para el nombramiento de magistrados.

El director de la Orquesta. No me cabe la menor duda que mi exclusión “prematura” del Concurso fue orquestada por el diputado Rodolfo Peña, único integrante de la Comisión de Nombramientos que –no por ser mi amigo- conocía mi nombre y mi trayectoria profesional y académica. ¿Cuál sería su intención? Evidentemente, borrar obstáculos a su candidata y exnovia. Ha sido, sin duda alguna, él quien dirigió la orquesta para apuntalar a la candidata al primer lugar de la terna, desde el momento mismo de preparación de la Metodología para ese concurso (que he calificado como “traje a la medida”). Cualquiera que revise mis atestados se percatará que el suscrito, modestamente, habría alcanzado el mayor puntaje (75%), en la valoración de estos. Lo anterior al margen del porcentaje de las entrevistas, que se maneja con abierta discrecionalidad.

Los vicios del Concurso. Evidentemente, ese concurso y su respectiva metodología, tienen un vicio de nulidad absoluta, originario, por el simple hecho de haber participado en su preparación el Diputado Peña Flores. Él votó por la metodología del concurso en el seno de la Comisión de Nombramientos. También votó en mi exclusión como candidato al cargo para Magistrado, sonsacando un requisito inútil e inconstitucional que el suscrito omitió (involuntariamente), al no declarar si milito con partidos políticos, cuando a los funcionarios judiciales nos prohíbe, expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, esa condición. ¡Hubiera bastado con una prevención! Lo curioso del caso es que a todos los candidatos y candidatas les faltaron uno o más requisitos, incluyendo a la candidata del diputado Peña, a quien se le anotó que no presentó su título de abogada (requisito constitucional). Ese quebranto, a dos principios constitucionales básicos, trato igualitario y derecho de acceso a cargos públicos, deberían ser suficientes, como para que el Foro Legislativo declarase desierto el concurso, por cuanto ninguno (a) de los candidatos alcanzó el puntaje inicial, amén de los vicios apuntados. Independientemente de lo anterior, el concurso no cumple con los estándares mínimos advertidos por el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial.

Con amigos así, para qué... Distintos medios de prensa le preguntaron a tan “distinguido” diputado, si tendría o habría tenido algún tipo de relación con la señora candidata a magistrada, y tuvo la osadía de negarlo hasta tres veces, a diferentes medios de prensa y comunicación, faltando a la verdad para ocultar, obviamente, su indebida intervención en el concurso de la Sala Primera de Casación. Evidentemente, no quería excusarse de seguir conociendo el mismo para poder apoyar, de principio a fin, a su candidatura. Lo peor de todo, fue su pésima imaginación, —lo que lo delató como culpable de mi exclusión del concurso— al evadir la pregunta de si fue novio de ella, respondió, en al menos dos ocasiones, haber sido mi amigo. Debo aclarar que a don Rodolfo Peña, lo conocí cuando su candidata me lo presentó hace varios años como su novio, en Liberia, Guanacaste. Nunca fui su amigo, ni mantuve una relación cercana con él, solo fue un conocido, y nada más, a quien no veo, ni saludo, desde hace muchísimos años.

La desigualdad de género. En el año 2002, cuando terminaba mi Doctorado en Política y Derecho Agrario en Pisa, Italia (Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento, “suma cum laudem”), participé en el concurso de la Sala Primera de Casación. Obtuve la máxima calificación en el concurso (hace 16 años). Por un tema de igualdad de género, y en aplicación del reglamento de nombramientos, realizaron terna ampliada y nombraron a una mujer, a mi otra excompañera del Tribunal Agrario, magistrada Carmenmaría Escoto, quien estuvo dos bastos períodos de tiempo en la Sala Primera de Casación. Ahora bien, en un criterio “objetivo” y aplicando un principio básico de alternabilidad, no habría que ser sabio ni matemático, para considerar que si en la Sala Primera de Casación existe una única plaza para la materia agraria, para garantizar una verdadera “IGUALDAD DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS”, debería darse, al menos, una oportunidad alternativa. Porque si se parte del criterio de que debe nombrarse una “mujer”, nunca habría equilibrio o paridad para el género masculino. Es decir, ese cargo estaría “predestinado” siempre al hecho de ser mujer. Lo cual generaría una doble discriminación positiva. El acceso a esos cargos debe ser, también, por méritos.

Mis atestados a la opinión pública. Solo quiero someter a la opinión pública, dada su irrelevancia en los foros legislativos, algunos de mis atestados. El más reciente, otorgado por la Asociación Costarricense de la Judicatura, Premio “Maria Eugenia Vargas Solera” a la excelencia en la judicatura (noviembre, 2019), a él le preceden el Premio Nacional de Cultura, Aquileo J. Echeverría (1999), a la mejor obra literaria no ubicable “Tratado de Derecho Procesal Agrario” (3 tomos), a la cual no se daría ningún valor con la metodología y la exclusión aprobada;  el Premio Nacional Alberto Brenes Córdoba (2006), del Colegio de Abogados y Abogadas,  por el Tratado Breve de Derecho Agrario Comunitario e Internacional (2 tomos), en reconocimiento a la mejor obra jurídica, el Premio Ulises Odio Santos (2005), otorgado por Corte Plena a uno de los juristas que con sus aportes han enaltecido la Administración de Justicia, y el Premio Fernando Coto Albán (2019), “Al buen juez”, por una carrera judicial proba, independiente e imparcial.

Exhorto. Defendamos, como ciudadanos costarricenses, la Memoria histórica de cinco insignes personas, baluartes de la justicia, la literatura,  la poesía y la cultura jurídica costarricense. Debemos corregir la historia, enderezar la senda, rechazar la desfachatez y la arbitrariedad. Se les impone cambiar el rumbo del país, para volver a levantar, con la frente muy en alto, los cimientos de la Administración de Justicia, baluarte de nuestra Democracia. Como ciudadanos, debemos de exigir a nuestros representantes el derecho a contar con Magistrados y Magistradas del más alto nivel, imparciales e independientes, como lo quiso nuestro Constituyente originario de 1949 para enaltecer la Patria costarricense, garantizar la democracia y la independencia judicial.