La oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica aclaró este jueves que la opinión externada por tres relatores respecto al proyecto de ley para regular la huelga y sus procedimientos no es la opinión del Consejo de Derechos Humanos ni de la Organización de las Naciones Unidas.

A través de un comunicado de prensa emitido esta tarde, la oficina reiteró que los relatores forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.

Sin embargo, los relatores trabajan de manera voluntaria y no son personal de la ONU. Por ende, son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual. Sus informes son sometidos a consideración del Consejo, el cual tiene la potestad de rechazarlos.

Al ser sus criterios y posiciones independientes, los expertos no están sometidos a la supervisión de la Secretaría de las Naciones Unidas. Por tanto sus recomendaciones no son de carácter vinculante.
-ONU Costa Rica

El proyecto de ley continúa en análisis de la Sala Constitucional y se espera que la opinión consultiva de los magistrados sea dictada el 18 de octubre próximo.

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Texto desactualizado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) reconoció horas después que los relatores se pronunciaron sobre una versión del proyecto de ley distinta a la aprobada en primer debate.

"Cuando presentamos la solicitud (...) el primer debate no había sucedido aún; nuestra gestión tenía una finalidad preventiva", alegó ANEP.

Ello significa que los relatores no fueron enterados de todos los cambios que fueron realizados en el Plenario vía moción de reiteración, incluyendo el permitir las huelgas contra políticas públicas sin requisito de conciliación previa, la eliminación del requisito de aviso de huelga para trabajadores del sector privado y el no pago de salarios durante la huelga, a menos que que la causa del movimiento sea imputable al patrono.

ANEP dijo que será el Estado quien deba actualizar a los relatores cuando responda a la carta que fue enviada a inicios de octubre y que, en todo caso, como organización sindical están dispuestas a mantener actualizados a los relatores.

"El valor esencial de este documento descansa en la capacidad preventiva de violaciones a los derechos humanos; pues si Costa Rica insiste en avanzar dicho Proyecto de Ley en contravía de los estándares internacionales, se expone a ser denunciada internacionalmente por la expedición de leyes contrarias a los tratados de derechos humanos de los que es Estado parte", dijo el sindicato.