La calificadora internacional Fitch Ratings anunció este miércoles que mantiene la calificación B+ con perspectiva negativa para Costa Rica. Según la tabla de calificaciones de la agencia, significa que existe un "riesgo de incumplimiento significativamente elevado" en relación a otros emisores u obligaciones a lo interno del país.

Para Fitch, si bien los compromisos financieros se están cumpliendo "subsiste un limitado margen de seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo" que estaría condicionado a que el entorno económico y de negocio se mantenga favorable y estable. Por ello las perspectivas, que indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno y dos años, se dirigen (todavía) a una balanza negativa en nuestro caso.

Según Fitch, a pesar de la aprobación de la reforma fiscal el año anterior, su eficacia no ha sido probada todavía y además, persisten pendientes en materia de legislación que no permiten brindar tranquilidad a los mercados internacionales:

La calificación 'B +' de Costa Rica refleja las debilidades en las finanzas públicas y el estancamiento político que ha impedido la aprobación oportuna de reformas que aborden estos problemas. La nueva regla fiscal no se ha probado, y el requisito de autorización del Congreso de préstamos extranjeros restringe periódicamente la flexibilidad financiera de Costa Rica.

Sin embargo, como el país mantiene "fortalezas estructurales relativas a la categoría 'B'" como lo son "una gobernanza sólida, un mayor desarrollo económico y un ingreso per cápita", así como "un modelo económico centrado en actividades de manufactura y servicios de alto valor agregado", la calificación se sostiene en las líneas B y no baja más.

En enero de este año, ya Fitch había bajado la calificación nacional de "BB" a "B+".

Números que preocupan

La calificadora aseguró que el riesgo de que no se cumpla la regla fiscal pone al país en desventaja, pues asegura que existen alertas que podrían significar que esta desaceleración del gasto corriente podría no concretarse:

La mayor parte de la consolidación esperada en virtud de la reforma fiscal se basa en la implementación de una regla fiscal, a partir de la cual las autoridades estiman un ahorro del 1,94% del PIB. La regla limita el crecimiento del gasto actual a las tasas establecidas como porcentajes del crecimiento nominal pasado del PIB. Se aplicará por primera vez al presupuesto 2020.  Existen riesgos relacionados con el cumplimiento de la regla fiscal (gasto). La reducción del gasto ha enfrentado resistencia política y social, como se vio en la actividad de protesta en 2018 y 2019 y los desafíos legales de diferentes instituciones autónomas; sin embargo, las resoluciones hasta ahora han favorecido los esfuerzos de consolidación del gobierno".

Por ello, cuando "Fitch proyecta que los déficits fiscales del gobierno central se mantendrán por encima del 5% del PIB hasta 2023, incluso suponiendo que se adhiera a la regla fiscal" y señala que esto aumentaría la carga de la deuda del gobierno central hasta más del 71% del PIB para 2023, Costa Rica se enfrenta a números que llaman a la preocupación.

La calificadora espera que el déficit del gobierno central de Costa Rica aumente al 6,3% del PIB en 2019 y que para 2020, las necesidades de financiamiento alcancen el 10.3% del Producto Interno Bruto, distribuidas en 4.9% para pagos de deuda y 5.4% para financiamiento presupuestario. Esta cifra subiría a 13% del PIB en 2021 y 2022, debido a las crecientes amortizaciones.

Este es el panorama que recibirá al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, quien fue nombrado hoy con el objetivo de devolverle la credibilidad a la economía nacional. Habrá que estar pendientes para ver, con este escenario, cómo avanza este objetivo.