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En Colombia en el año 1946, se promulga en un departamento del Ministerio de Trabajo la Ley 90, la cual sienta la base de un Seguro Social similar al que actualmente poseemos los ticos, sin embargo, estaba bajo los estatutos del Instituto Colombiano de Seguridad Social, algo similar a que el Seguro Social de Costa Rica fuera un ente como el Instituto Nacional de Seguros.

Con el tiempo se van creando varias reformas en donde se acuerda que existan cuotas obrero-patronales y por ende aumenta la cobertura en salud, maternidad, pediatría, cirugía, etc. Y se va extendiendo poco a poco por el territorio colombiano. Las coberturas se fueron ampliando con el tiempo a accidentes, invalidez, vejez y muerte.

En setiembre de 1976, estalló una huelga que se mantiene por 51 días en el sector salud, y fue secundaria a un decreto del poder ejecutivo, que transformaba al Instituto Colombiano de Seguridad Social (ICSS), en un ente público y sus empleados pasarían a ser empleados del estado, a lo que en esa época, los sindicatos y médicos se opusieron, al considerarlo lesivo para las luchas sociales previas.

En ese momento la prensa publicaba:

(…) El Comité Intersindical de Cundinamarca y los trabajadores del ICSS manifestaban que al convertirse en empleados públicos de libre nombramiento y remoción, el nombramiento de los profesionales del Instituto no sería el resultado de “su idoneidad, sino por el grupo político al que pertenezcan”, exponiendo, con ello, la salud de los trabajadores a los cambios en el gobierno de turno. Igualmente se alertaba acerca de que dicha situación agravaría el exceso de burocracia de la entidad, las cuotas políticas y el mal manejo de los fondos, que eran la verdadera causa de la crisis del Instituto y no la acción de los sindicatos. Y pedían se respetarán sus derechos “adquiridos a través de muchos años de lucha sindical (…).

La huelga en términos generales se pierde y sus trabajadores pasan a ser empleados públicos, y el presidente de ese momento, López Michelsen, se comprometió a mantener las condiciones económicas y laborales anteriores al conflicto y respetar los derechos adquiridos por los trabajadores.

En ese momento se empezaba a vislumbrar la mala gestión administrativa por parte del Estado y había más gastos que ingresos.

A mediados de los años 80, se empieza a anunciar el problema del déficit de dinero y que la pensión de unos 120 mil personas se encontraba en riesgo —algo similar a lo que nos esta pasando en este momento en Costa Rica—.

Así en la década de los 70 y 80, los afiliados aumentaron, pero los aportes disminuyeron, por un crecimiento de la población mayor a 65 años y menos población joven que aportara, ocasionando un desbalance en los ingresos y egresos de la institución.

En la década de los 80 los seguros privados empiezan a tener importancia y aunque gran parte de la población estaba cubierta por el ICSS, los seguros privados iban en aumento.

En 1993, el presidente Cesar Gaviria, publica la Ley 100. En ese momento se decide abrir el monopolio en Salud y abre la competencia, como fuerza del progreso económico y social, para reemplazar el viejo sistema de asistencia pública. Y en su discurso presidencial, él mismo dice:

 (…) me asiste la convicción que estamos dando uno de los pasos más firmes en el camino que nos conducirá a una Colombia más democrática, participativa y socialmente justa. (…) La esencia de la ley que hoy me honro en sancionar es la de eliminar definitivamente el lánguido monopolio del Estado en la prestación de la Seguridad Social, con el fin de establecer un sistema competitivo que permita una mayor equidad, eficiencia y calidad del mismo. (…) Mediante la implementación de esta reforma, vamos a acabar con las largas filas, para el pago de las pensiones y para la atención médica, o los tantos años de espera para que una pensión sea reconocida o pagada.

En esta ley se define que la prestación de los servicios de Salud, se soporta en dos clases de entidades, Empresa Promotora de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS). Las EPS tienen por objeto la promoción del sistema mediante la afiliación y registro de los afiliados; el recaudo de sus cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía y su función básica consistirá en organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud.

Aunque el discurso del presidente Gaviria era convincente y esperanzador, esta política generó que mas gente cotizara y se afiliara a los diferentes Empresas Prestadoras de Servicio de Salud que igualmente era de carácter obligatorio, y con la esperanza de estar cubiertos por un sistema ágil, solidario y efectivo, pero como no todo lo que brilla es oro…

A través de los años, ha existido un enorme descontento por parte de la población acerca del servicio brindado por las EPS y como lo publica en setiembre del 2012 un artículo del diario el Espectador (uno de los mas importantes medios de comunicación colombianos): “(…) No es una exageración decir que las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra. (…) El indicador expresado por el Instituto Nacional de Salud señala que, entre 1998 y 2010, la mortalidad evitable en Colombia fue de 53 %, cifra que representa 1.300.000 colombianos muertos por fallas atribuibles al sistema de salud” (…) César Gaviria, presidente en 1993, y Álvaro Uribe, ponente del proyecto que creó el modelo de la intermediación financiera rentista y el sistema de salud enfocado en el lucro que genera la enfermedad (Ley 100), deben asumir su responsabilidad al implantar ese sistema que no solo es ineficiente sino que genera corrupción y reparar el daño causado a los colombianos, auspiciando que el nuevo presidente, y los partidos políticos, apoyen en el próximo Congreso el cambio de modelo de salud”.

En otro artículo publicado en razonpublica.com en octubre del 2018, hace mención a lo siguiente:

En teoría, el seguro debería garantizar el derecho de acceder a un sistema de salud confiable y eficiente. Y sin embargo día por día somos testigos directos o asistimos a relatos que dan cuenta de la inconformidad de miles de usuarios al intentar ejercer este derecho. Pese a las mejoras institucionales y a la adopción de nuevos sistemas y tecnologías, la percepción generalizada e inequívoca es muy clara: algo anda mal en el sistema de salud colombiano. (…) Las entidades promotoras de salud (EPS) son la figura más polémica y atacada del sistema. Aunque no es correcto atribuirles todos los males (pues eso implicaría desconocer otras causas fundamentales) es verdad que las organizaciones de este tipo, producto de la Ley 100 de 1993, se encuentran en una situación financiera insostenible e imposible de cambiar en el corto plazo. (…) Por otra parte, los empresarios han aprendido que inclusive cuando las EPS dejan pérdidas o pequeños márgenes de utilidad, es posible obtener JUGOSAS GANANCIAS de su negocio hermano, es decir, las IPS. Estas empresas ofrecen servicios y tecnologías de alto costo y resultan sumamente rentables porque dentro del perverso plan de recobros del país, es fácil lucrarse mediante la prestación de servicios y medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

¿Sabe usted lo que son los paseos de la muerte?

En Colombia se está dando más frecuentemente el paseo de la muerte y este es aquel, en el que simplemente los choferes de ambulancia son pagados para que lleven a pacientes a hospitales alejados porque les pagan más o no les aceptan los pacientes en ningún lado porque no les pagan, o no tienen buenos seguros. Como han sido publicados varios casos por la prensa colombiana.

¿Sabía usted que en Costa Rica ya existen EPS?

Hace algunos años, seguros baratos privados los cuales ofrecen descuentos en consultas medicas, en exámenes de laboratorio, y exámenes de gabinete. Estas empresas pagan barato a sus proveedores y realmente no es ningún descuento el que realizan, es solamente un trabajo de mercadotecnia que utilizan para hacer creer a su cliente que esta pagando menos de lo que cuesta, pero en realidad, el costo viene a ser similar o más costoso, lo que sucede es que al haber una mensualidad de por medio, el costo final es a pagos y no al cash, generando ese punto de hacer creer que sale más barato.

En el momento de la apertura del monopolio estatal, este tipo de empresas crecerá de manera importante pero sus oferentes no lo harán de la misma manera, por lo que la persona pagará por un servicio de igual o peor calidad de lo que tiene en este momento con la institución y al igual que sucedió en Colombia, quedará demostrado que las largas filas de espera no se acabarán y los beneficiados serán los empresarios dueños de estos sistemas.

Pero además mucha gente se verá afectada, porque este tipo de seguros no cubrirá personas adultas mayores, o personas con enfermedades pre-existentes, por el costo que los mismos generarían para el sistema, siendo no rentables.

En conclusión, aunque está demostrado que el Estado es un mal administrador de los recursos, la privatización de los mismos da la impresión de que no es la solución, así ha quedado plasmado en situaciones similares en otros países, con sistemas de Seguridad Social como el de Costa Rica.