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La aprobación de la Ley 8220 (Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos) marcó un hito importante en defensa de los derechos de los usuarios, consumidores y administrados. Con ella se creó un instrumento con elementos suficientes para tratar de aligerar la incerteza que en aquel momento rondaba cualquier gestión ante la Administración, el exceso de requisitos y trámites y la tardanza en sus aprobaciones. El artículo 7 incluyó un silencio positivo, sobre el que me atrevo a decir era vanguardista, tristemente, casi en desuso.

Pero esta ley no cumplió su propósito; pasó a ser un cuadro más que engalana las paredes de las oficinas públicas que recitan el rosario de papeles que tenemos que presentar para un permiso de funcionamiento, una patente, una licencia, o en fin cualquier trámite que se nos obliga a cumplir la Administración solo para llegar a la ventanilla y que nos “digan le falta tal cosa”, es que ahora lo estamos pidiendo. Casi quince años después, estamos ahogados en tramitomanía, la informalidad en el empleo ronda el cincuenta por ciento, y cada vez que queremos aprobar una ley o reglamento contestamos con hordas de requisitos y papeles.

¿Por qué? Tengo varias hipótesis. Una el miedo. Miedo del empleado público a una represalia o enfrentar responsabilidad ante la aprobación de un permiso o la toma de alguna decisión. Una herencia de la independencia que como un lunar nos sigue marcando hasta que se aclaren los nublados. Otra, la confianza —o la falta de—. En este país cualquier administrado es culpable hasta que pruebe, a través de innumerables requisitos, lo contrario. Hemos invertido la carga de la prueba. Presumimos que todos solicitamos permisos para delinquir y no para emprender, hacer negocios y generar riqueza, esa que paga nuestros impuestos de donde salen los salarios de los empleados públicos.

La tercera hipótesis es legal, sobre nuestro endiosado principio de legalidad, “sólo se puede hacer lo que esté expresamente permitido” (en una ley o reglamento). Un principio del derecho que en Costa Rica se ha prostituido en la máxima legal que nos sofoca día a día. Lo hemos utilizado para prohibir el pensamiento y el razonamiento. Nuestros funcionarios públicos se escudan en la necesidad de una norma para poder hacer, para pensar, para destrabar, obvian el interés común en espera de una norma habilitante. He estado presentando proyectos de iniciativa ciudadana donde 14 funcionarios en una misma sala aplauden y apoyan la iniciativa, solo para que llegue el abogado del Ministerio al minuto noventa y diga… ehmm... es que resulta que no hay una ley que nos deje hacer eso. ¡Plop!

Nuestra cultura ya enraizó esas tres hipótesis, son parte de nuestro statu quo y nuestro mecanismo automático de respuesta. También, he tenido la oportunidad de participar en Cámaras cuando la Administración solicita comentarios sobre una norma, se corre una maratón titánica en revisar y contestar artículo por artículo, en crear más aclaraciones y más reglamentación. Dicha solicitud se convierte en un ping-pong de quien tira más requisitos hasta que se hayan tratado de abarcar todas las situaciones reales y jurídicas que la imaginación de los involucrados puede concebir, el caso más reciente la reforma fiscal y su reglamento. Entonces, la Administración y algunos administrados somos cómplices de esas retahílas que encontramos en nuestras oficinas públicas que terminan siendo las piedras de la lápida burocrática que nos está asfixiando. Los abogados somos instigadores porque apoyamos esa producción de trámites para justificar nuestros honorarios y se nos olvida nuestra primera clase de derecho donde nos explican que las normas son consecuencias de relaciones y hechos, y no son fines ni hechos en sí. Precisamente esas relaciones y hechos debería autogobernarse.

Es necesario que pensemos diferente. Que seamos un poco locos en pos del interés público. Invirtamos la carga de la prueba. Confiemos en el administrado y que nuestros funcionarios, en vez de selladores de papeles, salgan y fiscalicen obras y permisos para confirmar que se cumple con la normativa. Hoy en día, obtener una aprobación y cumplir con la tesis de requisitos es como un cheque en blanco, pocas veces se es auditado, así que cumplir con requisitos no es garantía que en la práctica se esté cumpliendo.

Todos los trámites se pueden simplificar en dos maneras, a) una declaración jurada donde el administrado diga que cumple con la normativa, y por consiguiente será responsable (penal y civilmente) para que cuando sea fiscalizado deba responder, b) rendir una garantía, un seguro o una caución, que sea significativo (que duela) en especial en aquellas actividades donde existe un riesgo ya sea para el ambiente, los consumidores o la administración.

Si reducimos a que todos nuestros emprendedores y empresarios rindan una declaración jurada y/o una caución que pueden contratar con aseguradoras y bancos, saldríamos de esa enredadera de trámites, el doing business sería inmediato y de días, se incentivaría la economía, se incentivarían otras áreas de negocios y se generarían empleos, y con suerte, tendríamos empleados públicos más motivados a fiscalizar y también a pensar en interés común y autorizar gestiones, trámites y permisos que nos traerían beneficios inmediatos como sociedad.