En las siguientes líneas no pretendo que usted cambie su percepción sobre el Poder Judicial, ni voy a justificar las tan mencionadas pensiones de lujo de esta institución o los nombramientos de magistrados o magistradas. Quiero contarles sobre el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, que sin duda es otra de las tantas caras del Poder Judicial que tal vez no conoce.
Este programa inició en nuestro país en el 2013 con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y su enfoque principal está en acercar la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, personas que viven lejos de los despachos judiciales, en zonas de difícil acceso y con altos costos de transporte.
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), en coordinación con los juzgados contravencionales y las administraciones regionales realizan nombramientos democráticos en asambleas comunitarias de personas facilitadoras judiciales, quienes son voluntarias y trabajan de la mano y supervisión de juezas y jueces locales, son promotoras de la paz social y de las buenas relaciones en sus comunidades y tienen dentro de sus funciones ser multiplicadoras de información sobre servicios y trámites judiciales y ser mediadoras de conflictos menores en el lugar donde habitan entre vecinas y vecinos.
Es decir, una vez se hace un nombramiento de una persona facilitadora judicial, quien realiza esta labor de manera voluntaria, recibe constantes capacitaciones por parte del personal judicial sobre distintas temáticas como pensiones alimentarias, violencia doméstica, mediación comunitaria, interposición de recursos de amparo, derechos humanos, penal juvenil, entre otros. Estas capacitaciones que reciben, posteriormente pueden replicarlas en sus comunidades, o bien, solicitar colaboración al juzgado para llevar personas expertas a sus comunidades que realicen conversatorios en los temas de interés. Además, están debidamente capacitadas para realizar mediaciones de conflictos menores en sus comunidades, de este modo, son casos que se resuelven de manera pacífica y no se judicializan.
Actualmente el servicio cuenta con más de 400 personas facilitadoras, en 37 juzgados contravencionales de 9 circuitos judiciales, tal y como se describe en el siguiente mapa:
Para este año 2019, el servicio crecerá en los Juzgados Contravencionales de Turrialba, Jiménez, Limón, Matina y Talamanca.
El Poder Judicial potencia en las personas facilitadoras judiciales habilidades de mediación comunitaria, de diálogo social, el conocimiento y difusión de derechos y de los mecanismos para defenderlos y hacerlos efectivos entre la población. Al mismo tiempo, es un ejemplo de interacción y trabajo conjunto entre instituciones ya que mediante alianzas estratégicas se logra aprovechar e invertir mejor los recursos locales en la población, al mismo tiempo que incrementa la motivación y el compromiso institucional.
Este programa es de alto contenido e inversión social al fortalecer los lazos y la comunicación entre los servicios públicos judiciales ofrecidos en las comunidades y la población habitante del territorio. El servicio también contribuye al fortalecimiento de la participación ciudadana, así como la sensibilización que adquiere el personal judicial en la relación dialógica con la ciudadanía y sus necesidades.
Si tiene interés en conocer más sobre este servicio, le invito a revisar acá, donde hay una serie de videos y fotos que le permitirán informarse más de este servicio que brinda el Poder Judicial.
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