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La crisis económica se palpa en las calles de San José y ha empezado a causar alarma, pero lleva bastante tiempo siendo común fuera de la periferia. Nuestras costas son el mejor ejemplo del abandono Estatal en acciones para facilitar, incentivar y atraer inversión privada, esa inversión que provee empleo o, al menos, dinamizar economías locales facilitando el emprendedurismo y no dificultándolo. Por el contrario, abstraídos de la realidad, nuestros gobernantes y el sector público en general ha venido entorpeciendo y burocratizando la creación de riqueza.

Pero para hablar de crecimiento económico, primero necesitamos hablar de seguridad jurídica, y la seguridad jurídica implica la preexistencia de un ordenamiento de referencia que no puede ser otro que el constitucional. La seguridad jurídica es un elemento esencial del Estado de Derecho Constitucional que, por un lado, obliga a los poderes públicos —a todos ellos— a actuar de conformidad con las normas válidamente aprobadas y, por otro, es una garantía para la ciudadanía de que los poderes públicos no renunciarán a la observación y aplicación de dichas normas.

Sin embargo, al día de hoy la ineficiencia estatal ha llegado a niveles tan alarmantes que, por ejemplo, a menos de un mes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal más importante de los últimos 40 años, no existen los reglamentos a la leyes correspondientes, siendo que durante estos seis meses hemos visto desfilar varias versiones —con cambios bastante abruptos— que impiden al contribuyente definir no solo su estrategia de negocios y crecimiento para los próximos años, sino también conocer sus deberes fiscales, cayendo en el riesgo que por la incompetencia pública se le llegue a sancionar.

El transitorio XXXII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que los reglamentos deberán emitirse dentro de los seis meses posteriores a su publicación, plazo que feneció el pasado 5 de junio sin consecuencias para nadie dentro del aparato burocrático.

Lamentablemente la tarea no ha sido sencilla, al existir una técnica legislativa bastante deficiente a la hora de crear leyes. Sin embargo, la reforma fiscal incluye fuertes modificaciones en la tributación de las empresas y de las personas, y no puede un Estado dejar en indefensión a sus ciudadanos de cara a sus deberes fiscales, mucho menos cuando han tenido seis meses.

Y peor aún, cuando la economía atraviesa una severa crisis que algunos sectores no quieren ver. El mejor aliado del fisco es el sector privado, el sector productivo nacional que genera la riqueza sobre la cual el Estado toma su parte para sostenerse, por lo cual, aparte de aumentos en las tarifas, la mejor reforma fiscal y estrategia de recaudación es un fuerte dinamismo económico y la seguridad de que las reglas están claras. El fisco debe ser un aliado del sector privado y no un contendiente.

Cualquier discreción por parte de los servidores públicos no solo es antidemocrático, es un incentivo perverso hacia la corrupción. Es imprescindible para un inversionista extranjero o nacional, tener certeza de que su inversión, que potencialmente creará empleos e inyectará capital a la economía, y en general ayudará a fortalecer el crecimiento económico de un país, estará protegida por ese país y no se verá en riesgo de sufrir pérdidas inesperadas que podrían causar el fracaso de dicha inversión.

Cuanto mejor sea la reputación de un Estado en cuanto a la aplicación de los conceptos de seguridad jurídica, mayor será la inversión extranjera. Y a mayor seguridad jurídica y libertad del individuo, mayor democracia.

Lamentablemente y abstraídos de la realidad, vemos como en la corriente legislativa corren vientos populistas para limitar la libertad e incluso, desconocer la seguridad jurídica de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y que la inocencia no solo engloba a nuestra libertad de tránsito y ejercicios civiles, lo hace también en cuanto a la propiedad privada como derecho constitucional.

Si queremos tener un país próspero, necesitamos empezar a incentivar y facilitar el emprendedurismo, los negocios y la libertad, garantizando que existe un marco normativo transparente y claro, y en el que el servidor público se apega de manera objetiva. Un país con un Estado en servicio del ciudadano y su bienestar, y no en el beneficio único del Estado mismo representado por su aparato burocrático.