¿De qué va la entrevista de hoy? Entérese en 6 minutos.
Un día de estos me quedé pensando en por qué durante esta administración el Ministerio de Justicia y Paz no ha estado tan presente en los medios como durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Hice la tarea y repasé lo que se publica en algunos medios, y —como quien dice— sin novedad ni parte el tema del que más se publica (si no el único) es el hacinamiento carcelario.
En medio de ese repaso mediático el proyecto de Doble Check soltó tremenda bomba: Gobierno presentó a la ONU datos falsos de hacinamiento.
Al parecer algún desorden interno con las cifras pudo causar que el medio universitario interpretara de esa manera los datos. Mientras Justicia hace llegarles la información correcta, acomodada y legible, yo les comparto parte de mi intercambio con la ministra Marcia González Aguiluz, actual jerarca de Justicia, quien atendió nuestra solicitud de ofrecernos una entrevista para repasar su gestión.
Marcia González Aguiluz es abogada con énfasis en derecho internacional ambiental | Foto por Cristian Ugalde
Mi interés principal era conocer dos cosas: 1. el análisis que hace la ministra sobre la política pública de Justicia que ha habido en el país y cuál es la dirección a la que apunta esta administración, y 2. qué otras funciones sustantivas realiza el Ministerio (aparte de administrar el sistema penitenciario nacional).
Yo diría que un conjunto de factores dificultaron la tarea. La escucha activa fue uno de ellos. De entrada la ministra es una persona agradable. Hace un breve cuestionario antes de empezar la entrevista, y pide que no se la grabe en cámaras.
Se la observa curiosa sobre los puntos a tratar durante el encuentro y el enfoque; al cabo de 12 minutos inicia oficialmente la entrevista.
Ante mi pregunta de ¿cómo funciona el sistema de justicia del país? González Aguiluz responde que Justicia trabaja de la mano con el Poder Judicial; justifica que lo que sucede entorno a este ministerio es multicausal y multisectorial, y que uno de los retos que se plantearon durante el primer año de gobierno es dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que hace el ministerio, más allá de administrar el sistema penitenciario, porque además “la credibilidad del sistema de Justicia ha venido a menos”:
Lo dice la ciudadanía en las encuestas. Y yo creo que hemos visto situaciones en los últimos años que probablemente están incidiendo mucho en eso, y me parece que todos los que estamos involucrados en una u otra parte del proceso judicial tenemos un enorme reto de devolverle la ciudadanía la credibilidad de poder confiar que se está haciendo justicia en el país.
Personalmente, considero que uno de los problemas que presenta la manera en la que se administra el país es la poca continuidad a los procesos. En esto no hay que explicar mucho, cuatro años de gobierno resultan insuficientes para mover indicadores de casi cualquier índole. En este sentido, le consulto a la ministra cuáles son los procesos a los que esta administración les está dando continuidad, respecto de la gestión anterior:
Básicamente lo que hemos hecho en algunos temas es variar el énfasis. En realidad no ha habido un cambio fundamental en ninguna área; lo que tiene que ver con empleo; dar mayores herramientas a las personas privadas de libertad para que puedan tener un proceso de reinserción exitoso. Hemos querido enfatizar en el consumo de sustancias. El tercer tema es la mejora de la atención técnica que se está recibiendo de los centros [penitenciarios].
Con el último punto mencionado por la ministra vino también una línea discursiva que se mantuvo durante toda la entrevista:
Cuando iniciamos esta gestión encontramos centros que tenían atrasos en las valoraciones técnicas de las personas privadas de libertad de hasta 2 años, y las guías técnicas no se habían revisado en los últimos 12 años.
¿Pero estas son áreas a las cuales ustedes les dieron seguimiento de la administración anterior? Era mi pregunta.
—Cómo le digo estaban identificadas; si usted ve la política penitenciaria estaban identificadas pero no tenían este mismo nivel de importancia que le estamos dando nosotros.
De este punto en adelante, fue notorio como la ministra echó mano de la conversación previa a la entrevista formal (en la que me preguntó insistentemente sobre los detalles de las preguntas que le haría), pues sin yo referirme a un tema en particular, ella infirió la intención de mis consultas y encaminó sus respuestas a lo que creyó que era mi interés.
Si hablamos de capacidad del sistema penitenciario, ¿cuál es esa capacidad?
—¿Capacidad de espacios?
Correcto. En general, espacios de hombres, mujeres y jóvenes.
—Si estamos hablando de cifras de hacinamiento, en lo que es población femenina (...)
No, de hacinamientos no. El sistema penitenciario de Costa Rica en general, ¿cuántos espacios disponibles tiene?
—En este momento tenemos cerca de 16.000 personas incluyendo algunas variables, como personas que están por pensiones alimenticias.
Si nosotros sacamos una cifra global, es que estamos cerca de un 29% de hacinamiento total.
Usted me está hablando de 16,000 personas en el sistema penitenciario...
—Institucionalizadas...
¿Para cuántas hay espacio?
—Por eso le estoy diciendo que estamos por encima, más o menos en 3000, o 3500. Y, eso es lo que nos da la capacidad, eso es lo que nos da el hacinamiento de un 29%.
Es decir, ¿hay espacio para 13000?
—Estamos por encima de esa capacidad, y eso lo tenemos muy claro. Era así cuando iniciamos esta gestión.
A cada encuentro llevo una guía de preguntas para maximizar el tiempo de la entrevista. En amarillo queda marcado lo único que pude preguntar. La ministra difícilmente respondió de manera concreta a algunas de mis preguntas. | Foto por Cristian Ugalde
En Costa Rica, la capacidad instalada en los centros penales es para 9957 personas, esto según datos del anuario 2017. del Ministerio de Justicia y Paz. Al cierre de ese año había 13611 personas recluidas. Claro que en dos años esto podría haber variado, sin embargo, no pude consultar datos más recientes pues no están colgados en el sitio oficial de la institución.
Hace algunos meses el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de Naciones Unidas, estuvo observando, entre otros sitios, las prisiones del país. Al respecto, emitirán recomendaciones para la prevención de la tortura y los malos tratos de las personas privadas de libertad. Las recomendaciones se darán en un informe de carácter confidencial.
Recordemos que, si bien las personas privadas de libertad están descontando una pena por un comportamiento antisocial o hecho delictivo, esto no quiere decir que deban ser sujetas de malos tratos. El hacinamiento es por mucho una de las peores situaciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. Vivir en esta condición no ayuda al proceso de reinserción en la sociedad.
La ministra González dice que, el compromiso de esta administración es construir 3000 espacios nuevos, para cuya edificación ya existe presupuesto.
Aún así, como reportamos la semana anterior, el tema de sobrepoblación carcelaria no es nuevo. Desde hace 25 años se sabe que el hacinamiento es una situación preocupante en el sistema de Justicia costarricense, ¿se ha salido de control?
Más bien todo lo contrario. Lo que hemos hecho durante el último año es precisamente, de manera técnica y ordenada, tratar de administrar…; o sea, el hacinamiento es una realidad y mientras no podamos llevar a cabo las obras de infraestructura que le estoy mencionando (que es un plan que lleva su tiempo, como toda la administración pública) es muy difícil decir que se va a resolver en el corto plazo.
Conociendo esta realidad, (...) es que [se busca] mitigar los impactos negativos del hacinamiento. En eso es en lo que nos hemos abocado en el último año.
Me comenta doña Marcia que ya se han llevado a cabo acciones para bajar el hacinamiento. Por ejemplo, en el centro Vilma Curling se identificaron áreas que estaban siendo “subutilizadas”, (como un comedor que fungía como una especie de bodega) y que tras la visita de la Cruz Roja Internacional se habilitaron como espacios de estadía para las reclusas.
También, todo el tema de limpieza, orden y buen manejo de la infraestructura nos permiten que no se salga de control. Y, hay un cuarto elemento que iniciamos hace tres meses: la reorganización a lo interno del manejo técnico de la población.
Porque algo que nos encontramos en muchos centros es que, precisamente por el flujo importante de personas privadas de libertad no se estaban ubicando de la manera correcta según los perfiles de la población.
Entonces, nos hemos abocado a esto en los últimos meses. Hemos tenido resultados muy exitosos porque nos están permitiendo... (nadie está tapando el sol con un dedo) que la población pueda ser muchísimo mejor tratada por el personal técnico, a diferencia de hace un año que la mayoría de centros tenían atrasos en las valoraciones técnicas. Actualmente, prácticamente todos [los centros] están al día.
Una de las cosas que me parece relevante de escuchar de los y las jerarcas de las instituciones es una autocrítica, de sí mismos o de la institución.
En el caso de Justicia y Paz, la ministra dice que hay muchas, que siempre hay espacio para mejorar, pero que si ella pudiera devolverse al inicio de su gestión priorizaría la digitalización de los procesos del Ministerio.
Nos tomó un tiempo poder dimensionar el atraso que teníamos (...), sobre todo por un tema de transparencia. Para nosotros es importantísimo que la gente tenga acceso a datos confiables, pero además para mejorar la eficiencia del personal técnico.
Durante nuestra conversación, Marcia González infirió en varias ocasiones que los datos disponibles en el Ministerio no eran confiables. Ante tal afirmación le pedí una aclaración.
Ella dijo que actualmente los datos sí son confiables, pero que al al ingresar a la institución encontró que no era de esa manera. ¿Sobre qué no eran confiables los datos?
Hacinamiento, tipos de población, cantidad de espacios; (...) había mucha información de las bases de datos que no estaba siendo maneja de la manera más adecuada.
El sol de la tarde se hizo de la oficina de la ministra de Justicia y Paz | Foto por Cristian Ugalde
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Por la línea discursiva de la jerarca es evidente que desde su entrada, al menos en cuanto a lo que conversamos, muchos enfoques cambiaron. Su expresa diferencia con la administración anterior la hace mencionar constantemente lo que se encontró al entrar vs lo que ella propone.
Tras este —llamémoslo— giro de visión en la administración de la política de Justicia en el país (política que aún no me queda clara), me entra curiosidad de conocer la trayectoria de la jerarca en temas de Justicia.
Con una leve sonrisa la ministra me contesta que esta es su primera experiencia.
He tenido varios otros puestos, de liderazgo, preparación de proyectos, administración. Pero a este nivel esta es la primera vez.
Para darle seguimiento al tema de Justicia, y poder ofrecerles un enfoque más integral, he preparado un par de entrevistas más con personas que han trabajado en este sector.
También solicité una entrevista con el director general de Adaptación Social, José Luis Bermúdez. Veremos para cuándo nos la confirman y entonces se las compartiré.
Por ahora, lo que me llevo del encuentro con doña Marcia González Aguiluz es la sensación de que un ministerio tan importante como Justicia y Paz, no solo pareciera estar urgido de recursos, sino de una administración basada en políticas públicas de largo plazo.
Para ver resultados, los procesos sociales requieren décadas no solo de planeamiento, sino de ejecución, y si cada vez que viene un/a jerarca nuevo se hace medio-borrón-y-cuenta-nueva, es un problema. Claro que esto no es exclusivo de Justicia y Paz, pero este es un buen ejemplo.
Cuéntenme, ¿qué dudas les genera este tema, qué cosas les quedaron dando vueltas en la cabeza, qué entendieron? Recuerden que siempre me pueden escribir a [email protected], o dejar un comentario por acá. Gracias por leer.
