1962 es el último año en que se reformó un elemento del sistema para elegir a la Asamblea Legislativa en la Constitución, cuando se estableció en 57 el número de curules. De esa fecha a hoy, la población ha crecido en más de 3.500.000 de costarricenses. Por eso, un diputado o diputada debe representar a casi 86.000 habitantes, mientras en la década de 1960 ese número era de alrededor unas 23.700, un aumento de más del 360%. ¿Cómo las y los diputados van a representarnos fielmente con esos números? Y más allá, ¿Cómo nos vamos a sentir representadas y representados con esas cifras?
Para complicar más el asunto, a hoy se eligen a las y los legisladores por medio de provincias que fueron creadas en el siglo XIX e inicios del siglo XX, donde sus habitantes no guardan —en su mayoría— relaciones socioeconómicas o culturales entre sí. A 2010, el propio Estado de la Nación identificó que más del 65% de los cantones no habían sido representados fielmente, según su población, en el Congreso. Repito: ¿Cómo nos vamos a sentir representadas y representados con esos números?
Hoy, esta Asamblea Legislativa, que ha iniciado una ruta de reformas importantes para la gobernabilidad democrática costarricense, como lo fue la reforma a su Reglamento Interno o la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, está a punto de dar otro paso importantísimo: admitir para discusión el expediente legislativo 20.127, que plantea una reforma integral al sistema de elección de las y los diputados, en beneficio de la proporcionalidad y la representatividad.
No se trata de un proyecto para aumentar el número de curules o elegir a las y los diputados en otras formaciones territoriales “porque sí”, sino de discutir y saldar una deuda histórica con la democracia costarricense. Los números que les menciono hablan por sí solos de esa deuda.
A partir de cuestionamientos que pretenden acabar con la discusión antes de que sea iniciada, como los efectuados por investigadores y profesores de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica —a quienes admiro y respeto muchísimo—, deseo ahondar en la importancia de discutir, en democracia, el tema. Lo anterior, a partir de investigaciones que he realizado en la materia.
¿Que se propone? Un apunte teórico muy rápido. Los sistemas electorales o la forma en que los votos se convierten en representantes se clasifican según su “principio de representación”. Es decir, a partir del objetivo que buscan cumplir (Dieter Nohlen, investigador alemán). Por un lado, están los sistemas mayoritarios que buscan formar una mayoría unipartidaria robusta y, por el otro, los proporcionales que, al contrario, tienen como objetivo buscar que el cuerpo legislativo esté conformado como un espejo de la sociedad, cada partido político obtiene las curules de acuerdo con la votación recibida.
El expediente propone el sistema electoral proporcional personalizado que, como su nombre lo indica, busca que las y los diputados sean repartidos entre los partidos políticos según su votación recibida (criterio proporcional), pero con la valía de que en la mitad del Congreso tomarán asiento las y los representantes de distritos pequeños, donde se busca una mayor vinculación entre sus habitantes, deuda histórica según lo antes visto.
Pero se debe ser enfático en algo acá, con lo que se ha intentado minar la discusión: la totalidad de la Asamblea Legislativa seguirá siendo electa mediante criterios proporcionales, dado que los distritos pequeños no son independientes, sino que depende de los resultados de la lista nacional de diputadas y diputados que es escogida por criterios proporcionales. O sea, son los resultados de esta lista los definen cuántos diputados tendrá cada partido político. Los partidos políticos minoritarios, por ello, no se verán afectados, todo lo contrario.
Considero que el colectivo Poder Ciudadano YA, impulsor del proyecto, cometió el error de llamarlo "sistema mixto proporcional", pero en el fondo, es totalmente proporcional, por lo explicado. Citando a otro importante investigador, el italiano Giovanni Sartori: “…estudiosos consideran que la fórmula alemana consiste en un sistema ‘mixto’ de mayoría y RP (representación proporcional). (…) No lo es porque la combinación de sus elementos no implica un resultado mixto. Como dije, el resultado es totalmente proporcional…”.
¿Qué es la proporcionalidad? Por proporcionalidad se entiende la relación que debe existir entre los votos emitidos hacia un partido político y las curules que le son asignadas. Según el Índice de Mínimos Cuadrados, desarrollado por el investigador británico Michael Gallagher, que mide la proporcionalidad total de un sistema electoral -donde 0 representa la proporcionalidad perfecta- hoy, aún con un sistema electoral proporcional, los resultados electorales en Costa Rica son altamente desproporcionales.
Este índice, que el investigador holandés Arend Lijpart ha defendido que es el mejor para efectuar esa medición, dio como resultado que en las pasadas elecciones de 2018 Costa Rica llegó a su máxima desproporcionalidad del Siglo XXI con un puntaje de 9.57, muy lejano de la media -ya de por si desproporcional- de las elecciones de 2002 a 2014 de 5.72.
Los mayores factores que llevan a esa desproporción, según investigaciones propias, son el tamaño minúsculo de la Asamblea Legislativa y el uso de las provincias como circunscripción electoral por la cual se eligen las y los diputados (volvemos a las deudas históricas iniciales).
En este tema, el proyecto propone el uso de una única circunscripción nacional que, al "aumentar el pastel" a repartir, podría rebajar hasta a menos de 1 el puntaje sobre la desproporcionalidad de nuestro sistema electoral. Es decir, permitiría que en forma más exacta los partidos políticos por quienes nosotras y nosotros votemos, sean quienes obtengan las curules.
¿Y la representatividad? El tratadista francés Maurice Duverger se ha referido a que el componente "subjetivo" de la representación, es decir, que las y los ciudadanos se sientan representados, será mayor en cuanto más exactos sean los resultados electorales, a partir de las reglas jurídicas que determinan el sistema electoral.
Asimismo, como se adelantaba, el Programa del Estado de la Nación ha definido que tener un "vecino o vecina" diputada mejoraría ese sentimiento de representatividad, al mejorar la vía de acceso de las demandas públicas a la máxima palestra política nacional y viceversa.
Acá es donde entran los distritos pequeños. Sí, es verdad, se eligen por una regla decisoria mayoritaria -que, como he propuesto, podría definirse a doble vuelta sino alcanza el 40% de los votos entre las dos candidaturas más votadas, para aumentar la legitimidad democrática y las alianzas a lo interno del distrito-, pero se reitera que el resultado de cuantos diputados tendrá cada partido político depende de la lista nacional, electa con criterios proporcionales.
Tal como ha mencionado Lijphart, se consigue "lo mejor de dos mundos" con este sistema electoral, mantener la proporcionalidad de la elección y acercar las y los representantes a sus representados.
¿Y sobre el aumento al número de diputadas y diputados? Según he visto, el proyecto presentado no tiene un fundamento científico para definir el número de la Asamblea Legislativa en 84 diputados. En mis investigaciones, usando dos métodos propios y uno desarrollado por los investigadores Matthew Shugart y Rein Taagepera, estadounidense y estonio, respectivamente; el Congreso debería estar conformada por entre 143 y 170 diputados. Sabiendo que ese aumento es políticamente inviable, es posible acudir a Lijphart quien defiende un punto medio, que los sistemas proporcionales deben tener 100 diputados para ayudar a las fórmulas electorales con base 100% —todas— a disminuir la desproporcionalidad en los resultados.
Tanto en términos de representatividad, como de proporcionalidad, el “tamaño de pastel” a repartir es fundamental, pero quedamos más que rezagados en el tema, por lo antes señalado.
Además, estamos hablando del máximo órgano de representación del sistema político costarricense, igualmente ante la opinión pública se han mencionado los costos y beneficios del proyecto a discusión. Por lo que supeditar dicho aumento a la situación fiscal del país o sacarlo del debate, no es de recibo.
Esto no es agregar más burócratas al Estado, estamos hablando de la Asamblea Legislativa y sus diputadas y diputados, de la base del régimen político democracia de Costa Rica.
Para cerrar. Si bien, al igual que sus detractores y detractoras, considero que el texto del proyecto debe ser profundamente reconfigurado —en términos de ingeniería constitucional y técnica legislativa—, diferimos en que, a mí, me parece inconcebible que se busque cerrar las puertas a la discusión de la mejora en el sistema electoral costarricense que, en mi consideración, se encuentra en un punto crítico.
Con todas sus problemáticas en redacción y fondo, el sistema electoral propuesto es el proporcional personalizado, que expliqué acá y he investigado por varios años. Este sistema no merma a los partidos políticos minoritarios, tampoco los logros en temas de paridad y alternancia de género o la organización político-administrativa del territorio —tema aparte, pero igual alegado—. Pero para aclarar estos temas e incluir lo pertinente en el texto, hay que discutir en democracia.
Espero, con ilusión, que las y los diputados, a las puertas del Bicentenario de la Independencia, digan sí a la discusión de este proyecto que pretende reformar el sistema electoral y que, una vez en Comisión, todos los actores del sistema político democrático costarricense nos sentemos a discutir y resolver, tal y como funcionan las democracias.
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