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A propósito de la reforma constitucional para aumentar el número de diputados y crear distritos electorales, se ha dicho que esta aborda un tema fundamental del descontento creciente de los ciudadanos con los partidos políticos, la política en general y el propio sistema democrático.  Ese descontento, sin embargo, tiene más que ver con la corrupción en los partidos políticos y en la política, que es en la práctica, monopolio de esos partidos políticos.

Con escasísimas excepciones, la corrupción, en todos los sentidos, no tiene límites en la política y esa es la clave del desencanto popular.  Partiendo de premisas falsas se propone una reforma constitucional que lejos de mejorar la representación política, no solo mantiene el monopolio de los partidos políticos en este tema, sino que además, vuelve el sistema menos representativo.  La creación de distritos electorales uninominales (la posibilidad de elegir por cada distrito a una sola persona) acarrea dos retrocesos para la representación política porque, primero,  al ser circunscripciones que se ganan por mayoría relativa, aquel partido que obtenga la mayor cantidad de votos, se adueña de la curul que ese distrito ofrece.  Así, si un partido que obtuvo el 20% de los votos en ese distrito electoral fue el más votado, se queda con el 100% de los representantes del distrito.  El 80% de votos restantes que escogieron otras opciones se desecha, quedándose sin representación.  Contrario a lo que sucede en un sistema proporcional, donde ese partido que obtuvo ese 20%, obtiene más o menos el 20% de las curules que ofrece su circunscripción.

Segundo, tal y como lo han aceptado los proponentes de la reforma, esta no consideró ni por casualidad, la situación de los derechos políticos de las mujeres.  Un largo camino de lucha nos ha tocado transitar para acercarnos a la paridad.  Ese logro histórico tan importante para los derechos políticos de las mujeres, simplemente se esfumaría con esa reforma constitucional porque no hay, en cuanto a los distritos electorales, forma de arreglarlo (el TSE ha resuelto recientemente que los puestos uninominales son incompatibles con la paridad de género).  Esto debería ser suficiente para que las feministas desecháramos cualquier apoyo a esa reforma constitucional.  Pero además, admitir esa reforma para su discusión resulta todavía más peligroso para los derechos políticos de las mujeres si se piensa, como debería, que la composición actual de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, no es propicia para el adelanto de nuestros derechos: la Asamblea Legislativa rechazó recientemente la paridad de género para la concesión de los honores que ella otorga y votó recientemente también por un hombre para la Sala Constitucional, habiendo mujeres en la lista con mejores calificaciones que los hombres.  Además, los partidos evangélicos no son precisamente amigos de los derechos de las mujeres y al PLN, con alguna excepción, le importa exactamente nada nuestro problema,. Partidos como el Frente Amplio, amigo del avance en nuestros derechos y otros como el PIN, que ocasionalmente coinciden en ello, están en franca minoría. El panorama no podía ser peor para nosotras pero si a eso le sumamos un presidente de la República que ha traicionado sus promesas de campaña y ha entregado el gobierno al PLN y al PUSC, el asunto se torna más oscuro para nosotras.

La reforma en este momento ya ha sido discutida en lo medular. El propio debate de admisibilidad de una reforma constitucional implica la discusión de los asuntos medulares de la reforma planteada. Como siempre, el PLN y  sus eternos compañeros de votación, además de parte del PAC, callan, no discuten, no debaten porque eso es parte de la politiquería de la que estamos hartos:  no se despliegan posiciones, solo se vota, esto ocurre en la Asamblea Legislativa hace muchísimos años.  Cuando nos demos cuenta, la reforma estará aprobada y nuestros derechos políticos de ciudadanas habrán retrocedido 30 o 40 años.

Ahora resulta también que la burocracia es la responsable de la falta de representación y de todos los males que los partidos políticos y los políticos, han enquistado en el sistema democrático.  ¿No son los partidos políticos que cohabitan con la corrupción e imponen candidatos a los electores sin ninguna preparación, no son los responsables de los pactos bajo la mesa, de la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se ofrece y se traiciona, no son ellos los responsables de este descontento generalizado con el sistema?  Pero ahora la responsable es la burocracia de la Asamblea Legislativa que absorbe un 63% de las remuneraciones salariales en ese Poder de la República.  Tengo que partir de que este dato debe referirse a los puestos de la parte administrativa porque los puestos de los asesores de las fracciones políticas consumen un 37% del total de las remuneraciones.  Pues bien, quienes hemos trabajado en la Asamblea Legislativa sabemos muy bien que el Directorio suele ser un botín político para el PLN  y sus socios coyunturales, porque son esos partidos y sus socios ocasionales en puestos del directorio los que han aumentado la planilla de la Asamblea Legislativa, muchas veces con puestos absolutamente innecesarios, ¿y eso es culpa de la burocracia?, ¿de la gente que ellos han nombrado? ¿o el problema sigue estando en la corruptela de esos partidos? La lucha por el Directorio en la Asamblea Legislativa es la lucha por un botín político porque desde ahí se paga los pegabanderas su trabajo en las campañas electorales, con los diputados cuyos votos son necesarios para uno u otro asunto porque se les nombra a la persona que ellos piden.   Ese es el juego perverso que nos tiene descontentos, decepcionados, por eso tampoco queremos más diputados y menos aún cuando con ello las mujeres pagaríamos un precio demasiado alto:  el logro de la paridad política.