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Imagen principal del artículo: Uber da la estocada final al proyecto del MOPT para regular plataformas de transporte vía aplicación
Foto: Zoraida Rodríguez Montenegro, directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas para Centroamérica y Caribe de Uber,

Uber da la estocada final al proyecto del MOPT para regular plataformas de transporte vía aplicación

El proyecto presentado por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata para regular plataformas de transporte vía aplicación, como Uber, está muerto.

La confirmación de que el servicio pasará a estar gravado con un 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir de mediados de año movió a los diputados del PLN y PUSC, que representan 5 de los 9 integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos, a optar por recomendar que la iniciativa se deseche mientras que el PAC procurará rescatarla con modificaciones para emitir una verdadera regulación.

La medida se toma luego de la audiencia a Zoraida Rodríguez Montenegro, directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas para Centroamérica y Caribe de Uber, así como Eduardo Calderón, abogado de la firma BLP que representa a Uber en Costa Rica.

Rodríguez reveló los siguientes números de las operaciones de Uber en Costa Rica:

  • 22 mil "socios colaboradores" (conductores)
  • 56% de los conductores no tenía acceso a otra fuente de ingresos antes de Uber
  • Para el 68% de los conductores, el conectarse a la plataforma es su única fuente de ingresos.
  • 76% de las mujeres conductoras son jefas de familia.
  • 92% de los conductores afirman tener familiares que dependen de sus ingresos
  • Inversión de $30 millones en Costa Rica
  • Más de 783 mil usuarios de Uber activos en Costa Rica
  • 62% de los usuarios externó que si no pudiera usar Uber, emplearía su vehículo propio.
  • 59% de los usuarios tiene entre 18 y 44 años de edad
  • 49% de los usuarios usan Uber para salir de fiesta (el app se usa con mayor frecuencia de jueves a sábado, de 4 p.m. a altas horas de la noche)
  • 56% de de los usuarios son mujeres, y de ese porcentaje, 42% indicó que son estudiantes.
  • 66% de los usuarios afirma que no utilizaba servicios tradicionales de transporte antes de la llegada de Uber, es decir, ahora sí lo hacen
  • Turistas de más de 77 países han utilizado Uber en Costa Rica en los últimos tres meses, la mayoría proveniente de Estados Unidos, México y Panamá

Según Rodríguez, esa realidad numérica no se encuentra plasmada en el proyecto de ley. Afirmó que declarar el servicio como "público" desnaturalizaría la actividad y podría tener consecuencias importantes para el servicio tal y como se conoce hoy, pues comprometería las medidas de seguridad que la empresa puede actualmente tomar, como negarse a un viaje o interrumpirlo por motivos de seguridad.

Asimismo, la representante de Uber indicó que la pretensión de que las empresas como Uber paguen 15 millones de dólares por haber operado sin regular podría ser inconstitucional y arbitraria, pues endosa la responsabilidad de una falta de regulación del Estado a las empresas, pese a que, según ella, Uber se manifestó desde el primer día interesado en contar con una legislación adecuada que regulara sus operaciones.

Por otro lado, criticó que el costo de inscripción inicial de 100 salarios base, unos 45 millones de colones, para empresas de transporte vía plataforma pueda afectar a otras empresas que no tienen el tamaño y poderío económico de Uber. Según ella, Uber podría pagarlos, pero no así otros emprendimientos, lo que afectaría la competencia entre empresas similares.

Además, la directora dijo que la intensión de limitar la cantidad de personas que pueden dar el servicio a través de las plataformas no haría otra cosa que encarecer el servicio y aumentar los tiempos de espera hasta por 20 minutos.

También indicó que la propuesta de cobrar un 3% por cada viaje para crear el "Fondo de Movilidad" que sería administrado por el Consejo de Transporte Público es muy superior a las medidas similares adoptadas en otras naciones, donde el impuesto es de 1,5% por viaje.

En este punto, la directora de Uber señaló el punto principal para que ahora los diputados opten por tirar a la basura el expediente: se redactó y presentó previo a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual impone un IVA del 13% a estos servicios de transporte a partir del segundo semestre del 2019.

Aunque hubo cierta confusión sobre quién retendría y giraría a Hacienda el 13% del IVA, la empresa aclaró en horas de la noche vía comunicado (del cual Delfino.cr tiene copia) que ellos serán quienes retendrán el impuesto y lo trasladarán al Gobierno.

Uber reconoció durante la audiencia que actualmente no pagan Impuesto sobre la Renta en Costa Rica por la ganancia que obtienen por cada viaje realizado por un conductor (25% del total del precio), ya que la empresa está domiciliada en Holanda y nuestro país no tiene renta mundial, mientras que ellos sí. Asimismo, relató que los conductores no han podido registrarse ante el Ministerio de Hacienda para reportar sus ingresos en la declaración de Impuesto sobre la Renta, porque esa institución no ha creado una "categoría" que permita a esas personas inscribirse para tributar.

La empresa también cuestionó que el proyecto los obligue a contratar un seguro comercial, pues según ellos, desconoce la innovación en materia de seguros que ha habido a nivel global y local tras la irrupción de Uber. Rodríguez recordó que ya en Costa Rica todos los viajes que se hacen con la plataforma están asegurados por la compañía ASSA.

Finalmente, sobre la supuesta negativa de entregar información al Gobierno, Uber dijo que han recibido múltiples solicitudes de información y más recientemente entregaron como parte de una auditoría del Ministerio de Hacienda más de 32 mil folios en documentación.

"Es por [todo] ello que respetuosamente sostenemos que es necesario otro enfoque normativo y un distinto alcance de la normativa que se quiere impulsar. Nnos podemos a disposición para contribuir con nuestra experiencia y aportar al esfuerzo que ustedes están haciendo para construir una regulación que tome en cuenta todos los aspectos necesarios para seguir promoviendo la innovación y la tecnología", concluyó.

Aprobado en segundo debate Ley de Derecho al Tiempo

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la Ley de Derecho al Tiempo con la cual se aumenta el plazo de prescripción para los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, pasando de 10 a 25 años contados a partir del momento en que la víctima cumpla la mayoría de edad.

La iniciativa fue presentada por Enrique Sánchez Carballo del PAC y otros 26 diputados el pasado 13 de febrero, por lo que el proyecto fue aprobado en solo 69 días naturales.

La votación al proyecto fue de 40 votos a favor y 1 en contra, este último de Jorge Luis Fonseca del Partido Liberación Nacional, quien cambió de opinión respecto a la iniciativa pese a que la firmó como co-proponente y la apoyó en la votación en primer debate.

Fonseca alegó ante el Plenario que no podía repetir su voto afirmativo, pues el proyecto no tiene razón alguna que indique por qué es necesario aumentar el plazo de prescripción por esos delitos a 25 años. "Encontré sobradas manifestaciones de derecho comparado, de relatos de víctimas y demás elementos que uno puede considerar para la justificación de un proyecto, pero no encontré por qué razón 25 años", dijo.

El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su sanción como Ley de la República y publicación en La Gaceta, momento a partir del cual entrará a regir.

Dado que la norma no es retroactiva, el aumento del plazo de prescripción solo beneficiará a aquellas víctimas que no hayan presentado la denuncia, así como a quienes en un futuro pasen por la desgracia de sufrir casos como los que han salido a la luz recientemente.

Tribunal Ambiental Administrativo tendrá más celeridad

Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 20.596, con el cual se propone mayor celeridad en las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo, al eliminar el requisito de que los jueces tengan que firmar todas las resoluciones de trámite de denuncias (solicitar informes, recordatorios, citar a inspecciones, etc.) y trasladar dicha prerrogativa a los abogados tramitadores del propio tribunal, que son funcionarios de Servicio Civil.

El proyecto fue impulsado por el exdiputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas y retomado por el actual Congreso, dado que según las estadísticas el Tribunal gastaba tiempo valioso emitiendo resoluciones de trámite mientras los casos se acumulaban. Solo en el 2016 se emitieron 1475 resoluciones de ese tipo, frente a 200 fallos de fondo sobre denuncias presentadas.

Asimismo, la iniciativa elimina la obligación del Tribunal de asesorarse únicamente con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en la investigación de los daños ambientales que se denuncien, ampliándose el apoyo asesor en otros órganos públicos y privados.

El apoyo de los diputados presentes fue unánime: 41 votos a favor y ninguno en contra, por lo que pasa al Poder Ejecutivo para su sanción. Asimismo, todas las entidades consultadas sobre la propuesta emitieron un pronunciamiento favorable, incluyendo el propio Tribunal.

Primer debate a Proyecto Mesoamérica

Los diputados aprobaron en primer debate el acta que institucionaliza el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica tramitado en el expediente 20.034, un mecanismo de diálogo político de alto nivel para construir consensos, articular esfuerzos de cooperación y atraer recursos con el objetivo de fortalecer los procesos de integración y desarrollo mesoamericano, por medio de proyectos concretos que beneficien a los diez países miembros.

Los países miembros fundadores del proyecto son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México y los proyectos prioritarios en la agenda son interconexiones eléctricas, interconexión de la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, facilitación comercial y competitividad, salud, medioambiente, gestión del riesgo, vivienda y seguridad alimentaria y nutricional.

El proyecto recibió 40 votos a favor y 1 en contra, el de José María Villalta del Frente Amplio, quien no externó en Plenario el motivo de su voto.

La iniciativa pasa a revisión obligatoria de la Sala Constitucional previo al segundo debate, para determinar que el texto del acta no tiene roces con la Carta Fundamental.

Comisión de Ingreso y Gasto reparte culpas por el "hueco" presupuestario del 2018

La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea emitió este martes sus conclusiones tras la investigación del "hueco" en el Presupuesto Nacional del 2018 por 900 mil millones de colones y el uso de otros 182 mil millones de colones por parte del Ministerio de Hacienda para amortizar deuda sin tener contenido presupuestario ni autorización de la Asamblea Legislativa, tramitado en el expediente 20.949.

Los diputados presentaron dos informes: uno de mayoría de 71 páginas suscrito por Jonathan Prendas, Xiomara Rodríguez, Franggi Nicolás, Yorleni León, Luis Fernando Chacón, Pedro Muñoz, Otto Roberto Vargas y Erick Rodríguez; y uno de minoría de 122 páginas de la diputada Paola Vega.

Dada la extensión de ambos documentos, presentaremos los pormenores de cada uno en ediciones especiales próximamente, sin embargo, los hallazgos se pueden resumir de la siguiente forma:

Informe de Mayoría:

  • Afirma que existe suficiente evidencia de posibles actos ilícitos de manera civil y penal de al menos siete personas: Luis Guillermo Solís, Helio Fallas, Rocío Aguilar, Marta Cubillo, Marjori Morera, Julio Espinoza y Melvin Quirós.
  • Afirma que el presidente Solís sabía lo que hacía pues él mismo firmó el decreto N° 40.995 del 14 de marzo de 2018 que redujo en ₡412.790 millones del presupuesto para amortizar títulos de largo plazo en favor de un incremento de la partida para amortización de corto plazo, ya que sabía que la partida de amortización de la deuda a corto plazo estaba en cero, y que adicionalmente se habían hecho pagos de forma ilegal, y de ahí la necesidad pública del decreto.
  • Afirma que Helio Fallas mintió bajo juramento cuando dijo que no se habían realizado pagos sin contenido presupuestario.
  • Martha Cubillo ignoró reportar en el informe de fin de administración el faltante presupuestario.
  • Afirma que el Presupuesto Nacional del 2019 (sic.)* se confeccionó mal, pues no existía criterio técnico para recortar de forma excesiva la partida de servicio a la deuda.
  • Afirma que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, realizó pagos ilegales al no tener contenido presupuestario ni autorización de la Asamblea Legislativa
  • Reprochan al presidente Alvarado haber respaldado los pagos ilegales sin contenido presupuestario.
  • Piden inhabilitar por 4 años para ocupar cargos públicos al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís y al exministro de Hacienda, Helio Fallas.
  • Se eleva el informe al Ministerio Público para que siente las responsabilidades

(*): Aunque el informe refiere al 2019, lo correcto es el Presupuesto Nacional del 2018. 

Informe de Minoría:

  • Afirma que la Asamblea Legislativa del periodo 2014-2018 no realizó ninguna modificación a la partida de amortizaciones del Presupuesto Nacional del 2018.
  • Afirma que el Banco Central y la Contraloría General de la República avalaron las cifras que respaldaban el Presupuesto Nacional del 2018.
  • Afirma que los supuestos bajo los cuales se confeccionó el Presupuesto Nacional 2018 no se cumplieron.
  • Afirma que el Presupuesto Nacional del 2018 no contenía todas las obligaciones en amortizaciones de deuda pública que enfrentaba el Ministerio de Hacienda a lo largo del año.
  • Afirma que entre el 5 de febrero y el 5 de abril de 2018, así como entre el 7 de junio de 2018 y hasta el 11 de setiembre de 2018 se realizaron pagos sin contenido presupuestario.
  • Afirma que hasta el 7 de agosto de 2018, por consulta del viceministro de Hacienda, la Dirección de Crédito Público indica expresamente que se están realizando pagos sin contenido presupuestario
  • Afirma que la responsabilidad de informar que se estaban dando pagos sin contenido presupuestario De acuerdo a la ley N.° 8131, artículo 80, inciso g), es competencia de la Dirección de Crédito Público (DCP)
  • Afirma que no hay evidencia física que permita confirmar que Helio Fallas, Rocío Aguilar, Rodolfo Cordero o a Martha Cubillo fueron informados de los pagos sin contenido presupuestario por Crédito Público.
  • Afirma que los jerarcas no sabían que se habían realizado pagos sin contenido presupuestario, ni cuándo eran las fechas límites cuando ya se iban a empezar a hacer pagos sin contenido presupuestario
  • El informe no hace imputaciones directas de responsabilidades, sino que lo traslada a la Contraloría, Fiscalía y Ministerio de Hacienda.