La ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien se convirtió en la rectora en materia de empleo público desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas anunció este lunes que las universidades estatales serán incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público que se presentará al Congreso una vez entre en vigencia la modificación a su reglamento interno, el próximo 4 de abril.
Garrido hizo el anuncio ante la comisión especial encargada de estudiar potenciales modificaciones al financiamiento de las universidades públicas, ante una consulta del diputado independiente Erick Rodríguez Steller.
"Las universidades serán parte del proyecto de ley que estaremos presentando. Seremos respetuosos de la resolución de la Sala Constitucional respecto a la autonomía universitaria, pero el Estado es único y hay principios generales que son de aplicación para todos", indicó la jerarca.
Garrido recordó que aunque la Constitución Política otorga autonomía a las universidades públicas, la misma Carta Fundamental establece -por ejemplo- en su artículo 191 un estatuto de servicio civil que regulará las relaciones entre Estado y funcionarios, aunque en la actualidad hay distintos regímenes, lo que ha contribuido a las distorsiones y desigualdades entre instituciones y trabajadores que desempeñan las mismas funciones.
La ministra reconoció que están a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional respecto a la aplicación de la ley fiscal en las universidades estatales.
De una revisión hecha por Delfino.cr al fallo que dio luz verde a la aprobación del expediente 20.580 en segundo debate, se constata que los magistrados indicaron que los redactores de la Constitución Política tuvieron bien claro que las materias sujetas a la competencia de las instituciones autónomas podían ser objeto de regulación por parte de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando se les consultara.
"Esta postura se refuerza con el argumento de que si el Parlamento puede regular las materias aun cuando sean competencia de las universidades estatales (ordinal 88 de la Constitución Política), o relacionadas directamente con ellas, quienes ostentan una autonomía de tercer grado –autonormativa–, a fortiori tiene competencia también para regular las materias que son propias de las instituciones autónomas. Esta idea también está presente en la discusión del artículo 73 de la Carta Fundamental en la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que en el acta n.° 125 el diputado F.B. señala que esas instituciones “(…) aunque autónomas, no pueden desligar absolutamente del Estado. De otro modo será crear nuevos Estados dentro del Estado”. Lo anterior está condicionado a que por tal vía no se vacíe de contenido el cumplimiento de los fines institucionales que incumben a los entes autónomos conforme a la Constitución", dice la opinión consultiva de la Sala.
La Sala concluyó que el Poder Ejecutivo, por medio del Plan Nacional de Desarrollo u otra normativa legal de planificación, y la Asamblea Legislativa, en ejercicio de la potestad de legislar, están jurídicamente habilitados para fijar metas y objetivos a las instituciones autónomas y para regular las materias que le corresponden, condicionado a que, en este último supuesto, no se vacíe el contenido esencial de las competencias atribuidas por el constituyente.
Diputados piden declarar sequía como emergencia nacional
El Plenario acogió una moción propuesta por la diputada de Restauración Nacional, Mileidy Alvarado para instar al Poder Ejecutivo a que declare estado de emergencia nacional por los efectos que la sequía causada por el fenómeno de "El Niño" está originando en el país.
Alvarado señaló que con dicha declaratoria se podrían facilitar trámites y autorizaciones para el uso de aguas superficiales y profundas, brindar una prórroga a los créditos de productores afectados, facilitar el registro de pozos y usos de agua para que el Sistema Bancario Nacional y el Instituto Nacional de Seguros puedan brindar créditos y seguros a los afectados.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados, los efectos ya son más que evidentes y por tanto, señor presidente, lo insto a declarar lo antes posible una emergencia para abordar la problemática que ya estamos viviendo”, dijo la legisladora.
La moción fue votada a favor por 43 diputados y no hubo objeciones.
Segundo Presupuesto Extraordinario: Primer Debate
El Plenario aprobó en primer debate el segundo presupuesto extraordinario del Gobierno Central para este 2019, el cual fue previamente dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios el 26 de marzo anterior.
El proyecto fue votado afirmativamente por 46 diputados y únicamente votaron en contra el legislador del PIN, Wálter Muñoz y el republicano-socialcristiano, Dragos Dolanescu.
La modificación al plan de gastos del Ejecutivo consiste, en primera instancia, en una desincorporación o rebajo de ingresos extraordinarios externos por un total de ¢6.588 millones de colones y de la incorporación del mismo tipo de ingresos por ¢7.494 millones, lo cual genera un incremento neto del plan de gastos por más de ¢906 millones.
El monto desincorporado corresponde a recursos de proyectos financiados con préstamos externos, los cuales finalizaron su ejecución. A raíz de ello, los saldos restantes deben ser desincorporados del presupuesto, de la siguiente forma:
- Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola: ¢206.128.544.88
- Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas: ¢2.935,87
- Primer Programa Red Vial Cantonal: ¢1.639.688.032,93
- Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II: ¢287.045.976,54
- Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper. ¢4.455.431.757,40
En contraparte, las incorporaciones que se realizan son las siguientes:
- Crédito BID-Nº4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate: ¢828.200.000,00
- Crédito BIRF Nº8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Ley Nº9144: ¢988.831.998,44
- Préstamo CR-P4 Ley 8559 Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José. Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC): ¢5.677.441.044,95
Finalmente, se realizan las siguientes modificaciones presupuestarias por ¢482.897.426,31 correspondientes a recursos para la atención de gastos comprometidos pero no devengados al 31 de diciembre de 2018, que corresponden a compromisos adquiridos con terceros producto de la adquisición de bienes y servicios autorizados en el presupuesto 2018:
- Contraloría General de la República: ¢5.243.086,57
- Ministerio de Seguridad Pública: ¢2.514.758,40
- Ministerio de Agricultura y Ganadería: ¢1.219.060,00
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes: ¢6.071.136,6
- Ministerio de Educación Pública: ¢467.849.384,74











