Perdí la cuenta de cuándo fue que se instaló en la ciudadanía costarricense un sentimiento de disgusto permanente con el funcionamiento del Estado, sentimiento que se exacerbó a partir de la universalización de las redes sociales.  El descontento tiene muchas vertientes y una de ellas es la percepción de que nuestras instituciones políticas no están a la altura del reto. No están resolviendo los problemas y en algunos casos, más bien los acrecientan.

A principios de 2012, un pequeño grupo de ciudadanos comunes que compartíamos ese descontento generalizado, nos unimos para pensar cómo podríamos pasar de la queja a la acción.  Inspirados por un artículo de don Miguel Sobrado en el que cuestionaba la idoneidad de nuestro sistema de elección de diputados, nos sumergimos en el estudio de los sistemas electorales y su impacto en la vida de las naciones.  Con la guía de expertos nacionales leímos doctrina especializada, investigamos sistemas electorales del mundo y buscamos proyectos de ley de reforma electoral presentados anteriormente a nuestra Asamblea Legislativa. No llegamos a ser expertos, pero aprendimos mucho.

La primera lección fue que el Parlamento es determinante para el nivel de desarrollo del país. La Asamblea es como la máquina procesadora de las demandas de la sociedad; de su mecanismo de funcionamiento depende con qué fidelidad y efectividad esas demandas son acogidas y transformadas en políticas públicas y leyes pertinentes.

La segunda lección fue que el sistema electoral, o sea, la forma en que el pueblo vota, importa más de lo que comúnmente se piensa. Los sistemas electorales dictan las reglas del juego bajo las que funciona la democracia.  Son el mecanismo mediante el cual los votos emitidos por los electores se traducen en escaños en el Congreso. Por tanto, el sistema electoral puede determinar, efectivamente, cómo se obtiene y se distribuye el poder. Define cosas tan importantes como si el gobierno es minoritario o de coalición o si un solo partido tiene hegemonía parlamentaria; puede fortalecer o debilitar el sistema de partidos, alentar la fragmentación o contenerla, fomentar el faccionalismo interno o la cohesión partidaria, e incentivar o dificultar las alianzas entre partidos. Los sistemas electorales determinan si se vota por un partido o por una persona, y quién decide la selección de los candidatos. Por si fuera poco, son responsables en gran medida del grado de conflicto o de acuerdos entre las diversas fuerzas representadas en el Parlamento y, por ende, del grado de gobernabilidad.

Giovanni Sartori, una de las voces más autorizadas sobre el tema, dice que los sistemas electorales tienen 2 efectos: uno sobre los votantes y otro sobre el número de partidos. Hay sistemas con la capacidad de limitar o incluso manipular la voluntad de los electores, y sistemas que pueden reducir en mayor o menor medida, el número de partidos.

Por eso, la escogencia del modelo electoral es una de las decisiones más importantes para cualquier nación democrática. Una vez escogido, tiende a permanecer constante por largo tiempo, dado que los actores y los intereses políticos se acomodan y responden a los incentivos derivados de él. Costa Rica, por ejemplo, lleva 70 años con el mismo sistema electoral, sin cuestionarse seriamente si está cumpliendo los propósitos por los que fue instaurado; o si los propósitos que inspiraron a los constituyentes de 1949 ya están obsoletos, en cuyo caso igualmente debemos preguntarnos qué debería ser el propósito de un modelo electoral en 2019.

Al optar por un modelo de elección de listas cerradas partidarias de base provincial, los constituyentes probablemente estaban bajo el influjo del trauma de la reciente guerra civil; quizás buscaron un modelo que ayudara a superar las divisiones de la sociedad costarricense y fortaleciera la democracia partidaria.  Uno que convirtiera fielmente los votos recibidos en escaños, incentivara la construcción de acuerdos previos a lo interno de los partidos mediante la conformación de las listas partidarias, y afianzara la estabilidad política.

Desde entonces han pasado 7 décadas; hoy Costa Rica es muy distinta a la nación de menos de un millón de habitantes que sirvió de escenario para la fundación de la Segunda República.  La revolución en el transporte, las comunicaciones y las formas de producción del último medio siglo, han tenido un impacto sin parangón en la historia de la humanidad en términos de velocidad y envergadura de los cambios.  La globalización, el galopante crecimiento urbano, la liquidez de las dinámicas de interacción social, los saltos culturales y la diversidad de subculturas, la desigualdad económica, la dispersión del poder en todas sus formas, entre otros fenómenos, plantean a nuestras instituciones desafíos que no eran ni siquiera imaginables para los constituyentes del 49.

Costa Rica se acerca a su bicentenario con 5 millones de habitantes que claman por un Estado más eficiente y por más y mejor representatividad. Por ende, lo que una nación madura debe hacer en un momento histórico como este es preguntarse responsablemente si el sistema electoral vigente favorece los propósitos y necesidades de la sociedad costarricense del siglo XXI.

Quienes conformamos Poder Ciudadano ¡Ya! estamos convencidos de que el modelo de listas cerradas partidarias de base provincial está desfasado y es más bien un despropósito. Ha contribuido a la desprofesionalización de la clase política y al distanciamiento creciente entre electores y representantes. El pueblo no se siente representado por quienes llegan a la Asamblea. No conocemos a los diputados y diputadas y los mecanismos de rendición de cuentas son casi nulos. El deterioro de la confianza ciudadana en los políticos es la norma. El desapego de los partidos y las ideologías ha generado una hiper-fragmentación política que confunde a los votantes y dificulta la gobernabilidad.

Eso se puede corregir en gran medida escogiendo un sistema electoral que conserve las bondades del sistema vigente, en particular la proporcionalidad, e introduzca el elemento cardinal que le hace falta: representatividad. La representatividad es el factor que permite a los electores tener control de quiénes los representan.  El sistema mixto proporcional concebido en Alemania en 1949 y adoptado posteriormente por varios países, entre los que destaca Nueva Zelanda, propicia los dos ideales de un sistema electoral: proporcionalidad y representatividad.

Poder Ciudadano ¡Ya! elaboró una propuesta de sistema mixto con la división del país en 42 distritos electorales, de cada uno de los cuales saldría electo un o una representante, uno por cada 70,000 electores aproximadamente. Por primera vez, los votantes de todo el país podríamos tener a un representante directo en la Asamblea. Eso es representatividad. También votaríamos por una lista nacional propuesta por los partidos, para conservar la proporcionalidad y permitir una variedad razonable de fuerzas políticas. Habría en total 84 legisladores. En www.poderciudadanocr.org encontrarán información abundante sobre el modelo propuesto.

En octubre de 2016 presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar el sistema electoral y adoptar el mixto proporcional. Fue suscrito por 14 diputados de las 5 fracciones más grandes de aquel momento.  Se le asignó el #20127.

En enero de este año, el Poder Ejecutivo convocó el proyecto #20127 a Sesiones Extraordinarias y el día 30 se le dio primera lectura en Plenario.  Después de la tercera lectura, que será a fines de febrero, el Plenario debe decidir por mayoría simple si admite la reforma para estudio. De ser admitida se crearía una comisión especial para dictaminarla.  Por ser reforma constitucional requerirá de dos legislaturas. El proceso es largo, pero ya se ha dado un pequeño gran paso para darle al país la oportunidad de modernizar y remozar su sistema electoral y, por ende, su democracia representativa.