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El día de ayer celebramos, por primera vez en el país, el Día Nacional de la Inclusión de las Personas en Situación de Calle. Por medio de un decreto ejecutivo que establece esta fecha —cada 9 de diciembre—, el presidente y el Gobierno de la República reafirman su compromiso con una agenda social robusta. Esta en particular es una de muchas acciones afirmativas para dar visibilidad a personas vulnerables que habitan en nuestras ciudades y promover una mayor inclusión; que tengamos una Costa Rica donde quepamos todas y todos.

Pero más allá de acciones afirmativas simbólicas, tenemos claro cuáles son las acciones necesarias para impactar de manera directa en el bienestar de las personas en situación de calle. No somos indiferentes ante sus necesidades de vivienda y albergue, de atención médica, de alimentación, de empleo y de ocio. Reconocemos que por cada persona que pasa frío en las aceras, por cada persona que no logra acceder a los servicios de salud, por cada persona que depende del consumo de drogas, por cada niña o niño fuera del sistema educativo por habitar en la calle, por cada una de ellas hemos fallado como país y como sociedad. Tomando responsabilidad de ello, y con el afán de que nadie se quede atrás, es que articulamos el trabajo de instituciones públicas, gobiernos locales, sociedad civil y el sector privado, poniendo a las personas en el centro de la política pública.

Algunas instituciones como IMAS, IAFA y la Municipalidad de San José realizan desde hace varias décadas esfuerzos para la atención de personas en situación de calle. Destaco el caso de San José, pues el foco de este fenómeno se centra en tres de sus distritos del cantón central. Sin embargo, no fue hasta el año 2016 en que se estableció una Política Nacional para contar con líneas estratégicas claras para prevenir y atender estas situaciones.

Hablar de personas en situación de calle también implica discutir sobre el consumo de drogas y su abordaje desde la perspectiva de salud pública. Un aspecto relevante de mencionar, pues transformó el paradigma de trabajo del IAFA, se dio también en la administración anterior al incorporar el modelo de reducción de daños y riesgos, que tiene como objetivo disminuir las consecuencias negativas sobre la salud, sociales y económicas del uso de sustancias psicoactivas. Este modelo de prevención, atención y acompañamiento se basa en la dignidad y bienestar de los grupos vulnerables y no necesariamente en su abstinencia.

Partiendo de estos avances, los retos que tenemos enfrente son ampliar la oferta de centros dormitorio u otras opciones de albergue, extender la red de dispositivos para prevenir y tratar adicciones que cumplan con la nueva normativa del IAFA, generar un protocolo de atención en clínicas y hospitales, regularizar la condición migratoria en algunos casos, favorecer la inclusión al mercado de trabajo para aquellas personas que han superado su fase crítica en calle y garantizar el acceso a los diferentes programas sociales.

En estos procesos, es necesario reconocer la labor de fundaciones, asociaciones y otros grupos de sociedad civil que acompañan y complementan las tareas de las instituciones públicas en la atención de las personas en situación de calle durante todo el año.

La construcción de un modelo de sociedad distinto y menos desigual es posible, un esquema basado en el empoderamiento y la independencia de las mujeres, en procesos educativos sin exclusiones, en la solidez de nuestro sistema de salud y de protección social y, por supuesto, en el reconocimiento pleno de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. La acción política tiene sentido cuando está al servicio de la gente. De ello va nuestro paso por la función pública: de asegurarnos que la Costa Rica del Bicentenario sea una nación más próspera, una sociedad en la que las oportunidades lleguen como nunca antes al mayor número de personas y en la que el Estado tiende la mano para que nadie se quede atrás.