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El Partido Hegemónico

Desde el IX Congreso Centroamericano de Historia, hace diez años, se demostró como la creación de la Dirección General del Servicio Civil en 1953, surgió como respuesta al interés de los ganadores de la Guerra, por limpiar el sector público del “caldero de comunistas”.

Mucho tiempo antes, Carlos Marx indicó como la superestructura se adaptaba a la estructura. La Costa Rica de la postguerra se organizó alrededor de un modelo político conocido como Partido Hegemónico,en el cual el Partido Liberación Nacional (PLN) edificó todo un entramado institucional, alguno heredado y otro nuevo.

Durante ese periodo (1949-1978) la institucionalidad respondía al PLN y cito dos ejemplos: la fundación de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) responde a la derrota que la izquierda le propició a las tesis liberacionistas en el Tercer Congreso de la UCR, la lógica era sencilla, “se me revela una U, fundo otra”.

El otro ejemplo es el del Partido Vanguardia Popular, que intentó incursionar en espacios políticos novedosos comunales tales como las juntas progresistas, frente a la ilegalización vigente de partidos de izquierda. Como dicha política tuvo éxito, el PLN creó en 1967 la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y las Asociaciones de Desarrollo Comunal.

En esa época era muy raro que alguien hiciera un gran juicio contencioso y lo ganara, que una ley se cayera por inconstitucionalidades impensable, porque el Poder Judicial respondía al partido hegemónico.

Durante ese proceso, el funcionario público se convirtió en un sector político determinante, en favor del partido hegemónico. Al punto en el que el PLN tenía mucho control sobre la mayoría de los sindicatos de ese sector.

Años 80, PLN y bipartidismo

El agotamiento del modelo de partido hegemónico, producto en parte por la crisis de los 80, se caracterizó por al menos dos procesos que me parece importante señalar: el surgimiento del bipartidismo y de una pugna interna en el PLN.

Esa pugna, que fue normal en otros partidos socialdemócratas, se dio según el sociólogo William Robinson entre una burguesía transnacional vinculada al sector exportador y a los mercados financieros y una burguesía nacional generada al amparo del Estado de Bienestar. Es claro que la burguesía transnacional se impuso y empezó el desmantelamiento del modelo de desarrollo que el PLN había edificado durante tres décadas.

Esta crisis no fue capitalizada por la izquierda, debido a la ruptura que se generó dentro de los partidos políticos que integraban la coalición Pueblo Unido a inicios de la década de los 80 y la del campo socialista sucedida a finales de esa década.

Obviamente, la institucionalidad pública se adaptó al modelo bipartidista, pero en el PLN en particular surgió una contradicción interesante, en la que ya ahondaré. 

¿Cómo se ganaba una elección desde finales de los 80 hasta entrado el siglo XXI?

Una familia liberacionista lideraba en algunos barrios la movilización del voto, a cambio le daban un puesto al primo como oficial de seguridad en RECOPE, por poner un ejemplo. Es decir, el sector público era botín usual en una partido como Liberación Nacional cuyos sectores dominantes le apostaban a un Estado más y más pequeño; evidentemente esta dinámica era contradictoria y tenía límites.

Salve decir que por lo general se reclutaban excelentes profesionales; incluso muchos funcionarios reclutados por clientelismo, terminaban brindando un buen servicio. La crisis de los años 80, como ha señalado Mauricio Castro, obligó a generar algunos pluses o incentivos salariales para retener al mejor personal dentro el sector público.

El cambio de modelo de desarrollo impulsado en los 80 hizo que los exportadores pasaran de aportar 30 de cada 100 colones al fisco a solo 3 de cada 100. Es decir, los grandes beneficiarios asumieron el mantenimiento del Estado como botín político, pero también como garante de servicios públicos, eso sí: más débil y más pequeño y con cada vez menos financiamiento. Esa contradicción al día de hoy no ha sido resuelta.

El Pacto Figueres-Calderón

Esta historia se complica a mediados de los 90.

Gerardo Riba e Irene Montero nos enseñaron a ver la corrupción de una forma distinta, ya no como casos aislados o como un problema de personas, sino como el funcionamiento de todo un entramado, que permitía a la corrupción operar como una forma de gobierno.

El Pacto Figueres-Calderón fue un evento en el cual se fundó la corrupción dentro del sistema político; el bipartidismo en ese momento funcionó como base para que el Estado fuera repartido y saqueado por carteles mafiosos.

El gobierno de Figueres Olsen sentó las bases de ese modelo. “Modernizó” la Contraloría General de la República (CGR) y removió a decenas de jefaturas incómodas, porque la corrupción como forma de gobierno necesitaba de una sintonía entre los tres poderes y los órganos contralores.

Por eso fue necesaria la ley 4-3, para reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y crear el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), empezar a crear las superintendencias, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y lo más grave en términos de corrupción, dejar impune el robo a los fondos de pensiones del Magisterio Nacional. No cabe duda de que hubieran vendido el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) si este pueblo no se los impide.

Todo fue parte, no del neoliberalismo (aunque si enmarcado en este modelo económico), sino de un complejo plan para construir la estructura delictiva.

Como en todo sistema mafioso se repartieron las zonas de influencia y en esto el ex-diputado Jorge Arguedas ha sido enfático: Al grupo de Calderón le tocaba la Caja y al grupo de Figueres le tocaba el ICE. La administración Solís Rivera mantuvo este patrón.

Esos dos grupos de poder funcionaron armonizadamente entre ellos, hasta que el bloque Arias apareció y los convirtió en convictos o prófugos de la justicia, apoderándose momentáneamente de sus áreas de influencia.

Esta situación explotó públicamente en el Poder judicial el año pasado, de hecho, la denuncia de El Cementazo y la salida de Carlos Chinchilla, son elementos clave para entender el posicionamiento de la Corte frente a la reforma fiscal.

Eso que llaman independencia judicial fue secuestrado por un partido hegemónico, luego por un bipartidismo y finalmente por una mafia política y en este país no pasó nada, por eso, el discurso de Fernando Cruz impresionó a tantos, así pasa cuando las garantías democráticas irrumpen en la escena política.

Así se asombró el PLN cuando la UCR echando mano de su autonomía le dio la espalda en 1973, solo que ahora los poderes hegemónicos no pueden crear otro Poder Judicial.

La Reforma Fiscal

El Proyecto de Ley Expediente 20.580 ha venido a meter ruido en todo este andamiaje. El capítulo tres y cuatro de la Reforma Fiscal esconde una forma solapada de resquebrajar un modelo institucional que ha sobrevivido a la guerra civil, a la crisis de los 80 y al apogeo del neoliberalismo en el mundo.

De hecho, hoy, cuando el extremismo de derecha se abre paso en algunos países de Europa y América Latina, tener la institucionalidad pública de la que goza Costa Rica, es realmente en el fondo, parte de quizás el consenso más fuerte que ha habido en nuestra sociedad después de la abolición del ejército.

Por eso hay ocasiones que yo no me explico como don Carlos Alvarado se deja influenciar tanto de los amigos ideológicos derrotados que tienen doña Rocío Aguilar y don Rodolfo Piza y no dimensiona a lo que se enfrenta.

Un gobierno no puede simplemente dilapidar la autonomía institucional y la independencia judicial con una vía rápida. Primero porque los constituyentes lo amarraron muy bien y segundo porque insisto, en el fondo es una institucionalidad que tiene soportes en un fuerte apoyo popular.

El verdadero riesgo que corre el Partido Acción Ciudadana (PAC), es que ese voto duro, de 300.000 funcionarios públicos, les dé la espalda, como empezó a hacerlo el Magisterio con el PLN después de la huelga de 1995. Ese voto es muy distinto al voto desesperanzado que migra radicalmente de una elección a otra.

Hoy ya sabemos que las normas de regla fiscal y empleo público serán inconstitucionales para las instituciones autónomas, las municipalidades y el Poder Judicial ¿En serio el PAC va a insistir en profundizar que los funcionarios del Gobierno Central sean los empleados públicos más mal pagados?

Yo espero que el presidente se ubique y piense con perspectiva histórica de dónde venimos y que puede ser de su Gobierno y su partido en el futuro.

El Frente Amplio, debe tomar como bandera, la defensa de que la crisis la paguen los evasores y defender el modelo institucional conciliado en la Segunda República, y en esa línea, capitalizar todo lo que se pueda. Ese es el gran reto de la izquierda, sumado a proponer las medidas para reactivar la economía y llevar desarrollo a las provincias costeras, esa es la agenda principal, sin distracciones de ningún tipo y apelar a las coincidencias en esta agenda, con las principales comunidades religiosas del país.

Tenemos que rescatar la coincidencia de la religión con la defensa de los más desfavorecidos en materia económica y recuperar el papel de las iglesias latinoamericanas en favor de los pobres, ese es nuestro camino.