Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

La situación financiera de los costarricenses es similar a la del Gobierno Central, en la mayoría de las familias los ingresos son menores que los gastos, por lo que recurren a diferentes mecanismos de financiamiento para cubrir este faltante.

Según un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a julio de 2018 se registró un aumento del saldo de deuda de tarjetas de ₡166  mil millones (14,6%), con respecto a julio del año anterior, para un total de ₡1.303.776 de millones, lo que es cerca de 3,76% del Producto Interno Bruto (PIB), por el lado de las tasas de interés, 80.2% de las tarjetas en circulación en colones cobran tasas entre 40 y 50.4%, mientras que en dólares el 85.16% de las tarjetas cobran tasas de interés entre 30 y 39.9%.

Así mismo, el estudio determinó que la morosidad de 1 a 90 días llegó a un 10,14% y del 4,5% para la morosidad de más de 90 días.

Ante esta problemática, ha surgido el proyecto 20.861 conocido porque busca “defender a los consumidores”, poniendo tope a los intereses en tarjetas de crédito y préstamos con el fin de combatir la usura. A primera vista este proyecto no presenta más inconvenientes, pero a la hora de realizar el análisis económico y de revisar la experiencia a lo largo de América Latina, nos lleva a cuestionarnos si esta es realmente una solución al alto endeudamiento presente en la sociedad costarricense.

En países como Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay se adoptaron medidas en las que se pusieron topes a las tasas de interés en búsqueda de una mayor protección de los consumidores —como se plantea en nuestro país—. Estas experiencias se caracterizan por los efectos negativos en el acceso al crédito por parte de la población, significándose una exclusión al sistema financiero. Por otro lado, los agentes económicos que se ven afectados por la inaccesibilidad al crédito dado los topes en las tasas no ve frenados realmente el financiamiento, ni mucho menos las tasas desproporcionales, ya que en estos países los agentes han encontrado fuentes de financiamiento en el sector financiero  no regulado.

Por otro lado, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) se han pronunciado en contra de la aplicación de estas medidas y ha llegado a condicionar la adhesión de algunos países como en el caso colombiano.

Desde un análisis económico, estos topes nos generan una ineficiencia en el mercado crediticio, ya que se rompe el equilibrio del mercado ante una obligatoriedad de prestar a tasas inferiores, además, la cantidad de crédito dispuesta a ofrecer por parte de las instituciones financieras es menor, por lo que existiría un exceso de demanda que no se podrá satisfacer. Asimismo, es necesario entender el porqué de las altas tasas de interés, existe una correlación positiva entre el interés y el riesgo, por lo que las personas con alto riesgo no tendrá acceso al crédito dado el tope, ya que las entidades financieras no podrán cubrir los costos asociados al riesgo que representan dichos usuarios.

Este no es el remedio para la enfermedad, la solución no es limitar el crédito y aventajar al sector informal, la solución es más integral, existe la necesidad de promover una educación financiera eficiente, con campañas en que la población se sienta informada acerca los riesgos que envuelven el mercado crediticio, esta sí es la real protección para los consumidores costarricenses.