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Ya que a la defensa de privilegios empieza a caérsele la careta y la infructuosa huelga se tambalea, han surgido ahora voces que claman por los riesgos que implica la Regla Fiscal en el proyecto 20.580.

Recientemente, Juliana Martinez, connotada investigadora en temas de política social, publicaba un artículo de opinión,  Según interpreto de dicho artículo, su argumento es que la inversión social importa, y como importa tanto no debería ser sujeto de la regla fiscal. Semejantes argumentos han sido esbozados últimamente por quienes se oponen al proyecto 20.580, muchos sembrando temor de posibles recortes a los programas sociales.

En algo definitivamente concordamos: en un país con creciente desigualdad, con nichos de riqueza y grandes extensiones de pobreza, la inversión social importa, y mucho. En lo que no concordamos es en que aumentar la inversión social sea la solución a dichos problemas o la garantía de que avanzamos en la dirección correcta.

Existen algunos puntos importantes que se tergiversan cuando se habla de regla fiscal. Establezcamos entonces, antes que nada, un par de realidades por sobre los mitos:

No se recorta, se norma

La regla fiscal no establece reducciones, sino topes y flexibilizaciones. A nadie se le va a recortar ningún presupuesto actual y lo que esta establece son límites a los porcentajes de crecimiento. Entonces la regla fiscal no dice que Hacienda va a reducir las inversiones en un programa u otro, sino que Hacienda puede determinar el destino de las inversiones según una serie de prioridades. En su artículo, 19 el proyecto 20.580 establece que el Ministerio de Hacienda "decidirá, mediante criterios de suficiencia fiscal, el respeto a los derechos fundamentales y siguiendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el monto a presupuestar a estos órganos y su crecimiento".

Es decir, tampoco es una carta blanca que se le da al ministerio, sino que se establece la necesidad de alinear las inversiones con la cantidad de dinero disponible y después distribuirlas con respecto a las prioridades nacionales. He ahí dos principios básicos de la administración —si bien quieren llamarlos principios "meramente contables y fiscalistas"— y del manejo de las finanzas de cualquier organización:

  1. El apego a no gastar dinero que no se tiene de forma excesiva (no sobrendeudarse para no tener problemas de liquidez).
  2. La necesidad de alinear la inversión a los objetivos fijados en los planes plurianuales.

Así que, en la medida que no perdamos de nuestras prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo la importancia de reducir la pobreza y la desigualdad, no deberíamos perder los financiamientos para las transferencias de ayudas sociales como FODESAF. Dicho plan, debe decirse, no es antojadizo o improvisado, sino que se crea por mandato de ley bajo la rectoría del MIDEPLAN y en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Planificación. Esta incluye coordinaciones con entes públicos regionales y centralizados, así como coordinación con entes de cooperación internacional. Puede leerse desde el sitio del MIDEPLAN, el plan actual, dedicado esta vez a la memoria del gran escritor y político, Alberto Cañas.

Lo otro que establece el proyecto es la flexibilización, según su artículo 22, de los presupuestos y las transferencias entre ellos. Ahí se establece que Hacienda gana flexibilidad para poder mover presupuestos de una entidad a otra, "para garantizar el financiamiento de las instituciones y programas de desarrollo social y económico". Como bien sabrán ya los lectores, el trabajador público no puede hacer nada que la ley no le faculte y debe hacer todo lo que esta le obligue. Así que un artículo que dice que Hacienda debe garantizar el financiamiento de los programas de desarrollo social, es bastante claro en su instrucción a la ministra o ministro de turno, ya que son empleados públicos y esta ley así se los ordena.

¿Los presupuestos deben seguir creciendo como crecen hoy?

Establecidos ya dos puntos específicos de los alcances del Proyecto De Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, quería, ahora sí, entrar a lo principal que debemos discutir.

Al final de cuentas, quisiera creer que aún hoy lo que todos queremos es sacar a la gente de la pobreza y lograr una sociedad más justa y equitativa (tal vez haya algunos privilegiados que miran al resto con desdén). Pero asumir que eso lo lograremos a punta de transferencias financieras para programas de asistencia social es una falacia y un error lógico ya demostrado. Por un lado, tengamos claro que del 2007 al 2016 las transferencias subieron a una tasa superior al 4% anual. Esto significa que como muchos de los programas sociales tienen montos porcentuales definidos en leyes específicas, nos vemos forzados como país a invertir mucho más de lo que esas mismas instituciones pueden manejar.

En Diciembre 2017, por ejemplo, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) presentaba un superávit de ȼ155.850,64 millones de colones y adujo que se debía a la tramitología y la necesidad de permisos. El PANI no ha superado el 83% de ejecución presupuestaria nunca, y a veces no ha gastado ni el 74% de lo que pidió. En el pasado hemos visto ejemplos similares en otras instituciones. Si los números duros no les convencen, recordarán sin hacer mucho esfuerzo múltiples casos de despilfarros institucionales promovidos por la ineficiencia administrativa y la existencia de superávits. Entonces, ¿para qué pretender darle más fondos a instituciones que no logran objetivos ni pueden gastarlos?

Pero bueno, digamos que esto se debe corregir y que los fondos se deben girar y gastar. Pues bien, no hace mucho hubo un polémico recorte al presupuesto del PANI para el 2017 con el cual muchos estuvimos en desacuerdo. El recorte, de poco más de 47 mil millones de colones, fue declarado inconstitucional y el PANI recibió entonces, por medio de presupuesto extraordinario, los fondos extra.

¿Dónde fueron esos fondos? Pues yo desconozco si lograron completar el proceso (ya que se congelaron las plazas por decreto) pero lo que el PANI hizo al recibir nuevos fondos fue intentar contratar 845 personas más. A menos que contrataran a personas pobres, poco impacto tendrá la medida en atender a la niñez o bajar la pobreza. Si la reacción institucional cada vez que se recibe presupuesto es gastar en plazas, pues tenemos un síntoma más de la canasta con huecos que es nuestro Estado, capaz de devorar dineros más rápido que chupacabras suelto en la ganadería Tres X.

Al final, ¿qué ganamos con que crezca el presupuesto?

Cabe entonces volver a lo mencionado al inicio. Concordamos en que queremos bajar la pobreza y mejorar los niveles de equidad. Si seguimos aumentando los presupuestos, ¿qué ganamos? ¿alcanzamos el objetivo? Pues resulta que con dicha tasa de crecimiento de la inversión de alrededor de 4% hemos más que duplicado la inversión social (en términos nominales) en los últimos 20 años, sin que la pobreza se bajara un ápice, y eso que en esos mismos años la inflación se ha mantenido estable, muy por debajo del 3% y hemos tenido una expansión del PIB, las exportaciones y diversificado la economía.

Es así que incrementamos gastos en transferencias que pasaron de ser menos de 4.5% del PIB a más del 7.5% del PIB —y el PIB creció mucho en esos 20 años—. Y sin embargo, le repito, la pobreza no bajó en nada y para colmo la desigualdad creció en ese tiempo.

Me dirá usted que la pobreza no creció gracias a esas transferencias, y esto es parcialmente cierto. Sin embargo le expongo, por citar alguno de los tantos estudios, el resultado de la reciente Encuesta Nacional de Hogares 2018 del INEC. El detalle del estudio vuelve a apuntar al hecho de que las razones de la pobreza no son tratadas ni solventadas por las transferencias. El estudio arroja un resultado nada sorprendente y bastante contundente: la pobreza está atada a la falta de empleo, en especial el de las mujeres, más que a ningún otro factor. Lo mismo lo había dicho el Estado de la Nación ya varias veces, así como diagnósticos de las muchas consultorías de entes internacionales.

La eficiencia de lo público

Queda entonces expuesto que dando bonos y becas no las vamos a ayudar a salir adelante. Dando préstamos blandos, capacitación y apoyando el crecimiento de la economía y sus encadenamientos sí podemos apoyar a nuestra gente a salir adelante. Se ocupa urgentemente empleo. No más plazas como las del PANI o presupuestos subutilizados. Se necesita eficiencia y gestión coordinada. Así logró nuestro actual presidente impactar la pobreza desde el IMAS en su pasada gestión. Así lo impulsó la excelente iniciativa de don Ottón Solís Fallas y su propuesta de ley CERRAR (Cerrar instituciones, Eliminar duplicidades, Reunificar funciones, Redefinir rectoría, Ahorrar recursos y Reducir la pobreza). Unificar para mejorar la gestión es la mejor forma de darle a la pobreza golpes certeros. En vez de pelear por defender la ineficiencia, defendamos la eficiencia y aceleremos el cambio.

Al final, es claro que las transferencias deben mantenerse y deben crecer, pero tal como lo establece la Regla Fiscal, deben crecer de acuerdo a nuestras posibilidades y cuando haya presupuesto para poder hacerlas crecer. Mientras no haya presupuesto, es mejor concentrarnos en la calidad del gasto: ¿cuáles programas vale la pena tener y mejorar? ¿Cuáles programas gastan más en su administración que lo que entregan a los beneficiarios?

Como lo ha dicho nuestro presidente en varias ocasiones: la eficiencia de lo público debe ser nuestra prioridad. No se trata de recortar programas ni dejar de apoyar a quienes nos necesitan, todavía muchos creemos en el modelo solidario costarricense. Se trata de invertir los ya enormes fondos que asignamos a estos programas y gastarlos donde hacen alguna diferencia.

Como nota final, el presupuesto de FODESAF para el 2018 es de 610.196.800.000,00 colones. Sí, son 610.197 millones de colones. Seiscientos diez mil ciento noventa y siete millones de colones. En dólares sería más de 1.020 millones de dólares. Es tanto lo de FODESAF que si quisiéramos bajar la pobreza a la mitad, bastaría con tomar ese presupuesto y repartirlo entre las personas pobres.

Según la última encuesta nacional de hogares hay ahora 328.848 hogares en condición de pobreza. FODESAF podría darle un salario mensual a la mitad de todos esos hogares de 309.259 colones y llevar la pobreza por debajo del 10% por primera vez en la historia (y este es sólo uno de los programas de asistencia social).

Juzgue usted ¿Es malo que una regla fiscal desacelere el crecimiento de los presupuestos cuando el 50% del presupuesto nacional se paga con plata prestada?