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Imagine que lleva años poniendo todos sus gastos en una tarjeta de crédito de la que usted ha decidido no conocer ni el límite para compras, ni los intereses. Ha acumulado todos los estados de cuenta sin abrir en una esquina de su casa y se ha dedicado a hacer pagos parciales (cuando puede), esperando seguir beneficiándose indefinidamente de su crédito. Si se lleva un susto, recorta algunos gastos. Un día, la tarjeta de crédito no pasa.

Esta es la forma en la que nos hemos relacionado con nuestros mares y sus recursos. Pensamos que podemos sacar de ellos todo lo que necesitamos, sin revisar un estado de cuenta para saber el balance real de ese crédito, sin información sobre los intereses altísimos que estamos pagando; y tomando medidas de corto plazo en lugar de hacer un serio análisis sobre la administración de nuestros recursos. Además, mientras sacamos todo lo que podemos de los mares, depositamos en ellos lo que nos estorba —el 25% de los residuos sólidos producidos a diario se acumulan en ríos y mares—.

La administración responsable de los mares conlleva mucho más que medidas sectoriales para regular actividades como la pesca. Implica analizar todas las actividades económicas que se dan en el mar, y atender las limitadas oportunidades de desarrollo para las comunidades costeras.

Desde el 2012, en los procesos preparatorios para Río +20 se empezó a hablar de economía azul como un enfoque integrador para un cambio de visión sobre los mares. El Banco Mundial lo define como el uso sostenible de recursos marinos para promover el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de las comunidades y procurar la salud de los ecosistemas marinos. Requiere tomar en consideración todas las actividades que se dan en el mar, todos los intereses de los usuarios y los beneficios que derivan de los ecosistemas marinos y costeros.

En el esquema tradicional (bussiness as usual), los recursos marino-costeros son vistos únicamente como recursos para aprovechamiento. La conservación y la salud del ecosistema marino han sido percibidas como los enemigos. En Costa Rica, esta visión divorciada de la conservación ha resultado en la disminución de la captura total de productos pesqueros en 52% entre 2002 y 2014, la reducción de la cobertura de manglar  en 27.1% entre 1992 y 2013, y la amenaza del 93% de los arrecifes de coral por actividades humanas. Mientras tanto, las poblaciones costeras se mantienen como las zonas con mayores índices de pobreza.

Los primeros pasos hacia una economía azul en Costa Rica implican:

  • Generar una valoración económica de todos los bienes y servicios marino-costeros, y su inclusión en nuestras cuentas ambientales nacionales.
  • Desarrollar esquemas de gobernanza y gobernabilidad que superen la dicotomía entre aprovechamiento y conservación. La coordinación y la creación de una agenda común entre todas las instituciones competentes es vital para la gestión eficiente, integral y participativa.
  • Decidir sobre la gestión de los mares con una base científica robusta.
  • Establecer sistemas transparentes para compartir información sobre la gestión de los mares entre instituciones y con el público, tanto a nivel nacional como regional.
  • Mejorar los sistemas de control y vigilancia con plataformas modernas y ágiles para proteger los recursos existentes y cooperar entre países (incluso en áreas fuera de la jurisdicción nacional).

Hemos empezado la transición hacia la economía azul: estamos acercando la conservación y el aprovechamiento en los planes pesqueros de atún, revisando el rol de las áreas marinas protegidas para las actividades económicas y calculando el valor de servicios ecosistémicos en sitios clave como la Isla del Coco. Sin embargo, falta mucho aún para entender el mar no como una línea de crédito sino como una cuenta corriente con beneficios que debemos administrar responsablemente. Le corresponde a nuestra generación dar ese paso.