Un criterio de la Dirección Jurídica remitido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia señaló que el plan fiscal, aprobado en primer debate por los diputados, incide en la organización, funcionamiento e independencia del Poder Judicial.
El documento de 31 páginas, del cual Delfino.cr tiene copia, es un insumo a los altos jueces que el próximo martes emitirán pronunciamiento sobre el plan fiscal y que, si lo hacen de forma negativa, pondrían entre la espada y la pared a los diputados.
Según la Constitución, el Congreso requiere 38 votos para apartarse del criterio negativo de la Corte Suprema en proyectos que afecten su organización y funcionamiento, sin embargo, los diputados podrían decidir aprobar el proyecto sin esa mayoría, al considerar que no afecta al Poder Judicial y dejar el tema en manos de la Sala Constitucional.
Ese tribunal ya ha señalado qué tipo de proyectos afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial y señaló, en reiteradas ocasiones, que el efecto presupuestario para la Corte de una ley aprobada por el legislativo no es un criterio constitucional de relevancia.
El criterio de la Dirección Jurídica señala que el plan fiscal afecta las potestades de "autogobierno" que tiene el Poder Judicial en materia de empleo público y que la regla fiscal contenida en el mismo pone en riesgo los destinos específicos creados a favor del Poder Judicial, en caso de que la deuda del país supere el 50% del PIB.
Asimismo, el documento afirma que el proyecto al eliminar la posibilidad de otorgar incentivos mediante reglamento o acto administrativo, afectaría "sensiblemente" al personal del Organismo de Investigaciones Judicial.
"Se advierte que la implementación del proyecto implicará un debilitamiento de las condiciones salariales de los funcionarios judiciales y una reducción de la deseabilidad de ingreso a la carrera judicial".
Para justificar lo anterior, el criterio jurídico afirma que tocar el salario de los funcionarios judiciales podría ser una forma de ejercer presión sobre la Corte.
"En términos normativos es de advertir que el indicado proyecto impactaría las competencias institucionales que la Ley de Salarios del Poder Judicial le asigna a la Corte Suprema de Justicia, dando un carácter regresivo a dicha normativa, creada para fortalecer la independencia judicial", afirma.
Finalmente, el documento califica de "lesión a la independencia judicial" el hecho de que la anualidad únicamente se de con base a una evaluación del desempeño, como ocurre en el resto del sector público.
