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 La Agenda Neoliberal

En la Asamblea Legislativa se discute el Proyecto de Ley 20580 “Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”  conocido  coloquialmente como “reforma fiscal”.

Hay dos razones fundamentales, en mi criterio, para oponerse a dicho proyecto, primero que es una reforma injusta, que “apenas le hace cosquillas” al gran capital evasor, de lo cual se ha escrito mucho.

Quiero en cambio, hablar de cómo la reforma es una estrategia neoliberal para debilitar nuestro Estado Social de Derecho.

Quizás lo primero que hay que apuntar es que desde finales de los años 80, buena parte de América Latina y el Mundo, se entregaron a los postulados neoliberales que apostaban por un debilitamiento del Estado.

En Costa Rica, aunque la oleada neoliberal fue dura, no consiguió todos los objetivos propuestos, por muchas razones, incluyendo una oposición popular a las privatizaciones, gracias al arraigo institucional público en muchos sectores de la población y la conformación del funcionario público, como un actor político con mucha incidencia.

Después del intento de privatización del ICE, en el año 2000, derrotado por una gran movilización popular, los sectores neoliberales utilizaron otros métodos más leves de debilitamiento del Estado, aunque el sector revolucionario neoliberal siempre estuvo presente, esperando el momento para volver a impulsar su agenda.

En otras partes del mundo, conforme esas tesis fueron fracasando en su combate a la pobreza y el estancamiento del desarrollo, cada vez tenían menos y menos apoyo, al punto que en varios países de América Latina se ha optado por una renacionalización de lo público, queriendo imitar el fortalecimiento de muchas instituciones públicas como las tiene Costa Rica. Por ejemplo, Argentina renacionalizó su empresa de combustibles y Chile retrocede en la privatización de su sistema de Salud.

Ahora bien, en la pasada campaña electoral, el Partido Acción Ciudadana tuvo que realizar una alianza con estos neoliberales para poder acceder al poder y una vez ganadas las elecciones el presidente Carlos Alvarado le entregó toda la agenda económica a este sector político-ideológico.

Todo esto se dio en medio de una delicada crisis fiscal que amenaza las finanzas públicas y que ha sido la excusa perfecta, en la línea de la “doctrina del Shock” teorizada por Noamy Klein, para dar un gran avance en la revolución neoliberal en nuestro país.

Volviendo al proyecto de ley, la rapidez intempestiva con la que ha sido discutido la reforma fiscal habla mucho de lo rápido que desean aprobar una ley tan impopular. Mientras los neoliberales asustan con la crisis inminente cada vez que alguien insinúa someter a análisis el texto legislativo.

El último texto, acordado en la comisión por 5 diputados de la troika PAC-PLN-PUSC, entre 4 paredes, apareció el pasado 14 de agosto y en solo 6 semanas se apresta iniciar su veloz trámite en primer debate, sin que haya sido siquiera consultado, a las instituciones afectadas.

Así, nuestro Estado Social de Derecho, construido durante décadas, pretende empezar a ser desmantelado con unos pocos artículos, que irán debilitando poco a poco nuestras instituciones públicas.

Lo primero que hay que sospechar del proyecto es que mete a todas las instituciones autónomas en la misma contención del gasto, incluso las que generan sus propios ingresos y operan en competencia. Uno se pregunta: ¿qué tiene que ver esto con el déficit del Gobierno Central?

Los complementos salariales (pluses): Un análisis técnico

No por cualquier cosa la Administración Pública es una ciencia, una carrera universitaria con amplio desarrollo, que busca la mejor gestión de los recursos de todas y todos, en favor del interés público.

Sin embargo, la política y la politiquería, bajo la excusa de la crisis, están tomando muy poco del análisis científico de esta disciplina, alrededor del tema de los complementos salariales.

Me referiré a los artículos 26, 36, 54 y 55 de la reforma fiscal y su profunda afectación a la institucionalidad pública.

El artículo 26 lo que hace es definir el ámbito de aplicación de la nueva legislación, metiendo a todo el sector público, los tres poderes, instituciones autónomas y municipalidades.

El artículo 36 rebaja el complemento salarial de prohibición del 65 al 30%. El 54 ordena convertir cualquier plus a un monto nominal, referenciado al salario base de enero 2018 sin poder actualizarlos y el 55 impide a todo el sector público la creación de nuevos pluses.

Mucho se habla de los llamados “pluses” del sector público, pero poco se sabe de ellos.

Quizás lo primero que diríamos, es que los pluses no están vinculados a las personas, sino a una condición laboral.

La reforma fiscal plantea la afectación como un tema individual de cada trabajador y pretende solucionar los derechos adquiridos de los trabajadores antiguos, indicando que no los afectará. Es decir, lo plantea en términos personales, pero lo que yo sostengo es que la afectación no tiene una arista solo personal, sino institucional.

Este es el discurso de la troika de partidos que impulsan la reforma y los medios de comunicación y demás poderes fácticos que la impulsan.

Sin embargo, los pluses son una fortaleza institucional para ofrecer servicios públicos de calidad.

Por ejemplo, el plus de peligrosidad que reciben los técnicos del ICE que trabajan con alto voltaje, es un plus ligado a una condición laboral, pero quién va a querer trabajar con alto voltaje, si ese plus se convierte en una suma nominal y se congela, tal y como lo propone el artículo 54.  Con el paso de los años y la pérdida de poder adquisitivo, llegará a valer nada.

El mismo plus aplica para policías de la Fuerza Pública y para los funcionarios del poder judicial (jueces, fiscales, defensores públicos y personal del OIJ) que combaten el narcotráfico en zonas alejadas. ¿Qué funcionario querrá exponerse a esas situaciones en un futuro? ¿Cómo debilitará esta reforma a la institucionalidad judicial y la política de combate al crimen organizado?

Lo mismo el plus de la disponibilidad, va ligado a la condición de estar disponible fuera de la jornada de trabajo.

Dicho plus hace, en algunos casos, que se gestionen mejor los recursos y que el Estado ahorre. Por ejemplo, un técnico en telecomunicaciones del ICE, que tiene que atender una avería de cables en la madrugada. Pagarle la disponibilidad es más barato que tener a otro técnico en horario de madrugada, pagándole el doble, esperando a ver si sucede algo.

Imaginémonos los millones que perdería el capital financiero, si un enlace de internet del ICE sufre un desperfecto en la madrugada, en una zona donde hay empresas que ofrecen servicios financieros vía internet las 24 horas. Porque el futuro de la digitalización —de buena parte de la vida humana— está a la vuelta de la esquina.

Los buenos servicios públicos protegen a todo el mundo, a los pobres, pero también a los empresarios. Pero si la reforma se aprueba, dentro de unos años quién va a querer asumir una guardia —para atender una avería eléctrica o de telecomunicaciones— si el complemento salarial se pasa a un monto nominal y se congela.

Esto aplica de la misma forma para el personal judicial de flagrancia, penal o violencia doméstica, porque la agresión a mujeres y los homicidios no tienen horario. Aquí nuevamente afectamos a la institución o bien encarecemos el servicio, teniendo personal en horario nocturno, recibiendo doble paga, esperando que algo suceda, no tiene sentido.

Algunos pluses de disponibilidad como las guardias médicas, son un complemento salarial usado en muchos hospitales públicos del mundo. ¿Cuánto vale una guardia de un cirujano de emergencias un domingo? No lo sabemos, seguro que bastante, pero ¿Cuánto vale una vida? y con esto me refiero a la etiqueta política de los ciudadanos “Pro-vida” ¿Qué cirujano va a querer hacer una guardia, sin un incentivo que sea porcentual y actualizado?

Pasemos al plus de prohibición, que se rebaja a más de la mitad, realmente queremos que los nuevos jueces empiecen a compararse salarialmente con sus pares más antiguos ¿A eso queremos llevar nuestra administración de justicia?

La correcta administración de justicia, impide que un juez laboral cierre su juzgado a las 4:30 y pase a asesorar patronos o sindicatos, o un juez penal, cerrando su juzgado, pase a asesorar a personas acusadas en materia penal. Hay profesiones que por una sana administración pública, no deben ejercer liberalmente y por ende, no deberían tener diferencias salariales con sus homólogos cuando realizan las mismas funciones, salvo por méritos propios.

El proyecto, cercena toda esa autonomía institucional del ICE, la Caja y el Poder Judicial, solo por mencionar algunas instituciones. Debemos defender esa capacidad legal de nuestras instituciones —reconocida constitucionalmente en algunos casos— de adaptarse a las nuevas condiciones laborales, más aun las que operan en competencia.

El 20.580 vendría a debilitar poco a poco estas instituciones, porque el mecanismo tan acelerado de discusión, ha sido utilizado por los neoliberales para introducir su agenda de debilitamiento del Estado, sin mayor discusión y con la excusa de una crisis inminente.

Déjenme mencionar también los pluses del magisterio para la educación primaria y secundaria. Este país pudo educarse al 100%, cuando solo existía la Escuela Normal, porque nuestros estadistas visionarios, generaron pluses para las zonas de menor desarrollo, el recargo entre otros.

No podemos desatender la calidad de la educación en las zonas más alejadas, congelando estos pluses y transformándolos montos nominales.

Por todo esto, habría que devolver la reforma a su comisión legislativa y ya sea sacar estos temas o debatirlos ampliamente en un espacio de diálogo.

No creo que los manifestantes, incluso algunos defensores de la reforma, estén conscientes de esta situación, pero la lucha de los opositores a la reforma con solo lo mencionado, les da la razón a sus planteamientos de pausar el proyecto.

Como académico, escribo estas líneas, porque buena parte de lo que soy, se lo debo a la educación pública y a la fortaleza de sus instituciones. Creo sinceramente, que en estos temas, la reforma fiscal se aleja mucho del interés público y se acerca a una agenda dosificada, donde los enemigos de lo público lograrán debilitar poco a poco, la institucionalidad que nos ha hecho distintos, en el concierto de las naciones.