Mideplán se opone a proyecto para sacar al OIJ de la Ley Marco de Empleo Público

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zuñiga López manifestó esta tarde la importancia del proyecto de ley para sacar al OIJ de la Ley Marco de Empleo Público, así como de las restricciones que impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a realizar ajustes salariales al personal de esa institución.

En conferencia de prensa Zúñiga destacó que entre el 2011 y el 2017 se registró la salida de solo 14 personas del OIJ, siete investigadores y siete personal no investigador, pero desde 2018 comenzó a darse un “éxodo importante de personal” de más de 300 personas en cinco años, que señalaron es consecuencia de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018, y la Ley Marco de Empleo Público en 2022.

Zuñiga justificó el apoyo al proyecto de ley presentado por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz señalando que la implementación de ambas leyes no generan un verdadero ahorro al OIJ, ya que cada puesto que debe sustituirse le termina costando a la institución más de lo que se ahorra, asegurando que sustituir un perito científico les cuesta unos 100 millones de colones, y para sustituir un agente se requieren por lo menos 10 millones de colones. Según los datos que brindó el jerarca del OIJ durante el 2023 la institución gastó 700 millones de colones en la sustitución de personal.

El jerarca del OJI añadió que, debido a la Ley Marco de Empleo Público, las personas cuyo salario actual quedó por encima del salario global para su puesto van a tener que esperar varios años para que el salario global los alcance, lo que, según Zúñiga, representa que las personas deberán pasar entre 10 y 20 años para volver a recibir un aumento.

Adicionalmente, ese plazo se va a extender debido a que los ajustes por costo de vida a los salarios globales no se aplicarán hasta que la relación deuda-PIB baje del 60%, lo cual en el mejor escenario posible significa que el próximo ajuste por costo de vida se podría realizar hasta enero del 2026,  siempre que este 2024 se logre la meta de que la relación deuda-PIB baje del 60%.

Durante la conferencia de prensa, Zúñiga señaló:

Nosotros no estamos pidiendo un aumento presupuestario, no estamos pidiendo nada de eso. Lo que estamos pidiendo es para mantener esa competencia técnica del personal que tenemos y que podamos seguir siendo útiles a Costa Rica. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos responder a los desafíos de la criminalidad que tenemos ahorita con el mejor recurso".

Zuñiga señaló que, actualmente, “la lucha es entre grupos criminales porque el grupo rival le estorba al grupo dominado”, y advirtió:

En el momento en que en este país se mate un fiscal, a un juez de la República, a un jefe policial, a un director de la Policía, se mate a un diputado, o se mate a un ministro, o cualquiera de esas personas que ocupan cargos importantes dentro del gobierno, ahí entraremos en Costa Rica desgraciadamente en una nueva era que se va a llamar narco-terrorismo, porque se va a utilizar el terror de matar a funcionarios públicos”.

La iniciativa de ley (expediente 24.191) fue presentada la semana anterior por parte de la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, y contó con la firma de respaldo de 18 congresistas adicionales de las cinco bancadas legislativas de oposición.

Mideplán se opone a proyecto

Las declaraciones del jerarca del OIJ se dieron luego de que esta mañana el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) manifestara su oposición al proyecto de ley.

La ministra Laura Fernández Delgado señaló:

El rol del Organismo de Investigación Judicial es sumamente relevante para nuestro país, así como su importancia estratégica para el combate de la criminalidad, sin embargo, no se necesita una ley que abra portillos que los sacaría de Empleo Público para que el OIJ pueda tener salarios competitivos”.

Desde Mideplán justificaron su oposición al proyecto señalando que, aunque el rol del OIJ es clave para el combate del crimen organizado y la inseguridad nacional “no es propio excluirlo de la Ley Marco de Empleo Público o la de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas alegando que ambas normas perjudican la labor del OIJ”.

Adicionalmente, recordaron que el Poder Judicial, al cual pertenece el OIJ, se declaró “exclusivo y excluyente” de la rectoría de Mideplán en materia de empleo público, y todavía no ha oficializado los salarios globales definitivos de sus puestos, incluido el personal del OIJ, y que bajo la ley actual existen la posibilidad de que el Poder Judicial factores adicionales a cada puesto y la asignación de puntos a cada factor para reconocer que puedan ganar más salario personas con labores complejas, con riesgo, que requieren disponibilidad, que tengan desgaste físico, emocional y cualquier otro factor que estimen propio del puesto.

Además, desde Mideplán alertaron que de excluirse un grupo de la Ley Marco de Empleo Público se abriría “un arriesgado portillo para que otros grupos reclamen el mismo tratamiento”, por lo que señalaron que “sería caer en un error hacer exclusiones de la ley de instituciones que dependen del presupuesto nacional”.

Adicionalmente, recordaron que para aquellas personas que continúan con el modelo de salario con pluses, pueden seguir recibiendo sus pluses y anualidades siempre y cuando sus salarios no resulten superiores a los que se fijen como salarios globales.

Mideplán advirtió que uno de los logros para controlar el crecimiento del gasto fue que los pluses salariales requieran aprobación por vía de ley, por lo que devolver al Poder Judicial la potestad de crear o aumentar los montos de anualidades significaría “un grave retroceso en materia de manejo responsable de las finanzas públicas”.

Finalmente, la jerarca de Mideplán enfatizó en que la estabilidad laboral que tienen las personas del sector público es un beneficio que no han cuantificado, pero debería verse como una compensación no económica importante.

Sobre la posición de Mideplán la diputada Cambronero señaló en un video circulado a la prensa:

No nos toma por sorpresa la conferencia de prensa de hoy de la ministra de Planificación como reacción al proyecto de ley que busca fortalecer las capacidades del OIJ, y es que este Ejecutivo no ha tenido la capacidad de tener acciones concretas y oportunas en materia de seguridad. Nos corresponde a nosotros como legisladores hacer las propuestas que sean necesarias porque esto es un mandato que nos da la población. Los costarricenses estamos urgidos de acciones prontas en materia de seguridad y debilitar al organismo de investigación judicial sin duda es un acto grave".

La diputada del PLP añadió que el objetivo del proyecto "es que tengamos un OIJ fortalecido con las capacidades necesarias y el recurso humano necesario para que haga las investigaciones judiciales en el tiempo que corresponda", y aseguró que continuará trabajando con el resto de las bancadas legislativas para avanzar el proyecto.