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En el debate político costarricense sobran inquinas y escasea la objetividad. Hoy, se echa de menos el análisis reposado que le huye por principio moral a la superficialidad maniquea de quienes colocan a los sindicalistas de un lado y a los empresarios de otro, obviando a los ciudadanos como verdadera mayoría y sobre todo al gobierno como minoría responsable de semejante monumento a la impericia política, que es lo que termina siendo esta huelga que, si no se salió ya de las manos, está a punto.

Lo que no sobra por estos días es un análisis que, además, esquive por imperativo ético y profesional, el enfoque direccionado y maledicente que tanto se parece al cálculo hipocritón o pesetero, de quienes antes de hablar calculan los likes de los jóvenes y los aplausos del resto, las reverencias del oficialismo y las invitaciones de la prensa oficialista, esquivando olímpicamente decir las verdades incómodas para los que hoy y por un tiempito más, ejercen el poder transitorio, producto de ese espejismo electoral por el que como país procrastinado, acabamos de atravesar.

En fin, el punto es que no hace falta declararse sindicalista ni ser funcionario público para rescatar y reconocer algunas ideas y principios que inspiran la huelga. Como tampoco hay que jurarse empresario o profesional liberal para emprenderla a pedradas verbales contra los marchantes.

El caso es que aquí la discusión ha desplazado los principios. Por no decir que ha castrado la discusión, desproveyéndola de esos marcos referenciales que van más allá del pragmatismo típico del empresariado y el sindicalismo que, por lo demás, suelen ser espeleólogos de su propia identidad, jamás sociólogos interesados en la realidad del resto del país: la de nosotros, los ciudadanos a los que un ministro del PAC nos rebautizó al llamarnos “de a pie”.

Todo esto para poder decir, evitando la maledicencia y el encono innecesario, que tanto los sindicalistas como los empresarios, tienen razón en algo que los ciudadanos informados habremos de suscribir sin dudar un segundo: ¡no más privilegios!

La diferencia —la enorme diferencia— radica en que quienes no somos sindicalistas ni empresarios, a diferencia de ellos, negamos los privilegios, pero para todos. Absolutamente todos. Y no por simple decir o por revanchismo ciego sino por congruencia. O lo que es igual: por principio. Y no por un principio cualquiera sino por aquel sobre el que se asienta todo el Estado de Derecho: la igualdad.

En cambio, los sindicalistas optan por estar contra las exoneraciones al capital especulativo y los tenedores de títulos. Esos trabajadores afiliados se oponen al perdón fiscal —incluidos intereses— a los banqueros y la selectividad impositiva que favorece a las grandes empresas camufladas en inmensas cooperativas. Y eso está muy bien. Lo que está mal, es quedarse solo ahí y seguir marchando con un ojo cerrado para no tener que ver su propio techo de vidrio.

Y claro, del otro lado, como olvidar que los empresarios tienen la mirada fija –cuan francotiradores— en los carísimos e insostenibles confites que todos los políticos que ellos mismos han puesto —financiándoles las campañas y favoreciéndolos con la “bendición” de los grandes medios de comunicación— en los últimos setenta años en el poder, les han ido regalando a los gremios como tranquilizadores temporales. Un prebendalismo carísimo y un populismo insalvable, que tarde o temprano tenía que estallar. Con tan mala suerte de que nos estalló a todos nosotros, los de ahora, en la “puritica” cara y sin derecho a posposiciones.

A no dudarlo, hoy en todas partes hay algo de razón. Lo que dicho de otra forma, quiere decir que la verdad no está en una sola esquina de este cuadrilátero en que la inutilidad del gobierno Alvarado-Piza viene convirtiendo a este país sufriente.

Entiéndase: no hay de otra. Las cargas deben lucir distribuidas y los privilegios erradicados. ¡Todos sin excepción! Pero bien podrían empezar por el engache médico. Indefendible, odioso y nocivo privilegio de privilegios.

No se vale exigir a los empleados públicos que toleren el enganche médico, el perdón bancario o la pirueta cooperativa. Mucho menos a los profesionales liberales que según su umbral respectivo podrían terminar pagando hasta un 15% de renta, que ignoren el insípido 8% que apenas deberán pagar los capitales ociosos.

Al tiempo que nadie en sus cabales, empresarios en cuenta, dejaría pasar por alto el abuso mayúsculo contenido en ciertas convenciones colectivas. Pero tampoco el despilfarro público de jerarcas viajeros y dispendiosos. Mucho menos la discrecionalidad en el gasto de ciertas autónomas acostumbradas a enviar mensajeros a entregar una pinche carta oficial en 4x4 de lujo, en plena zona urbana. Ni que decir del lujo discrecional que se dan esos presidentes ejecutivos de instituciones públicas, al patrocinar a los equipos de fútbol preferidos de ellos y los demás directivos, o al invertir en publicidad dudosa o malgastar en compras innecesarias.

Los ciudadanos que no nos dejamos poner antifaz para asomar a esta realidad doliente que tanto se viene pareciendo a una ineptocracia de discursos populistas basados en selfies de sonrisas falsas y promesas incumplidas, posiblemente coincidamos en que, tanto lo uno como lo otro, debe corregirse. En que no alcanzaran los parches ni se justifican los privilegios ni de un lado ni de otro. Y este proyecto fiscal no es más que eso: un parche con sendos privilegios aun intocados.

Coincidiendo posiblemente también en que la negociación de cualquier exclusión, exoneración o preferencia fiscal, debe explicarla bien el mismísimo Carlos Alvarado y este ornitorrinco político-económico que termino siendo este cogobierno del PizAC.

Todo lo anterior, siendo que aquí, a como están las cosas, ya no se trata de que si no hay pa´ todos, habrá patadas. El problema es mucho peor: aquí ya no deben haber privilegios pa´nadie, y es por eso que estamos viendo tantas patadas.