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El aborto impune es legal en Costa Rica. Como una pirámide de lo amplio a lo específico, la salud en Costa Rica empieza por un marco legal, del cual se desarrollan normas técnicas por parte del Ministerio de Salud, y, con base en estas, se elaboran protocolos de atención por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. El segundo de estos pasos, la Norma Técnica de Aborto Impune, ha estado frenado por casi cuatro décadas, desde la aprobación del actual Código Penal en 1970.

La falta de norma y protocolo generan un servicio desigual. Algunas mujeres con embarazos incompatibles con la vida extrauterina han tenido acceso al aborto impune, a otras se los han negado. A mujeres con la misma condición médica les recomiendan abortar y a otras no. Hay unas a quienes les dan esta recomendación lo antes posible, y en otros casos, la postergan. Este es el contenido que debería incluir una norma técnica, un proceso claro con plazos y responsables para determinar la recomendación médica, el consentimiento de la mujer y la definición de salud.

Parece simple, entonces, ¿de dónde surge tanta controversia? Dos puntos principalmente. En este momento nuestra salud y vida están en manos de la discreción de quien nos atienda. Es subjetivo al profesional, la información que brinda, cómo lo hace y cuándo. En un país donde la violencia de género es alarmante, digna de una declaración de emergencia, la falta de claridad sirve al status quo y el personal médico no es la excepción. Aquí el primer punto de la controversia: la norma de aborto impune nos daría a las mujeres algo de poder sobre nuestros cuerpos.

Si existiera la norma y el protocolo, las reglas estarían explícitas en un papel y así podríamos reclamar nuestros derechos a la salud y a la vida. Es decir, una mujer puede pedir cuentas. Como ejemplo, se podría poner una denuncia si el personal de salud no realiza la evaluación en el plazo debido, o cuando erróneamente se haya desacreditado el peligro para la salud o la vida. La falta de norma técnica, significa que no hay un debido proceso.

El segundo punto de controversia es la definición de la salud. La salud es integral. No es divisible la salud mental de la física, ni es menos importante. Un peligro para la salud mental puede significar afectaciones de años e incluso la muerte. No obstante, existen personas que usan el estigma y desinformación asociada a salud mental para enredar la discusión sobre el aborto impune y presentan argumentos del tipo: “Van a inventar tener algo, para poder abortar”. Con esto se busca desacreditar que la salud mental es científica, que sus afectaciones no se pueden “inventar” de la nada, y que existen profesionales destacados en su atención.

Esta semana el presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica en una entrevista el 9 de julio, ilustró ambos puntos. Para el médico, incluir una definición integral de la salud es un riesgo, porque las mujeres podemos angustiarnos al ver que producto del embarazo nos salen estrías y entonces vamos a querer abortar. Evidencia su falta de conocimiento en salud mental y su sexismo. Nuestra salud y vida no pueden estar a merced de la interpretación personal de quien nos atienda.

Para que la Norma Técnica de Aborto Impune sea consecuente con el marco legal existente y garantice el derecho a la salud y vida de las mujeres, debe de incluir ambos puntos. Debe de proporcionar un procedimiento simple y rápido que nos permita tener voz, poder reclamar nuestros derechos y reconocernos a las mujeres como seres completos, sin reducirnos a cuerpos con capacidad de reproducción. La norma es el instrumento que permitiría cumplir con la ley de manera clara y uniforme a través del territorio nacional. Hoy, para la mitad de la población, no hay claridad en el acceso a la salud y a la vida, y en un Estado de Derecho eso es injustificable.