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El 28 de noviembre de 2017 el primer ministro Justin Trudeau compareció al parlamento canadiense para celebrar uno de los actos más emotivos de su período en el Gobierno. “Es con vergüenza y tristeza y profundo pesar”, dijo, “por las cosas que hemos hecho que estoy aquí hoy y digo: estábamos equivocados. Pedimos disculpas. Lo siento. Lo sentimos […] Por la opresión y el rechazo sistémicos patrocinados por el estado, lo lamentamos […] A todas las personas LGBTI de este país a quienes hemos perjudicado de innumerables maneras, lo lamentamos”.

A nombre del Estado canadiense, el primer ministro Trudeau estaba disculpándose con los miles de funcionarios que, en el período de 1950 a 1990, fueron expulsados del gobierno por ser gays, lesbianas o bisexuales. Esta disculpa se unió al reciente grupo de disculpas emitidas desde julio de 2017 por la ministra de Justicia de Nueva Zelanda, y las primeras ministras de Escocia y del Reino Unido. Todas ellas tienen en común el reconocimiento de responsabilidad en violaciones perpetradas contra la comunidad LGTBI y la corrección del registro histórico sobre estas violaciones. En el caso del Reino Unido, la primera ministra estaba manifestando su pesar por la legislación de sodomía, que aún hoy se mantiene en vigor en una amplia mayoría de los países de la Mancomunidad Británica; ya en 2017 se había emitido en el mismo país la Ley Turing – nombrada por el descifrador de la Segunda Guerra Mundial y pionero de la informática, declarado culpable de indecencia grave en 1952 a raíz de su homosexualidad– y como consecuencia de la cual se otorgó el indulto a cerca de 49.000 hombres condenados por el mismo motivo en las décadas de vigencia de la ley.

Ninguna de estas medidas es insólita. El reconocimiento de responsabilidad por parte de los Estados es un elemento común en el derecho internacional de los derechos humanos. Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, establecen que la satisfacción debe incluir, cuando sea pertinente y procedente, medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; y una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades

Estas medidas pueden ser descritas como conducentes a restaurar el tejido social, comunitario, familiar e individual. Por lo general, son medidas de naturaleza simbólica o emblemática, que al tiempo que proporcionan reparación a la víctima, también tienen un impacto en la comunidad o en el entorno social.

Quien pretenda que la expresión de disculpa realizada por el presidente Carlos Alvarado el 30 de junio no tiene fundamento, ignora o desea ignorar la dimensión de la violencia y discriminación que, históricamente, ha sufrido la comunidad LGBTI en nuestro país. Es una disculpa para la población trans, que si acaso alcanza una esperanza de vida de 35 años en nuestra región, es un perdón porque en los 90 titulábamos “Guerra a las Lesbianas”, mientras que los consulados de Costa Rica en todo el mundo habían sido instruidos para no conceder visas a mujeres solas en represalia a un congreso de lesbianas, también para cientos o miles de familias homoparentales que viven en vilo sin saber si el día de mañana, cuando uno de los padres o madres fallezca, el o la otra no pueda hacerse cargo de sus hijos e hijas. Es un perdón para esas mujeres trans que fallecieron sin la mínima atención del Estado, es otro perdón para el joven gay que fue sujeto de burla durante sus años de colegio y quiso acabar con su vida, es una disculpa pública por las noches de prisión a las que fueron expuestas personas por su orientación sexual o identidad de género y rapadas para sentir el escarnio público de la mañana siguiente. También, es un perdón para sus seres queridos.

El pedido de perdón por parte de un Estado es un acto de gran significancia. Su propósito es restaurar la dignidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, pero tiene también el efecto de crear conciencia sobre las violaciones y reafirmar la voluntad del Estado de que hechos como los referidos no se repetirán jamás. Cuando el Presidente Alvarado, renueva su compromiso “de luchar porque no se repita ese vergonzoso capítulo de nuestra historia” está cumpliendo a cabalidad esa obligación.