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Recientemente se ha querido confundir la discusión referente a la regla fiscal propuesta en el proyecto de Reforma Fiscal. Específicamente, la columna escrita por Ramain Fantin es un desafortunado intento por querer generar oposición a un mecanismo que quiere, más bien, mejorar al Estado costarricense. Para desmentir los vagos argumentos de su columna, vamos a analizar punto por punto.

Antes, empecemos por mencionar que la regla fiscal de gasto propuesta es un mecanismo que brinda lineamientos de cómo gastar, con el objetivo de lograr sostenibilidad fiscal. Asegurar la sostenibilidad fiscal es clave para poder mantener un estado robusto como el que tenemos y, más importante, para fortalecerlo.

Primero, menciona que la regla fiscal materializaría una reducción del gasto público. De entrada, este argumento es falso, pues la regla no es de recorte de gasto, solamente indica cuánto tiene que crecer el gasto dependiendo de cuanto sea el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la razón de deuda a PIB. Intuitivamente, la regla es muy razonable. Si estamos muy endeudados y el crecimiento económico es bajo (que impacta la recaudación del gobierno), es sensato contener el crecimiento del gasto para que la deuda no se vuelva una bola de nieve. Sin embargo, si la economía está sólida y la deuda se encuentra en niveles manejables, el crecimiento del gasto sería el mismo que el crecimiento del PIB.

Segundo, es falso que conteniendo el crecimiento del gasto impide la redistribución de riqueza, pues el autor apela a que el sector público es el principal garante de la redistribución de riqueza. Lo que no menciona es que la misma OCDE (que tanto le gusta citar) calcula el coeficiente de Gini después de aplicar impuestos y transferencias de gobierno, y este no tiene una mejora significativa (gráfico 1). Esto demuestra que el gasto del gobierno no está siendo efectivo para disminuir la desigualdad a pesar de que se gaste comparativamente más en gasto social que otros países (por ejemplo en educación y salud). Más que preocuparse por limitar el crecimiento del gasto hay que atender su efectividad, lo cual más bien fortalecería el sector público.


Tercero, la regla fiscal no se basa en creencias populares, está sustentada en experiencia internacional y resultados empíricos bastante contundentes. Corde y otros (2015)  muestran que la reglas de gasto son especialmente utilizadas en los países en desarrollo, permitiendo: i) una mayor sostenibilidad de la deuda y ii) un mayor grado de cumplimiento para limitar el gasto a niveles incontrolables. Además, existe una amplia literatura que muestra que el papel de las reglas fiscales no solo se limita a asegurar la estabilidad de las finanzas públicas, sino también a fortalecer la credibilidad de los gobiernos (FMI ,2009; Kotia y Duarte, 2016, Beetsma y otros,2018). Por último, Corrales (2017) demuestra que, ante un gran choque negativo en la economía, los efectos negativos en bienestar se minimizan con una regla fiscal de gasto en comparación con una política contra cíclica discrecional (como la llevada a cabo en Costa Rica durante la Crisis Internacional de 2008-2009), y los efectos en desigualdad medidos por el coeficiente de Gini son nulos.

Cuarto, El autor sostiene que la política de austeridad que se quiere aplicar puede tener implicaciones en el crecimiento económico similares a las de Grecia. Primero, es un claro error pretender que la crisis de Grecia fue causada por las políticas de ajuste fiscal, debido a que ese país se encontrada en una situación de impago de la deuda. En ese sentido, independientemente de la política económica utilizada, ese país estaba sentenciado a una crisis económica y social por la ausencia de mecanismos que aseguraran la sostenibilidad de las finanzas públicas. Precisamente, eso es lo que un país como Costa Rica debe evitar y la idea de una regla fiscal de gasto es que asegure al gobierno un lineamento claro de cómo debe crecer el gasto público.

Quinto, La evidencia muestra que los ajustes fiscales (reforma fiscal) con mayores medidas de gasto tienden a ser menos dañinas para el crecimiento que los de nuevos impuestos. Particularmente, países como Austria y Dinamarca durante los 80’s y Canadá y Suecia durante los 90’s, aplicaron ajustes fiscales con mayores medidas de gasto obteniendo mejores resultados en términos de crecimiento económico que sus pares. Los episodios más recientes son los casos de Irlanda y Reino Unido, luego de la crisis financiera del 2008, aplicaron medidas de recorte gasto como proporción del PIB, generando posteriormente un crecimiento económico sólido explicado por los mayores niveles de inversión privada (ese impacto en la inversión se le conoce como “austeridad expansionista”). Incluso, Alesina, Favero y Giavazzi (2018) estiman que por cada punto del PIB de ajuste fiscal el costo sobre el crecimiento económico es de medio punto para las reformas que contienen mayores medidas de gasto, mientras que para los que contienen mayores aumentos de impuesto el costo es de 2 puntos. Este punto es transcendental, porque el autor menciona que una regla fiscal de gasto tendría efectos adversos sobre el consumo y la inversión de la empresas, no obstante, la evidencia sustenta lo contrario principalmente periodos después de que se aplica esa política.

Con estos cinco puntos, no queremos argumentar que la reforma fiscal solo debe tener medidas de gasto, ni que la regla fiscal es la solución de todo el problema. Sin embargo, desacreditar un instrumento fiscal relevante en la coyuntura actual nos parece inoportuno. Es por eso, que la utilización de herramientas que permitan controlar el crecimiento del gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal es clave para afirmar un Estado que sea más eficiente y creíble.

El artículo fue elaborado en colaboración con Emmanuel Agüero, especialista en Análisis Económico de Aldesa, especializado en el análisis macroeconómico y métodos cuantitativos, y  consultor de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo.