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A pesar de que la segunda vuelta electoral arrojó como ganador al oficialista Carlos Alvarado para ocupar la silla presidencial, la primera ronda solamente le otorgó al oficialismo 10 curules en el plenario legislativo. El PAC será la tercera agrupación más grande detrás de los partidos Liberación Nacional y Restauración Nacional. Tal escenario revive un par de temas latentes en nuestra sociedad: la gobernabilidad y el sistema político.

Nuestro sistema político es de carácter presidencialista. Así, la división de poderes es fundamental y el equilibrio de funciones es distribuido entre distintos órganos constitucionales con mínima coordinación del presidente. Dicha forma de organización política se vio fortalecida por el bipartidismo que se vivió en la segunda mitad del siglo XX luego del establecimiento de la Segunda República. Por un lado, con el Partido Liberación Nacional (PLN), y por el otro, con las distintas coaliciones opuestas al PLN que desembocaron en la fundación del Partido Unidad Social Cristiana en la década de los 80, asentándose así las bases del bipartidismo costarricense.

Esa amalgama entre presidencialismo y bipartidismo permitió la gobernabilidad del país por muchos años. La facilidad de obtener acuerdos en la Asamblea Legislativa era sustentada en una negociación entre dos fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento. De esa forma, la capacidad del presidente de negociar acuerdos a través de su fracción legislativa era más dinámica, eficiente y con mayor margen de éxito.

La realidad del 2018

Hoy nos encontramos con un presidente electo, Carlos Alvarado, dispuesto a negociar con la oposición, a ceder puestos en su equipo de gobierno, con tal de lograr un acuerdo de unidad nacional para generar gobernabilidad y obtener resultados. La propuesta de Alvarado, más el contexto detallado en líneas anteriores, nos obliga a replantearnos las efectividad de nuestro sistema político.

Considero necesario el replanteamiento de cómo funciona nuestro país y cómo se toman las decisiones, siempre garantizando el bienestar de nuestra democracia y de todos los costarricenses. Si bien estamos ante un tema coyuntural no cabe duda de que nos obliga a analizar el tema estructural detrás de nuestro sistema político. Es un deber buscar alternativas que garanticen la participación de todas las fuerzas políticas; el presidente y sus ministros necesitan trabajar, en coordinación y respeto a la pluralidad de agrupaciones políticas, pero con dinamismo: gobernabilidad y mayor margen de acción. En otras palabras, es necesaria una opción más acorde al sistema multipartidista que vive nuestra democracia.

Un sistema semipresidencialista (o semiparlamentario) puede ser una opción para Costa Rica pues es un sistema que se adapta a países multipartidistas y políticamente fragmentados como el nuestro. De manera general, Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona, le otorga dos características: un presidente elegido por sufragio universal, con importantes competencias ejecutivas; y un gobierno con poder ejecutivo surgido de la Asamblea y responsable ante la misma. Básicamente, se toman elementos propios de los sistemas presidencialista y parlamentario.

Con una forma de gobierno semipresidencial existiría un presidente de la República nombrando a quién hoy funge como presidente del Congreso. Claro está, dicho nombramiento debe hacerse con aprobación del Congreso mismo; en caso de no funcionar el Congreso lo destituye y el proceso inicia de nuevo. Esto daría como resultado mayor coordinación entre ambos poderes y el presidente podría encaminar al país según su plan de gobierno liderando la discusión en el Parlamento; respetándose todas las fuerzas políticas sin afectar su rol de oposición y control político.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa robustecería su capacidad de control sobre las acciones del Poder Ejecutivo a través de las mociones de censura a los ministros de la presidencia y con comparecencias del Ejecutivo ante el Poder Legislativo con un periodicidad menor a un año. Todo ello como mecanismos de control político, fiscalización y rendición de cuentas, similares al sistema parlamentario británico.

Ahora bien, dado el carácter híbrido de este sistema, otra propuesta sería la opción de un gobierno de carácter dual en el que cohabiten un presidente y un primer ministro, ambos con capacidad de acción y funciones constitucionales, similar al que opera en Francia. Así, habría un presidente con poderes y atribuciones mucho mayores a las que pudiera detentar en un sistema parlamentario, encargándose de la política exterior, la Fuerza Pública y presidiendo el gabinete.

De tal forma, junto a él, habría un primer ministro designado por el presidente y responsable de nombrar el gabinete en conjunto con el presidente, siendo responsables antes la Asamblea Legislativa, los cuales serán sometidos al escrutinio y control político de las diversas representaciones políticas.

El cambio es inherente a la humanidad, nos adaptamos a nuestro entorno para sobrevivir. De cara al bicentenario de nuestra independencia, debemos replantearnos qué es lo mejor para nuestra patria y cómo sacarla adelante en un contexto de pluralidad de fuerza políticas. Es momento de modificar nuestra forma de organización a favor de un sistema semipresidencialista.

Imagen: G.I.