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 Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos defienden a las personas de las prácticas impositivas de los Estados.

 Proponer defender la cultura por encima de los demás Derechos Humanos atenta contra la democracia costarricense.

Ante las recientes manifestaciones de ex diplomáticos costarricenses, en un diario de circulación nacional el día 16 de este mes, expertos y expertas en derechos humanos, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, manifestamos que:

  1. La existencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de Derechos Humanos, deriva de la necesidad de proteger a todas las personas de las arbitrariedades de los Estados, quienes muchas veces, usando el argumento de la cultura, han violentado los derechos y libertades fundamentales. El señalamiento hecho de que la Convención debe proteger la “cultura” de los países implicaría aceptar los femicidios, que responden a una cultura donde lo femenino no tiene el mismo valor que lo masculino. También las relaciones impropias y el trabajo infantil, parte de la cultura de muchos países, como el nuestro, tendrían que ser aceptadas, pese a que han debido que contrarrestarse estas situaciones con acciones diversas, como las legislativas, para fomentar cambios que protejan a la niñez.
  2. Son las personas y no los Estados, la razón de ser de los Derechos Humanos. Por ello los órganos de protección internacional como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Comités de Naciones Unidas, entre otros, están llamados a proteger a las personas y a declarar las violaciones a derechos cometidas por los Estados, para que éstas no se repitan. Pretender reformar la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José para que se proteja a los Estados implicaría que las masacres, la tortura, la desaparición forzada, el genocidio y otras tantas formas de violencia cometida por los Estados, tendrían más posibilidades de quedar impunes.
  3. Costa Rica fue el primer país en ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de abril de 1970 y también el primero en aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de julio de 1980. Ambos fueron actos soberanos del Estado costarricense. Pretender desconocer hoy, lo que con orgullo hicimos hace casi 50 años, atenta contra nuestra conciencia costarricense visionaria, que pretendía fortalecer nuestro Estado social, democrático y de derecho.
  4. El pensar y sentir de la mayoría, no puede significar jamás la violación de derechos de minorías que no compartan ese pensar y sentir. Aceptar tal cosa sería olvidar nuestras raíces democráticas que han caracterizado a Costa Rica y por las cuales hemos ganado el respeto y la admiración en el seno de la comunidad internacional.

En virtud de lo expuesto, rechazamos las propuestas de este grupo de ex diplomáticos. El proponer que la política exterior de Costa Rica vaya encaminada a reformar la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque no protege la “cultura” del país, denota una argumentación que va en sentido contrario a lo que han sido las prácticas nacionales de respeto a los Derechos Humanos y preocupa sobremanera, por las implicaciones que tendría esto a nivel país. Cuando se abordan los temas de Derechos Humanos debe hacerse con seriedad, con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con conocimiento. Si se hace de manera ligera y desde la ignorancia, la vida, la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas pueden ponerse en riesgo.

Firman, además: Francisco Aguilar Urbina, Irene Aguilar Víquez. Marcia Aguiluz Soto, Larissa Arroyo Navarrete, Roxana Arroyo Vargas, Paola Casafont Villalobos, Catalina Devandas Aguilar, Gonzalo Elizondo Breedy, Alda Facio Montejo, Ana Isabel Garita Vílchez, Lorena González Pinto, Rodrigo Jiménez Sandoval, Soraya Long Saborío, Ana María Méndez, Libby Gilda Pacheco Oreamuno, Javier Rodríguez Oconitrillo y Cristinia Zeledón Mangel.