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Universidades, cerremos filas por nuestras áreas protegidas

Ante los graves déficits de personal, presupuesto e infraestructura revelados por la Contraloría, la academia debe articular su conocimiento y exigir acciones concretas para rescatar el patrimonio natural.

A estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias les hago un llamado: nuestras áreas protegidas necesitan que el conocimiento y el compromiso de las universidades se conviertan en una fuerza capaz de impulsar soluciones.

El reciente informe de la Contraloría General de la República expone una situación que debe movilizarnos. De 148 áreas silvestres protegidas evaluadas, 137 reportan déficit de personal y 140 señalan que sus recursos financieros no cubren sus necesidades. Además, 65 carecen de sede administrativa y 80 enfrentan restricciones o ausencia de servicios básicos como agua potable e internet.

Estas carencias limitan la vigilancia, la prevención de daños y las condiciones de trabajo de quienes cuidan nuestro patrimonio natural. Mientras tanto, la cacería, la tala y la extracción ilegal exigen una presencia institucional sostenida.

La comunidad universitaria tiene razones y capacidades para involucrarse. En estas áreas se investiga, se aprende y se produce conocimiento. Sus ecosistemas sostienen procesos esenciales para la vida y oportunidades económicas para numerosas comunidades. Su deterioro compromete el futuro de quienes hoy se preparan en nuestras aulas.

Durante mis 38 años de servicio en el Sistema de Parques Nacionales y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) aprendí que conservar necesita respaldo constante. Los guardaparques requieren personal suficiente, instalaciones dignas, transporte, alimentación, comunicaciones, equipo y tecnología. Su vocación merece una respuesta institucional a la altura de sus responsabilidades.

Por eso convoco a las universidades a cerrar filas para exigir al Gobierno, especialmente al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Sinac, mayor atención, recursos y resultados verificables. Pasar del discurso a la acción significa asignar presupuesto, atender las necesidades del campo y rendir cuentas sobre lo que efectivamente se resuelve.

Las universidades pueden contribuir con investigación aplicada, monitoreo de biodiversidad, asesoría jurídica, soluciones tecnológicas, educación ambiental y trabajo con las comunidades. Las distintas disciplinas tienen mucho que aportar cuando escuchan a quienes conocen el territorio.

Propongo impulsar una mesa de trabajo que reúna a autoridades, guardaparques, universidades, comunidades y organizaciones con experiencia y voluntad de colaborar. Su objetivo debe ser elaborar un documento estratégico que identifique amenazas, establezca prioridades y proponga soluciones a corto, mediano y largo plazo, con responsables, costos, fuentes de financiamiento y seguimiento público.

Hay organizaciones y personas dispuestas a colaborar. Esa voluntad necesita canales claros, acuerdos y continuidad. Corresponde a las autoridades facilitar la participación y coordinar los aportes, manteniendo su responsabilidad de garantizar la protección.

A las federaciones estudiantiles, asociaciones de estudiantes, escuelas, facultades y consejos universitarios les solicito promover una posición conjunta, abrir espacios de análisis y dar seguimiento a las respuestas del Gobierno. Cada proyecto debe responder a una necesidad concreta y permitir comprobar su utilidad.

Las universidades pueden ayudar a que la advertencia de la Contraloría produzca una reacción nacional. Cerremos filas por nuestras áreas protegidas. El diagnóstico está sobre la mesa, existen capacidades para colaborar y hay mucho por hacer. A las autoridades actuales les corresponde pasar del discurso a las decisiones, los recursos y la acción.