La jueza estimó, de forma preliminar, que hay una junta electa sin inscribir; el sindicato sostiene que no hay acefalía.
El Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Limón acogió de forma parcial una medida cautelar y ordenó librar un mandamiento judicial al Departamento de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que examine y verifique si la junta directiva que el Tribunal Electoral del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia) declaró electa en julio cumple los requisitos para su anotación registral provisoria.
La resolución 2026000854, del 4 de noviembre, de la jueza Siany Pamela Barboza Zúñiga, responde a una solicitud de Álvaro Morales García, quien integra la papeleta Renovación Sindical como secretario general adjunto electo y es la parte actora del expediente 26-000660-0679-LA. Se trata de una medida cautelar atípica, que no resuelve el fondo del conflicto.
La jueza aclaró que carece de competencia para acreditar, inscribir o dar posesión a la junta, actos que son de resorte exclusivo del MTSS, y que el Ministerio interviene solo como órgano auxiliar de verificación.
El conflicto electoral
Según la demanda, la papeleta Renovación Sindical, encabezada por Olga Martha Gómez González, ganó una primera elección el 2 de marzo de 2026 con 271 votos frente a 261 de Convergencia Sindical, cuyo candidato a la secretaría general era Tyronne Esna Montero. La demanda afirma que una asamblea convocada por la junta anterior, con entre 77 y 83 afiliados presentes, anuló esos resultados el 21 de marzo.
El Tribunal Electoral del sindicato organizó una nueva votación el 14 de julio en doce juntas receptoras. Según su informe, Renovación Sindical obtuvo 307 votos frente a 243 de Convergencia Sindical, con 559 votos emitidos, y Carlos Antonio Barboza Gutiérrez fue electo fiscal general con 305 votos contra 229 de Víctor Sánchez Córdoba.
El 18 de julio, una asamblea ordinaria acordó extender hasta el 31 de julio la vigencia de los órganos del sindicato para realizar gestiones administrativas, financieras y legales, según el acta citada en la resolución. La demanda añade que sectores de Convergencia Sindical promovieron en la Asamblea General el rechazo del informe de resultados y que el Tribunal Electoral renunció en pleno. La jueza indicó que la legalidad de lo actuado por la asamblea deberá analizarse en el proceso principal.
Qué consideró la jueza
Para dar por acreditado el peligro en la demora, la jueza citó una certificación del DOS según la cual el mandato de la junta elegida en 2024 venció el 31 de marzo de 2026. Señaló que la junta electa no ha sido inscrita, lo que provoca “incerteza para la organización sindical en general, así como de las personas afiliadas y negociaciones colectivas que se encuentren vigentes”. A su criterio, el atraso obedece a “causas meramente administrativas”, y ni la contestación del sindicato ni la prueba aportada indican una causa que lo justifique. De forma preliminar, añadió que podría estar afectándose el derecho de libertad sindical, protegido por el artículo 60 de la Constitución, de las personas trabajadoras.
La demanda sostiene que, sin una junta inscrita, el sindicato no puede concluir ni firmar la convención colectiva con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), cuya negociación esa empresa anunció en enero de 2025.
Qué implica la orden
El DOS deberá examinar si se cumplen los requisitos del artículo 344 del Código de Trabajo para anotar de forma provisoria a la junta encabezada por Renovación Sindical y al fiscal general, con pleno goce de sus facultades de representación. Si el Ministerio halla deficiencias, debe señalarlas para que se subsanen o se apele ante él. Según ese artículo, el jefe de la Oficina de Sindicatos cuenta con quince días desde que recibe los documentos para examinarlos.
La resolución fija quince días, contados desde su notificación, para que la parte actora presente la demanda principal; de lo contrario, se levantará la medida y se la condenará al pago de daños y perjuicios. El fallo admite apelación en tres días.
La posición del sindicato
El sindicato, representado según la demanda por su secretaria general, Hazel Hernández Coronado, se opuso con dos excepciones: indebida integración de la litis y falta de competencia por la materia, al considerar que el asunto debía involucrar al MTSS. La jueza las rechazó de plano porque el ordenamiento no las prevé en un proceso cautelar ante causam.
En su contestación, el sindicato argumentó además que tres pronunciamientos del MTSS establecen que la junta actual se mantiene hasta que se inscriba la nueva, por lo que no existe acefalía. Sostuvo que Recope, mediante el oficio P-0422-2026, expresó que la actividad sindical continúa, que los trámites de aclaración para inscribir a la nueva junta siguen en curso y que la orden obligaría al MTSS a actuar sin oírlo.
La versión de Renovación Sindical
En un comunicado, Renovación Sindical calificó el fallo de “trascendental para el movimiento sindical costarricense” y anunció que notificará a Recope y a las entidades bancarias para asumir de inmediato la defensa de las bases trabajadoras. La parte dispositiva de la resolución no ordena a Recope ni a los bancos abstenerse de reconocer a la junta anterior, como solicitaba la demanda.
