Ambos proyectos eliminan la repetición del servicio social para subespecialistas, pero el del FA plantea además cambios en las plazas, los traslados y la administración del sistema.
El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) acusó este lunes al Partido Pueblo Soberano (PPSO) de presentar una "reproducción incompleta, defectuosa y mal articulada" de una propuesta sobre el Servicio Social Obligatorio (SSO) que, según la organización sindical, desarrolló técnicamente durante varios años y posteriormente trabajó con la bancada del Frente Amplio.
La denuncia se refiere al expediente 25.896, presentado el 5 de noviembre por la diputada de Pueblo Soberano Anna Katharina Müller Castro, que propone eliminar el Servicio Social Obligatorio para quienes concluyan una subespecialidad médica. Ocho días antes, el 28 de octubre, el Frente Amplio había presentado una reforma más amplia sobre la misma materia, bajo el expediente 25.875.
La iniciativa frenteamplista tiene como firmante principal a la diputada Vianey Mora Vega y cuenta con el respaldo de los otros seis integrantes de esa bancada. Siname aseguró que entregó al partido, unos cinco meses antes de la presentación del proyecto, los insumos técnicos que había acumulado sobre los problemas del Servicio Social Obligatorio.
Según el sindicato, su trabajo sobre el tema se remonta a la reforma aprobada en 2014 que extendió el Servicio Social Obligatorio a médicos especialistas y subespecialistas. La organización afirmó que desde entonces documentó problemas como la asignación de profesionales a centros que no cuentan con el equipo, la infraestructura o el personal necesario para aprovechar su especialización, además del impacto que los traslados tienen sobre las condiciones laborales y familiares.
Siname señaló además que durante casi un año trabajó con funcionarios del Ministerio de Salud en una propuesta para exonerar a las subespecialidades y revisar las condiciones de los centros a los que se asignan las plazas, pero aseguró que el documento no llegó a tramitarse.
Una comparación de los textos presentados a la Asamblea Legislativa confirma que los dos proyectos coinciden en eliminar la obligación de repetir el Servicio Social Obligatorio después de completar una subespecialidad médica, aunque lo hacen con alcances distintos.
El proyecto de Müller reforma únicamente el artículo 2 de la Ley del Servicio Social Obligatorio. Mantiene el requisito para quienes concluyan una especialidad médica, pero establece expresamente que quienes terminen una subespecialidad no deberán cumplirlo nuevamente.
La propuesta argumenta que un médico subespecialista ya pasó, como mínimo, por dos etapas de servicio social: una como médico general y otra como especialista. También sostiene que enviar a estos profesionales a centros de menor complejidad puede resultar contraproducente cuando esos establecimientos carecen de los recursos, la tecnología o las condiciones necesarias para que ejerzan su nueva formación.
La iniciativa oficialista fue presentada con el acompañamiento del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sus impulsores señalaron durante su presentación que la eliminación de ese tercer servicio social permitiría incorporar con mayor rapidez a subespecialistas en hospitales que necesitan atender casos de alta complejidad.
El expediente del Frente Amplio también elimina la repetición del requisito, pero va más allá: dispone que el Servicio Social Obligatorio como especialista se cumpla una sola vez, al finalizar la primera especialidad. Por tanto, la exención abarcaría tanto las subespecialidades como otras especialidades que la persona curse posteriormente.
Condiciones de las plazas y posibilidad de traslado
El expediente del Frente Amplio también establece requisitos para determinar dónde pueden ubicarse las plazas de especialistas. Las instituciones deberán justificar técnicamente la necesidad de cada puesto tomando en cuenta factores como la población atendida, las listas de espera, el equipamiento, la infraestructura y la capacidad resolutiva del establecimiento.
La Comisión de Servicio Social Obligatorio tendría que excluir aquellas plazas que no reúnan esas condiciones. Este punto responde a uno de los cuestionamientos planteados por Siname: que especialistas y subespecialistas pueden terminar asignados a establecimientos donde no existen los medios necesarios para ejercer adecuadamente su formación.
La iniciativa frenteamplista también incorpora un procedimiento para que las personas que ya cumplen el servicio social puedan solicitar un traslado por motivos de salud, discapacidad, responsabilidades familiares de cuido u otras circunstancias excepcionales. La Comisión tendría un máximo de 20 días hábiles para resolver la solicitud, sujeto a la disponibilidad de plazas y a las necesidades del servicio.
Además, el proyecto reforma la composición y las competencias de la Comisión de Servicio Social Obligatorio e incluye expresamente representantes de la CCSS, el Instituto Nacional de Seguros, el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, los colegios profesionales y órganos vinculados con la educación superior.
Otro transitorio establece que quienes ya hayan cumplido el servicio social correspondiente a una especialidad antes de la eventual entrada en vigor de la reforma no tendrían que repetirlo para ejercer otras especialidades o subespecialidades.
El proyecto de Pueblo Soberano no incorpora esas reformas y se concentra en eximir directamente a los subespecialistas. Sí establece un plazo de seis meses para que el Poder Ejecutivo elimine de los reglamentos y otras disposiciones el requisito de Servicio Social Obligatorio aplicable a ese grupo.
Siname pidió a la Asamblea Legislativa avanzar con el expediente promovido por el Frente Amplio, al considerar que contiene una solución más integral.
Consideramos que el país requiere una solución seria y técnicamente solvente para detener la pérdida de médicos especialistas y garantizar la atención oportuna en la CCSS. Solicitamos a la Asamblea Legislativa avanzar con el proyecto elaborado con el Frente Amplio, el cual recopila el trabajo técnico acumulado y responde verdaderamente a las necesidades del sistema público de salud del país".
Segunda acusación de plagio contra Pueblo Soberano en dos semanas
La denuncia de Siname constituye la segunda acusación pública de plagio de proyectos legislativos contra la fracción de Pueblo Soberano en menos de dos semanas, después de la controversia que protagonizó el oficialismo con la diputada liberacionista Ángela Aguilar Vargas a finales de octubre.
El 27 de octubre, diputados de oposición acusaron al subjefe de fracción oficialista, Juan Manuel Quesada Espinoza, de apropiarse de una iniciativa promovida por Aguilar para permitir que la Municipalidad de Heredia donara diez lotes a familias de la Ciudadela IMAS, en Varablanca.
El proyecto original, tramitado bajo el expediente 25.332, había sido presentado por la entonces diputada Kattia Rivera Soto y posteriormente impulsado por Aguilar. Sin embargo, la legisladora retiró la iniciativa de la agenda del plenario después de que, según denunciaron sus compañeros de bancada, recibiera una advertencia de que el oficialismo votaría en contra si no permitía que un diputado de Pueblo Soberano presentara una nueva propuesta.
El 26 de octubre, Quesada y la diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez presentaron el expediente 25.864, con el mismo objetivo. Una comparación realizada por Delfino.cr confirmó que cuatro artículos del nuevo proyecto reproducían literalmente el contenido normativo de la iniciativa anterior, mientras un quinto conservaba prácticamente toda su redacción. También coincidían los diez lotes, sus planos catastrados, superficies y personas beneficiarias.
Quesada defendió su actuación y aseguró que había conversado con Aguilar sobre el procedimiento que consideraba necesario para conseguir la aprobación del proyecto. La diputada, por su parte, evitó prolongar la controversia y pidió respaldar la nueva iniciativa para dar una solución a las familias beneficiarias.
