Un análisis sobre el reciente colapso operacional en Estados Unidos y la paralización de las avionetas de Vigilancia Aérea que expone la necesidad de gobernar con evidencia los activos críticos del Estado.
Hace algunas semanas, una denuncia administrativa relacionada con el Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica planteó una situación que debería preocuparnos más allá del estado de unas cuantas avionetas.
La denuncia, presentada ante el Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), señaló que la flota aérea permanecía en tierra en condición de "no aeronavegable" y describió posibles deficiencias relacionadas con el control de aceites y lubricantes aeronáuticos. Entre ellos se encontraron recipientes vencidos.
Pero hay un detalle mucho más importante.
La información publicada indica que no estaba confirmado que esos productos vencidos hubieran sido utilizados en las aeronaves. Precisamente, la denuncia solicitaba determinar si hubo utilización efectiva y cuáles podrían haber sido sus consecuencias técnicas. Los registros disponibles tampoco permitían establecer con certeza cuáles aeronaves pudieron haber recibido esos productos ni durante cuánto tiempo.
Esa diferencia cambia completamente la naturaleza del problema.
El problema más profundo no sería simplemente tener aceite vencido. Sería no poder reconstruir, con suficiente certeza, qué ocurrió con él.
Una institución debería saberlo antes de preguntárselo
Imaginemos por un momento un sistema diferente.
Cada recipiente de lubricante que ingresa a una institución queda identificado. Sabemos qué producto es, su lote, fecha de ingreso, fecha de vencimiento, dónde está almacenado y quién tiene autoridad para utilizarlo.
Cuando se realiza mantenimiento, el producto utilizado queda asociado al activo correspondiente.
Así, para determinada aeronave podríamos reconstruir:
aeronave → mantenimiento → técnico responsable → producto → lote → vigencia → procedimiento → evidencia → autorización para regresar al servicio.
Ante una anomalía, no sería necesario comenzar una investigación simplemente para descubrir qué pudo haber sucedido.
El registro ya debería decirlo.
La investigación podría concentrarse en por qué ocurrió, no en tratar primero de establecer qué ocurrió.
Esa es una diferencia fundamental en gobernanza.
Lo que ocurrió en Estados Unidos nos da otro ejemplo
Este fin de semana hemos visto una versión muchísimo mayor del mismo problema general. Estados Unidos enfrentó una interrupción extraordinaria de su sistema de aviación que obligó a detener salidas mientras las autoridades enfrentaban una condición operacional que consideraron incompatible con continuar normalmente.
No debemos afirmar que ambos acontecimientos tengan la misma causa. No la tienen demostrada.
Tampoco deberíamos utilizar el caso estadounidense para concluir prematuramente quién tuvo la culpa en Costa Rica.
Lo que sí podemos comparar es el principio:
Cuando la certeza operacional desaparece, una organización responsable debe retirar temporalmente la autorización para operar.
Ese es precisamente el significado profundo de dejar una aeronave en tierra.
No necesariamente significa que sabemos que va a fallar.
Significa que ya no tenemos evidencia suficiente para afirmar responsablemente que debe volar.
El verdadero activo no es la avioneta
El MSP señala que su Departamento de Mantenimiento Aeronáutico realiza inspecciones antes y después de los vuelos, corrige discrepancias y ejecuta servicios programados establecidos por los fabricantes. La misma información institucional indica que ese departamento da servicio en tierra a una flotilla de 15 aeronaves.
Eso significa que existe una infraestructura administrativa y técnica para administrar estos activos.
La pregunta debería ser entonces:
¿Administramos solamente la aeronave o administramos también toda la evidencia necesaria para demostrar continuamente su condición operacional?
Una avioneta no es solamente matrícula, marca y modelo.
Desde la perspectiva de gobernanza, el activo real incluye:
Aeronave
componentes
combustible
lubricantes
mantenimiento
repuestos
inspecciones
técnicos
documentación
discrepancias
autorizaciones
historial.
Si cualquiera de esos elementos deja de ser verificable, cambia el nivel de certeza con el que podemos autorizar la operación.
Esto no se limita a las aeronaves
Aquí aparece una oportunidad mucho mayor para Costa Rica.
Hace décadas administrábamos flotillas mediante archivos maestros de vehículos. Hoy podríamos aplicar el mismo principio con una capacidad de verificación incomparablemente superior.
El Ministerio de Seguridad Pública no tiene únicamente aviones. Su propia información pública señalaba que controlaba el consumo de combustible de más de 3.000 unidades de transporte, aunque esa cifra corresponde al dato institucional de 2019.
La lógica puede aplicarse a:
motocicletas;
patrullas;
autobuses;
camiones;
embarcaciones;
aeronaves;
maquinaria;
servidores;
sistemas informáticos;
licencias;
repuestos;
contratos.
Cada uno puede tener un estado operacional verificable.
Y ese estado no debería depender solamente de que alguien marque una casilla que diga "activo".
Debe depender de evidencia.
De administrar inventarios a administrar autorización
Aquí es donde tecnologías contemporáneas, incluida la inteligencia artificial (IA), podrían cambiar radicalmente la gestión pública.
Pero no utilizándolas para que la IA "decida" autónomamente si una avioneta puede volar.
Eso sería confundir capacidad con autoridad.
Un sistema correctamente gobernado podría hacer algo diferente.
Podría detectar que un lubricante está próximo a vencer.
Podría advertir que determinado lote aparece asociado a una orden de mantenimiento.
Podría impedir que un producto vencido figure como disponible para una nueva intervención.
Podría identificar qué aeronaves están relacionadas históricamente con ese lote.
Podría señalar que falta una evidencia requerida antes de regresar una aeronave al servicio.
Podría preservar el historial completo para auditoría.
Pero la autoridad para devolver una aeronave al servicio continuaría perteneciendo a quienes legal y técnicamente tengan esa responsabilidad.
La tecnología no sustituye la autoridad.
La tecnología debe ayudar a que la autoridad pueda justificar su decisión mediante evidencia.
El principio debería ser sencillo
Para cualquier activo público crítico:
Sin evidencia suficiente, no existe autorización operacional suficiente.
Esto tampoco significa paralizar al Estado cada vez que falta un documento menor.
Significa definir de antemano cuáles condiciones son críticas, cuáles evidencias las verifican, quién tiene autoridad para aceptarlas y qué sucede automáticamente cuando dejan de cumplirse.
El sistema pasa entonces de ser reactivo a preventivo.
No esperamos a encontrar aceite vencido para preguntarnos dónde pudo utilizarse. Sabemos dónde está cada lote antes de utilizarlo.
No esperamos a que aparezca una falla para reconstruir quién realizó el mantenimiento. La relación ya existe.
No esperamos una investigación para descubrir qué documentación respaldaba la autorización. La evidencia quedó vinculada a la decisión desde el momento en que fue tomada.
Una oportunidad para Costa Rica
La denuncia sobre Vigilancia Aérea debe investigarse y las responsabilidades, si las hubiera, deberán establecerlas las autoridades correspondientes. La información disponible todavía no permite afirmar que los lubricantes vencidos fueran efectivamente utilizados.
Precisamente por eso el caso merece nuestra atención.
Porque revela la diferencia entre dos preguntas:
¿Se utilizó aceite vencido?
y
¿Debería una institución moderna poder responder inmediatamente dónde, cuándo y en qué activo fue utilizado cada producto crítico?
La primera pregunta pertenece a la investigación actual.
La segunda pertenece al diseño del Estado que queremos construir.
Costa Rica no necesita esperar el próximo incidente para responderla.
Nota del autor: Este artículo distingue deliberadamente entre los hechos conocidos y las conclusiones todavía pendientes de investigación. La información pública consultada no confirma que lubricantes vencidos fueran utilizados en las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea; señala justamente la necesidad de determinar si existió tal utilización.
