Costa Rica tiene una capacidad extraordinaria para atraer turismo, inversión y desarrollo. Sin embargo, mientras el país busca crecer y competir internacionalmente, una de las actividades más importantes para su conectividad enfrenta una situación institucional que debería preocuparnos a todos: la aviación civil.
Durante 2026, el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) permaneció durante meses sin completar su integración y apenas retomó sus sesiones en octubre. Al mismo tiempo, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) enfrentó una prolongada incertidumbre en su conducción.
Resulta difícil comprender cómo un país cuya economía depende significativamente del turismo y de su conexión con el mundo puede permitir semejante discontinuidad en una autoridad tan importante.
Pero el problema va mucho más allá de los nombramientos.
Cuando la autoridad aeronáutica no puede resolver oportunamente, el costo no lo paga únicamente la industria: lo termina pagando Costa Rica entera.
Una aeronave pendiente de autorización representa una posible inversión inmovilizada. Una certificación retrasada puede significar empleos que no se generan, servicios que no comienzan y oportunidades comerciales que desaparecen.
Una empresa que no encuentra certeza administrativa puede decidir invertir en otro país. Y esa pérdida difícilmente aparecerá reflejada en las estadísticas institucionales.
La burocracia también tiene un costo económico, aunque nadie lo incluya en el presupuesto.
El desarrollo no espera a la burocracia
Lo más preocupante es que recuperar el tiempo perdido no resulta tan sencillo como nombrar nuevos funcionarios.
Los expedientes se acumulan, las inversiones se posponen y las empresas reorganizan sus prioridades. Mientras tanto, el turismo, los mercados y nuestros competidores continúan avanzando.
Cuando finalmente se recupera la capacidad de decisión, algunas oportunidades ya no existen.
Por eso, el verdadero costo de la inacción no se limita a los meses de paralización. También incluye el esfuerzo y los recursos necesarios para recuperar el terreno perdido.
Y debemos comprender que una autoridad aeronáutica no puede funcionar adecuadamente sin profesionales especializados.
Costa Rica necesita inspectores suficientes, bien remunerados y con acceso permanente a formación técnica nacional e internacional.
La seguridad operacional exige conocimiento, experiencia y actualización continua. No podemos pretender una supervisión de primer nivel sin invertir adecuadamente en quienes tienen la responsabilidad de ejercerla.
La eficiencia administrativa tampoco significa reducir controles. Significa contar con la capacidad técnica necesaria para garantizar la seguridad y resolver dentro de plazos razonables.
¿Por qué no aprendemos de lo que ya funciona?
Existe otra pregunta que deberíamos hacernos con mayor frecuencia: ¿por qué insistimos en inventar soluciones desde cero cuando otros países ya han desarrollado modelos que funcionan?
La aviación es una actividad internacional. Existen estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y experiencias regulatorias de autoridades como la FAA y la EASA que pueden servirnos como referencia.
No se trata de copiar indiscriminadamente sistemas extranjeros. Se trata de aprender, adaptar y mejorar.
Las fronteras dividen territorios, pero no deberían limitar el conocimiento.
Costa Rica necesita una autoridad aeronáutica moderna, con autonomía técnica y financiera suficiente, capacidad de planificación, recursos para capacitar a su personal y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Una institución donde las decisiones técnicas no dependan constantemente de los cambios políticos y donde la continuidad de sus funciones esenciales esté garantizada.
También necesitamos procedimientos transparentes, plazos verificables y una verdadera cultura de servicio público.
La seguridad y el desarrollo económico no son adversarios. Una autoridad profesional debe garantizar ambos.
El costo lo paga todo el país
Después de décadas trabajando en la aviación, considero que Costa Rica tiene las condiciones para desarrollar una industria aeronáutica mucho más competitiva.
Tenemos talento humano, ubicación geográfica, infraestructura y oportunidades comerciales. Lo que necesitamos es una institucionalidad capaz de acompañar ese potencial.
Los cambios políticos son normales en una democracia. La interrupción prolongada de funciones técnicas esenciales no debería serlo.
No basta con completar nombramientos. Debemos corregir las debilidades estructurales que permiten que estas situaciones se repitan.
El tema ya no es cuánto cuesta modernizar Aviación Civil, sino cuánto nos cuesta seguir sin hacerlo.
Porque mientras esperamos que la burocracia se organice, las oportunidades continúan pasando frente a nosotros.
Y cuando finalmente decidamos actuar, recuperar el tiempo perdido podría costarnos mucho más que haber tomado las decisiones correctas desde el principio.
La aviación no puede esperar.
Costa Rica tampoco.
