Es el Día del Niño. Una familia sale de misa en Limón. Afuera, aparentemente, los esperaban sicarios. Se produce una balacera. El padre y su hijo son alcanzados por las balas. El padre, desesperado, lleva al niño al Hospital Tony Facio. El pequeño tiene una herida de bala en el abdomen y necesita ser trasladado urgentemente al Hospital Nacional de Niños.
Hasta aquí, una tragedia. Pero entonces empieza nuestra segunda tragedia: la burocracia.
El hospital activa el procedimiento para conseguir un vuelo ambulancia. La Caja Costarricense de Seguro Social hace la gestión correspondiente y consulta al Servicio de Vigilancia Aérea. La respuesta es que no hay aeronave ni piloto disponible. Entonces, la Caja busca una alternativa privada. Aparece SAAT. Hay aeronave. Hay tripulación. Hay personal médico. Están listos para salir. El niño está esperando.
¿Nos vamos? ¡No! Todavía falta el protocolo.
Hay que llamar a la Dirección General de Aviación Civil. Hay que explicar que se trata de un vuelo ambulancia. Hay que informar que el paciente es un niño baleado. Hay que decir qué empresa realizará el vuelo. Hay que esperar la autorización para salir de Pavas. Y esperamos. Un tiempo exagerado e injustificable para una emergencia médica de esta naturaleza. Para autorizar un vuelo cuyo pasajero no era un político, ni un empresario, ni un funcionario. Era un niño. Un niño que estaba perdiendo sangre.
Finalmente, llega la autorización. La aeronave vuela a Limón con el personal médico del Hospital Nacional de Niños.
Pero ya es demasiado tarde. El pequeño ha perdido demasiada sangre y debe ser llevado directamente a cirugía. La aeronave regresa a las seis de la mañana. Vacía. El niño murió durante la cirugía. Y aquí comienza mi indignación. Porque yo conozco este tema desde adentro. Durante años fui parte del Servicio de Vigilancia Aérea. Fui piloto, instructor, jefe de pilotos, jefe de operaciones y subdirector.
Sé cómo se hacían los vuelos ambulancia. Sé lo que significa recibir una emergencia. Y sé algo muy sencillo: cuando hay una vida en juego, se busca la manera de hacer el vuelo. Antes las cosas eran más sencillas. No porque no existieran controles. No porque no existiera seguridad operacional. Sino porque había algo llamado sentido común.
Hoy tenemos más plazas de pilotos que las que teníamos entonces, pero tenemos muchas menos aeronaves. Pasamos de tener alrededor de 18 aeronaves en Vigilancia Aérea a tener apenas dos operativas en 2026. Durante la administración anterior se enviaron a desechar más de diez aeronaves. Y así fuimos desmantelando, poco a poco, la capacidad aérea del Estado.
Menos aviones. Más trámites. Qué combinación tan maravillosa.
Y aquí también hay que hablar de Aviación Civil.
Durante el gobierno anterior se modificaron los protocolos relacionados con las operaciones nocturnas desde Pavas y se establecieron procedimientos especiales para los vuelos ambulancia. Y aquí cabe una pregunta que nadie debería esquivar: ¿esos cambios se hicieron pensando en el bienestar y la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto, o terminaron siendo parte de un conflicto político con quienes eran considerados enemigos del oficialismo?
No estoy diciendo que una sola persona sea responsable de la muerte del niño. Estoy diciendo algo mucho más incómodo: las decisiones administrativas tienen consecuencias. Un protocolo puede ordenar un aeropuerto. Pero un protocolo mal diseñado o aplicado sin sentido de urgencia también puede convertirse en un obstáculo cuando cada minuto cuenta.
Porque aquella noche había una empresa privada lista para volar. Había médicos. Había una aeronave. Lo que faltaba era una autorización. Y esa autorización tardó un tiempo exagerado, precisamente cuando cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Ahora bien, tampoco podemos quedarnos solamente con Aviación Civil. Porque, mientras la empresa privada esperaba autorización, el Servicio de Vigilancia Aérea tampoco realizó el vuelo. Y aquí aparece otra pregunta: ¿realmente no había una aeronave disponible? Si una aeronave estaba comprometida con otra misión, ¿no podía utilizarse otra tripulación? ¿No estamos hablando precisamente del Servicio de Vigilancia Aérea, una institución que debe estar preparada para responder ante emergencias?
Y entonces sucede algo que resulta, cuando menos, difícil de explicar. A las 8:40 de la mañana siguiente despega el MSP-024, un Caravan del Servicio de Vigilancia Aérea, rumbo a Buenos Aires. A bordo iba el vicepresidente de la República. No estoy diciendo que el vicepresidente no tuviera derecho a viajar. No estoy diciendo que esa misión fuera ilegal.
Estoy preguntando algo mucho más sencillo: ¿por qué para un niño que se estaba muriendo no encontramos una aeronave, mientras pocas horas después sí encontramos una aeronave del Estado para cumplir otra misión? Esa es la pregunta. Y que nadie me venga con que esto es política. Claro que es política. Porque estamos hablando de decisiones tomadas por gobiernos. Estamos hablando de cómo se administran los recursos públicos. Estamos hablando de aeronaves que pertenecen al Estado. Y, sobre todo, estamos hablando de para quién existen esos recursos.
Las aeronaves del Estado no son propiedad de un ministro. No son propiedad del presidente. No son propiedad del vicepresidente. Son de los costarricenses. Y cuando un costarricense necesita una aeronave para salvar la vida de su hijo, el Estado debería preguntarse primero: «¿Cómo hacemos para trasladarlo?». Y no: «¿Qué formulario falta?»
Porque eso es lo que más duele de esta historia. Al final, todos pueden tener una explicación. La CCSS puede decir que siguió el procedimiento. Vigilancia Aérea puede decir que no tenía aeronave o piloto disponible. Aviación Civil puede decir que tenía que cumplir el protocolo. Los funcionarios pueden decir que hicieron lo que les correspondía.
Perfecto. Todos cumplieron. Todos hicieron su parte. Todos tienen una explicación. Solo hay un pequeño problema: el niño murió. Y ahora quiero dejarle una pregunta al lector: ¿quién es el culpable? ¿El Servicio de Vigilancia Aérea, por no haber encontrado la manera de realizar el vuelo? ¿La Dirección General de Aviación Civil, por un protocolo que provocó una demora exagerada en una emergencia médica donde cada minuto contaba? ¿La Caja Costarricense de Seguro Social, por no encontrar una solución más rápida? ¿El gobierno anterior y las decisiones tomadas sobre los protocolos de operación nocturna de Pavas, pensando realmente en el bienestar de los usuarios o en un conflicto político? ¿Quienes permitieron que Vigilancia Aérea pasara de aproximadamente 18 aeronaves a apenas dos operativas? ¿O será que la respuesta correcta es la que nadie quiere escuchar?
Todas las anteriores.
Porque mientras las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras, un niño estaba perdiendo sangre. Mientras unos llamaban, otros esperaban. Mientras unos autorizaban, otros cumplían protocolos. Y mientras todos hacían lo que supuestamente tenían que hacer, un niño murió. Precisamente el Día del Niño.
Y quizá esa sea la parte más vergonzosa de toda esta historia: . Y nosotros, los ciudadanos, también tenemos que asumir nuestra parte. Porque somos nosotros quienes elegimos a quienes gobiernan. Los elegimos para que hagan que el Estado funcione.
No para que nos expliquen, después de una tragedia, por qué nadie pudo hacer nada. Un niño murió esperando ayuda. La burocracia llegó tarde.