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¿Dulce o trueque

¿Existirá alguna disposición que les permita a ciertos ministros ejercer, además de sus carteras, como comentaristas políticos, historiadores ocasionales, directores de orquesta y maestros de ceremonias? Seguro estamos ante una nueva modalidad de multiministerio: una sola persona, múltiples funciones y un micrófono disponible a toda hora.

Que un ministro opine no es un problema, por supuesto. Para eso están, entre otras cosas, las conferencias de prensa. El problema surge cuando la actividad gubernamental comienza a parecer una programación permanente y una figura ocupa diversos (muchos) espacios, incluso aquellos en los que bastaría con dejar trabajar a los demás ministros, al punto de asistir a reuniones para dirigirlas, repartir instrucciones y establecer qué debe hacer o dejar de hacer cada jerarca. ¿Ministro de la Presidencia y de Hacienda o presidente por entregas?

La reciente “mesa de diálogo” sobre la instalación de un relleno sanitario en Turrúcares ofrece el mejor ejemplo. La propuesta gubernamental consistió en ofrecer obras de infraestructura por casi ₡6.000 millones a cambio de que la comunidad aceptara el proyecto y se retirara el proceso municipal que busca revertir los permisos. Carreteras, puentes, centros de cuido y un colegio técnico profesional entraron así en la negociación. El presidente municipal llegó a describir la propuesta, sin demasiados rodeos, como un “trueque”.

Y aquí es donde el hecho deja de ser una simple anécdota pintoresca de la política nacional. ¿Desde cuándo las obras públicas son mercancía que se intercambia por la aceptación de una decisión gubernamental? ¿Acaso el desarrollo de las comunidades depende de que sus habitantes acepten un proyecto que cuestionan? Las carreteras, los centros educativos, los puentes y los espacios de cuido no son dulces que el Gobierno reparte a unos sí y a otros no. Son necesidades colectivas que deben atenderse con recursos públicos, de acuerdo con criterios de planificación, equidad y beneficio social.

La frase pronunciada durante el encuentro, cuando se pidió no enviar de inmediato una comitiva para evaluar un terreno educativo porque no se iba a “desperdiciar plata” si la municipalidad no “hacía lo que tenía que hacer”, resume una lógica preocupante: primero acepten el proyecto y después veremos si llegan las obras... Como si el derecho a recibir atención estatal pudiera ponerse en pausa hasta que una comunidad dé su brazo a torcer.

La escena tuvo, además, su dosis de espectáculo. Según la cobertura periodística, el ministro plenipotenciario descalificó a representantes municipales y vecinos que expresaban su oposición, mientras daba instrucciones a otros jerarcas y fijaba plazos para las acciones gubernamentales. La reunión, anunciada como un espacio de diálogo, terminó convirtiéndose en un verdadero pulso entre autoridades y ciudadanos.

Conviene recordar que dialogar no consiste en convocar a la gente para comunicarle una decisión ya tomada ni en ofrecerle beneficios a cambio de su conformidad. Dialogar supone escuchar, valorar los argumentos, reconocer las preocupaciones y estar dispuesto a revisar las propias posiciones. Cualquier otra cosa es negociación bajo presión.

En esta insólita isla que somos, el ministro omnipresente parece haber encontrado una nueva modalidad de gestión: repartir obras con una mano y exigir condiciones con la otra. Pero los recursos públicos no son propiedad de quien ocupa temporalmente un despacho ni las necesidades de una comunidad deberían convertirse en fichas de un tablero político.

Al final, la pregunta no es si queremos dulce o trueque. Es si estamos dispuestos a aceptar que el Estado convierta derechos y obligaciones en premios por obediencia. Porque, en definitiva, gobernar no es repartir favores. Y el desarrollo de una comunidad no debe tener precio político.