El pasado 4 de noviembre, en Turrúcares, se realizó una “reunión” liderada por Rodrigo Chaves y jerarcas del Gobierno oficialista. Ese día, a menos de un kilómetro de mi hogar, se realizó este evento en el colegio al que asistí por tres años, pero no participé. No había nada que pudieran decir que me convenciera de vender el pueblo en el que vivo, así que hice un cartel y protesté a las afueras del liceo.
Mientras estaba afuera, me preguntaron que si no se construye el relleno sanitario en Turrúcares, ¿entonces dónde? Pues, evidentemente, todas las comunidades dirán que no. A esto les respondo: ¿por qué generamos tanta basura y cómo reducimos su generación?
He vivido toda mi vida en Turrúcares y me opongo fuertemente al relleno sanitario (con ese especial nombre de “Parque Tecnológico Ambiental”), pero también me opongo a la generación desmedida de residuos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la respuesta al relleno sanitario no es ir a construirlo a otra comunidad. Lejos de discutir si en Turrúcares sí o no —donde se puede argumentar la existencia del Corredor Biológico Garcimuñoz, las fuentes de agua o las irregularidades municipales en los permisos—, la discusión debería centrarse en cómo dejamos de depender de los rellenos sanitarios, vertederos o cualquier otro tipo de tratamiento de residuos.
Bajo la lógica de la Costa Rica verde que hemos mantenido internacionalmente por años, el país debe pasar de un modelo de recolección y procesamiento de residuos a uno centrado en su reducción. Primero, comenzando por las municipalidades, con planes educativos sobre el reciclaje, el compostaje y la valorización de residuos. Pero el centro de esto es, además, exigir a las compañías ya existentes de tratamiento de residuos que sus procesos sean menos contaminantes (prevención, trazabilidad, control y reducción de impactos ambientales para las personas gestoras de residuos).
El problema de Costa Rica no es únicamente que nos estemos quedando sin lugares para depositar la basura. El problema es que hemos construido un sistema de gestión de residuos que depende de encontrar constantemente nuevos lugares donde depositarla. Hemos convertido la disposición final en el centro de la política pública, cuando debería ser el último recurso. No podemos resolver una crisis de generación de residuos buscando indefinidamente nuevas comunidades que estén dispuestas a recibirlos.
Es indispensable reformar la Ley 8839 para incorporar la reducción de la generación de basura y la economía circular como objeto de la ley; para centralizar la consulta ciudadana previa, informada y con respuesta motivada en proyectos de residuos; y para proteger las zonas de restricción ambiental.
Si Turrúcares ha demostrado algo en los últimos días, es la necesidad de la participación ciudadana, una justicia ambiental y un plan regulador con más peso.
Por supuesto que es un proceso lento de transición, pero si no empezamos ya, ¿entonces cuándo?
