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Imagen principal del artículo: Dos tipos de mujeres en el mismo país: la que la institucionalidad protege y las que la impunidad acusa
Foto: Poder Judicial (dominio público)

Dos tipos de mujeres en el mismo país: la que la institucionalidad protege y las que la impunidad acusa

El 20 de noviembre de 2026, por primera vez en la historia de Costa Rica, cuatro mujeres se sentaron en la misma mesa de los Supremos Poderes. Laura Fernández, Yara Jiménez, Patricia Vargas y Eugenia Zamora —presidentas del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones— firmaron una declaración conjunta sobre convivencia democrática. Se comprometieron, entre otras cosas, a “fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres” y de “otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluido el femicidio”.

Es un día que merece registrarse. Setenta y siete años después de que la Constitución de 1949 reconociera el derecho al sufragio femenino, las mujeres alcanzaron la cúpula del poder del Estado. Quien lo celebre tiene razones de sobra.

Pero este mismo año, en ese mismo país, está ocurriendo otra cosa. Y entre ambas cosas hay una línea. No una línea que separa a los hombres de las mujeres, sino una línea que separa a dos tipos de mujeres.

Las protegidas

Hay un primer tipo de mujer: la que la institucionalidad reconoce, protege y encumbra. Es la mujer que ocupa un cargo, que firma una declaración, que aparece en la foto oficial. Su voz es escuchada porque viene desde un lugar legitimado. Su seguridad está garantizada porque su posición la vuelve visible.

Las cuatro presidentas son la expresión más alta de este tipo. No es un mérito menor: llegaron ahí por trayectorias propias, en un país que durante décadas reservó esos lugares para los hombres. Su presencia en la cúpula es un cambio real en quién ocupa los espacios de decisión.

Pero este tipo de mujer no es solo la que está en la cúpula. Es también la que está dentro de las instituciones, en las listas electorales, en los mecanismos de protección que el Estado ha creado para atender la violencia de género. Es la mujer cuya demanda cabe en el lenguaje del Estado: violencia doméstica, acoso laboral, violencia política en elecciones. El sistema sabe cómo nombrarla, cómo registrarla, cómo atenderla —o al menos cómo prometer que la atenderá.

El problema no es la existencia de este primer tipo de mujer. Sus logros son reales. El problema es lo que su existencia deja fuera —y, más incómodo aún, a quién decide proteger cuando la violencia viene de dentro de su propio espacio político.

Las del llano

Hay un segundo tipo de mujer: la que expresa, critica, incomoda. No está en la cúpula ni dentro de las instituciones. Está en las redes, en los sindicatos, en las calles, en los medios alternativos. Su voz no viene de un lugar legitimado, sino de un lugar que el sistema no reconoce como autoridad. Y por eso, cuando habla, el sistema no la protege: la acusa.

En febrero de 2026, después de las elecciones, Paula Monge comenzó a recibir una avalancha de mensajes amenazantes. Es una de las voces críticas más influyentes de la política costarricense entre la gente joven, con más de 380.000 seguidores en Instagram. El contenido era directo: “Ojalá te quiten la garantía, no te dejen salir, por necia”; “el gobierno debería hacer como Maduro en Venezuela, porque por necia te desaparecen”; “vos y todos tus gatos a la Plaza España”. No se calló. Hizo públicas las amenazas. Siguió con su contenido. En noviembre, cerró todas sus cuentas. El mensaje a sus amistades fue uno solo: “Por mi salud mental, decidí tomarme un tiempo”. Dos días antes, el periodista Camilo Rodríguez había sido asesinado.

Ese mismo mes, la exdiputada Rocío Alfaro esperaba un juramento. El movimiento sindical la eligió el 9 de junio como representante laboral ante la Junta Directiva de la CCSS. Es un procedimiento de ley. El Gobierno rechazó su nombramiento. La Sala Constitucional dictó dos sentencias ordenando completar el trámite en plazo. El 2 de octubre venció el plazo. El Gobierno no ejecutó. El 9 de noviembre publicó un decreto que modifica el reglamento de elección y nombramiento de representantes de la CCSS, permitiendo prorrogar el mandato de representantes temporales anteriores en caso de “falta de representante formal”.

El “delito” de Alfaro no es lo que dijo. Es que el sindicato la eligió para entrar en una institución que administra fondos públicos de salud. Tiene posición política, criticó contratos de cooperativas, es frenteamplista. Por eso el Gobierno no la deja sentarse. No mediante amenazas ni acusaciones penales, sino mediante la dilación procedimental: una exclusión legal, defendible, que no requiere que nadie asuma responsabilidad.

Y en enero de 2026, Stela Chinchilla fue acusada por el propio director de la DIS ante el Ministerio Público, por su presunta participación en un plan para asesinar al presidente. La prueba eran capturas de pantalla de WhatsApp. Chinchilla dijo: “Yo no escribí eso. Nunca escribo así. Ni aunque quisiera, mi mamá, que es lingüista, no me lo permitiría”. Su abogado señaló que las capturas fueron filtradas a medios afines al Gobierno antes de que el expediente llegara a la fiscalía, lo que viola el secreto de la investigación. Chinchilla lo calificó de “montaje burdo”. No se exilió. No cerró sus cuentas. Dijo públicamente: si algo me pasa a mí o a mi familia, responsabilizo a este Gobierno y a sus violentos seguidores.

La línea que separa a las dos

Estos cuatro casos —Monge, Alfaro, Chinchilla y Silvia Ziesing, ya exiliada— tienen un punto en común. Todas son mujeres. Todas critican al Gobierno o al sistema. Todas fueron, de alguna manera, excluidas del espacio público. Las formas de exclusión difieren: Monge enfrentó la violencia en redes; Alfaro, la desobediencia administrativa a una sentencia de la Sala Constitucional; Chinchilla, una acusación penal de un órgano de inteligencia basada en capturas no verificadas; Ziesing, el exilio.

Pero la lógica es la misma: las mujeres que critican el poder desde el llano de la sociedad son tratadas como un problema que debe neutralizarse, mientras las mujeres que ejercen el poder desde las instituciones son tratadas como interlocutoras legítimas.

La declaración del 20 de noviembre promete proteger a las mujeres de la violencia. Esa promesa es real. Pero las mujeres a las que protege son las del primer tipo. La “violencia contra las mujeres” en el marco de la declaración apunta a tipos identificables y procesables por el sistema: violencia política en elecciones, femicidio, violencia doméstica. No apunta a la mujer que, desde el llano, critica al gobierno y recibe amenazas de muerte; ni a la que es bloqueada en la puerta de una institución; ni a la que es acusada por un órgano de inteligencia con base en capturas de pantalla. El sistema tiene un lenguaje para nombrar la violencia que reconoce. No tiene lenguaje para nombrar la violencia que él mismo produce o tolera.

La protección no es solo una promesa: también es una decisión

Hasta aquí, el argumento podría leerse como una crítica al “silencio estructural” del sistema. Pero hay algo más incómodo: la línea entre los dos tipos de mujer no se traza sola. Hay decisiones, firmas y resoluciones concretas que la trazan.

Laura Fernández, presidenta de la República, defendió públicamente a un candidato a diputado de su partido que, como abogado defensor, había calificado como “normal” una relación entre un hombre de 55 años y una menor de 14 años. Cuando se le preguntó si pediría su renuncia, respondió: “El único escenario en el que solicitaría que alguna persona de mi entorno se aparte de una candidatura o de un puesto en el Gobierno sería una investigación en la Fiscalía por un delito serio”. La investigación no era necesaria para saber lo que el candidato había dicho en un tribunal. La defensa de Fernández no fue de la persona, sino de la conveniencia política de mantenerla en la papeleta.

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, ordenó archivar los informes de la comisión especial que investigó las denuncias de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado, presentadas por la exlegisladora Marulin Azofeifa. Lo hizo basándose en un criterio de Servicios Técnicos que concluyó que el plenario no debía pronunciarse porque Alvarado ya no era diputado, a pesar de que la Asesoría Legal del Congreso sostuvo lo contrario. Los jefes de fracción de la oposición calificaron la decisión de “encubrimiento” e “impunidad”. José María Villalta, del Frente Amplio, dijo que la resolución buscaba “institucionalizar la red de cuido y la protección para los acosadores sexuales”. La propia Laura Fernández había declarado públicamente, durante la campaña, que Alvarado la había acosado:

Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia”.

Estos no son casos de silencio estructural. Son decisiones. Una mujer en la cúpula del Ejecutivo eligió no romper con un candidato que justificó la pedofilia. Una mujer en la cúpula del Legislativo eligió cerrar el expediente de un acosador señalado por la propia presidenta de la República.

La impunidad como hilo

Lo que conecta los casos de Monge, Alfaro, Chinchilla y Ziesing con las decisiones de Fernández y Jiménez no es una “fuerza oscura” ni una conspiración. Es algo más simple y más grave: la impunidad.

Nadie fue responsabilizado cuando Monge cerró sus cuentas. Nadie fue sancionado cuando venció el plazo para el juramento de Alfaro. Al director de la DIS no se le preguntó por qué presentó una acusación penal basada en capturas de pantalla. Y los expedientes de acoso sexual que incomodaban al oficialismo fueron archivados o ignorados.

La impunidad no es un accidente. Es un modo de administrar la violencia: se castiga a quien critica, se protege a quien es leal. Las mujeres del llano son acusadas, obstruidas, exiliadas. Las mujeres del primer tipo que protegen a agresores no enfrentan consecuencias. El sistema no es neutral: tiene lealtades, tiene prioridades.

El 20 de noviembre de 2026, cuatro mujeres se fotografían en la Corte Suprema. Prometen proteger a las mujeres.

En noviembre de 2026, Paula Monge cerró sus cuentas. Rocío Alfaro sigue sin jurar. Stela Chinchilla sigue esperando avances en un caso que ella llama “montaje”. Sylvia Ziesing sigue fuera de Costa Rica. Y los expedientes de acoso sexual que incomodaban al oficialismo fueron archivados.

Todas son mujeres. Todas viven en el mismo país. Pero habitan dos países distintos dentro del mismo país. Las primeras están en el país que la institucionalidad protege y encumbra. Las segundas están en el país del llano, donde expresar y criticar tiene un costo que el sistema no está dispuesto a cubrir.

La prueba real no es si las presidentas pueden volver a sentarse juntas en 2027. La prueba real es más simple y más incómoda: ¿Puede una mujer en el poder decir “no” a un aliado político que justificó la violación de una niña? ¿Puede una presidenta del Congreso permitir que una investigación de acoso sexual llegue hasta el final, aunque el señalado sea de su propio partido? ¿Puede Paula Monge reabrir sus cuentas sin miedo?

Si la respuesta es “no”, entonces “las mujeres en el poder” es un avance simbólico real, y un límite estructural igualmente real. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. No se anulan entre sí, ni pueden ocultarse la una a la otra.